
El presidente de Foro Nuclear, Ignacio Araluce, advirtió que cerrar las centrales nucleares en España podría traducirse en un aumento de hasta 23 euros por megavatio hora para los consumidores y de 32 euros para el sector industrial. Durante una intervención ante la Comisión de Investigación del Senado, subrayó que la actual presión fiscal y la falta de flexibilidad en el calendario de cierre incluido en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima generan un contexto complejo para este tipo de energía, según publicó el medio de comunicación de origen.
Tal como consignó la fuente, Araluce defendió el papel de la energía nuclear como garante de estabilidad en el suministro eléctrico español, frente a la volatilidad del petróleo y el gas motivada por conflictos internacionales, entre ellos el reciente ataque de Estados Unidos e Israel a Irán. El presidente de Foro Nuclear argumentó que, ante estos cuellos de botella en los mercados de combustibles fósiles, la energía nuclear ofrece “tranquilidad” al depender de un mercado de uranio más diversificado y menos afectado por tensiones geopolíticas. Además, resaltó que este tipo de producción energética apenas emite dióxido de carbono (CO2), una característica que la sitúa en los mismos niveles que la energía eólica.
En cuanto al impacto medioambiental de las centrales en funcionamiento, Araluce estimó que las siete unidades nucleares que operan en España impiden la liberación a la atmósfera de unos 30 millones de toneladas de CO2 anuales, una cifra que atribuyó a la eficiencia del sector en comparación con otras fuentes de generación, indicó el medio citado. También apuntó que la energía fotovoltaica, durante la fase de extracción de minerales y de construcción de materiales, produce más emisiones que la nuclear en funcionamiento.
El presidente de Foro Nuclear criticó que de media las centrales nucleares paguen 18 euros por megavatio hora a causa de impuestos, a los que se suman 10,30 euros adicionales por la gestión de residuos, según detalló la cobertura. Calificó estos costes como un obstáculo para la rentabilidad de la energía nuclear, sobre todo en contextos de alta penetración de renovables, que tienden a reducir el precio de la energía en el mercado. Mencionó el caso específico de la central Almaraz II, que recientemente tuvo que detenerse por la falta de ajuste de precios, y explicó que el 75% de sus costes variables se atribuyen a la carga impositiva.
Durante su intervención, Araluce reiteró que no existe oposición a las energías renovables, a las cuales describió como opciones positivas, aunque insistió en la necesidad de mantener un mix energético equilibrado. Explicó que el país dispone de solo un 5,5% de capacidad nuclear instalada, pero que esta produce el 20% de toda la electricidad generada en España, lo que demuestra, a su juicio, la eficiencia y relevancia de esta tecnología.
El representante de la industria nuclear manifestó también desacuerdo con el aumento de la tasa Enresa para la financiación de la gestión de residuos radiactivos, decretado en el séptimo Plan General de Residuos Radiactivos. Según señaló, aunque comparte el principio de que “el que contamina, paga”, advirtió que el incremento se aplicó sin el consenso adecuado con los operadores del sector.
En respuesta a las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien aseguró que tras el apagón del 28 de abril de 2025 fue necesario desviar considerables cantidades de energía para mantener operativas las centrales nucleares, Araluce replicó que cada unidad sólo absorbió pequeñas cantidades, por lo que negó que existiera un desvío relevante, afirma el medio consultado.
Sobre la situación de las conexiones energéticas, Araluce recalcó que España afronta una posición de aislamiento, con escasas interconexiones con el exterior. Sostuvo que este carácter de “isla energética” obliga a buscar soluciones basadas en fuentes de energía casi autóctonas y con propiedades síncronas e inerciales, para evitar la vulnerabilidad derivada de la dependencia de combustibles fósiles, cuya oferta global puede verse restringida por tensiones internacionales.
El presidente de Foro Nuclear también hizo referencia a la inversión y los planes de futuro en el sector nuclear europeo, según reportó el citado medio. Recordó la intención de la Comisión Europea de presentar un proyecto de alianza industrial dirigido a impulsar el desarrollo de reactores modulares pequeños y la extensión de la vida útil de los actuales, con una inversión prevista que asciende a 240.000 millones de euros.
Respecto al calendario de cierre de las centrales nucleares españolas, Araluce argumentó que los compromisos adquiridos en 2019 no se corresponden con la realidad actual del mercado energético ni con la coyuntura internacional. El propio responsable consideró oportuno replantear este calendario, apoyándose en la experiencia española y en el elevado nivel de conocimiento nuclear presente en el país.
En su intervención ante el Senado, el representante del sector nuclear expuso que las empresas propietarias de las centrales han solicitado la extensión de la licencia de operación de la central de Almaraz hasta al menos el año 2030, como respuesta a las nuevas circunstancias del entorno energético. Destacó la transformación experimentada en el sector desde que se establecieron los planes actuales, e insistió en la necesidad de abordar una transición que contemple la viabilidad económica y la seguridad en el suministro, concluyó la fuente.