Maíllo rechaza el "blanqueo de la figura" de Juan Carlos I, al que define como "defraudador fiscal convicto y confeso"

La ausencia de varios documentos clave vinculados al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981 ha generado cuestionamientos sobre la transparencia en la desclasificación de archivos en España, según declaraciones recientes de Antonio Maíllo. El coordinador federal de Izquierda Unida ha manifestado que muchos de estos documentos no aparecen entre los archivos desclasificados y que, según historiadores, se ha producido “una limpieza” en el material puesto a disposición.

De acuerdo con información publicada por diversos medios, Maíllo ha expresado su rechazo a los intentos de “blanqueo de la figura” de Juan Carlos I, el anterior jefe de Estado, a raíz de la reciente desclasificación parcial de información relacionada con los acontecimientos del 23F. Durante una atención a la prensa en Córdoba, el líder de Izquierda Unida afirmó que no existe documento alguno capaz de eximir al rey emérito de su trayectoria pública y privada. “No hay documento blanqueador de Juan Carlos (de Borbón) que borre la vergüenza que nos ha supuesto como país que el jefe del Estado, y única persona que tiene nombre y apellido en la Constitución de 1978, haya dado ese ejemplo de depredador y defraudador fiscal que ha avergonzado a la sociedad española”, indicó Maíllo, según consignó el medio.

El portavoz federal, que también funge como candidato de Por Andalucía a la Junta en las próximas elecciones autonómicas, relacionó su postura con la declaración de Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular, quien manifestó recientemente su apoyo al retorno del rey emérito a España. Juan Carlos I reside en Abu Dabi desde agosto de 2020, una situación que el coordinador de IU ha puesto en el centro del debate público al abordar cuestiones de ejemplaridad y transparencia institucional.

Tal como reportó el medio, Maíllo se refirió al tratamiento de los archivos del 23F, remarcando la importancia de que un país aspire a altos estándares democráticos comparables con los de otras naciones avanzadas. En este sentido, subrayó la necesidad de establecer una legislación clara y concreta sobre los plazos y procedimientos para la desclasificación de información considerada reservada. “La documentación clasificada no puede ser troceada o sacarse a la voluntad del gobernante, sino con una ley en procedimiento de información clasificada que estamos deseando que se apruebe", señaló. Propuso que estos periodos se reduzcan significativamente, planteando plazos de veinte o como mucho treinta años para la apertura al público de determinados documentos.

Según apuntó el mismo medio, el dirigente puso de relieve que la documentación actualmente disponible no corresponde en su totalidad con lo que los expertos considerarían relevante o íntegro para esclarecer los hechos históricos del intento de golpe de Estado. Esta situación ha derivado, según Maíllo, en una percepción de manejo selectivo de la información por parte de las autoridades responsables, lo que, a su juicio, obstaculiza la consolidación de una democracia plena.

Durante el encuentro con la prensa, Maíllo reiteró que la figura de Juan Carlos I no puede desligarse de las investigaciones y acontecimientos que han marcado su posición en la historia reciente del país. Al calificar al exmonarca como "defraudador fiscal convicto y confeso", el coordinador de IU hizo especial énfasis en la responsabilidad pública de quien desempeñó la función de jefe de Estado y cuyo nombre aparece expresamente en la Constitución de 1978.

El debate sobre la transparencia, la integridad institucional y la gestión de los archivos históricos sigue presente en un contexto político en el que se discuten no solo los actos del pasado, sino también la manera en que estos son recordados y explicados a la ciudadanía. Según la cobertura de los medios, las declaraciones de Antonio Maíllo han reavivado el debate sobre la utilidad y el alcance de las leyes de acceso a la información en España, en especial cuando involucran a figuras del Estado y episodios sensibles de la historia democrática reciente. Maíllo sostuvo que tanto la clase política actual como las instituciones deben responder a las expectativas de una sociedad que demanda claridad, rendición de cuentas y el fin de privilegios ante la ley.