El Senado argentino aprueba una reforma de la ley de glaciares que reduce la protección y facilita la inversión minera

La propuesta de reforma a la ley de glaciares en Argentina introduce una diferenciación entre el área periglaciar y las denominadas “geoformas periglaciales” consideradas como reservas estratégicas de recursos. De acuerdo con 'La Nación', la modificación limitaría la protección a las zonas circundantes de los glaciares que posean una función hídrica significativa, lo que ha suscitado cuestionamientos respecto a su impacto ambiental y a la seguridad jurídica del marco normativo.

Según reportó 'La Nación', el Senado de Argentina aprobó este jueves una reforma a la actual ley de glaciares tras una votación que registró 40 votos a favor, 31 en contra y una sola abstención. El oficialismo obtuvo así media sanción para un cambio legal que reduciría las áreas protegidas, ampliando la posibilidad de desarrollar inversiones mineras en sitios que hasta el momento estaban resguardados por la legislación vigente. El proyecto debe ser discutido ahora en la Cámara de Diputados y, de obtener respaldo, pasaría a la firma del presidente Javier Milei.

El diario consigna que Patricia Bullrich, presidenta del Senado y exministra de Seguridad, elogió la medida sosteniendo que Argentina “es un país que cuida a sus provincias”, y argumentó que bajo la ley actual “proteger ha sido paralizar”. Según sus declaraciones recogidas por 'La Nación', la implementación de la reforma representaría el ingreso del país “en el cambio energético enorme que está sufriendo la humanidad y que va a ser a favor de nuestra gente”.

La iniciativa plantea que los gobiernos provinciales puedan incorporar o quitar cuerpos de hielo del inventario de glaciares, ateniéndose a criterios técnico-científicos anclados en el artículo 41 de la Constitución Nacional. En palabras del senador Agustín Coto (La Libertad Avanza), vocero del proyecto en la Cámara Alta según 'La Nación', el sistema vigente “desconoce la diversidad del país”. El senador argumentó que la reforma introduce mecanismos para que cada provincia tome decisiones basadas en estudios técnicos propios sobre los recursos hídricos y energéticos.

La senadora Anabel Fernández Sagasti, del Partido Justicialista, expresó sus críticas frente a la nueva redacción, cuestionando la falta de criterios homogéneos y la ausencia de garantías jurídicas que, desde su visión, dejarían a las provincias sin una normativa clara y podrían habilitar conflictos relacionados con la explotación de recursos naturales en áreas sensibles. Según publicó 'La Nación', Fernández Sagasti advirtió que la ambigüedad en los criterios técnicos abriría la puerta a controversias entre jurisdicciones.

'La Nación' informó que el debate expuso la tensión entre el impulso a la actividad minera, considerada clave por sectores del oficialismo para atraer inversiones y dinamizar la economía, y las preocupaciones de legisladores y organizaciones ambientalistas respecto al impacto sobre ecosistemas estratégicos y fuentes de agua para comunidades locales. La actual legislación, todavía vigente a la espera del debate en Diputados, protege tanto a los glaciares como a las áreas periglaciares consideradas esenciales para el abastecimiento hídrico.

El proyecto de reforma prevé que solo continuará la protección estricta en la franja periglaciar que cumpla una función hídrica comprobada, lo que, según advirtieron opositores citados por 'La Nación', derivaría en una reducción considerable de los territorios resguardados. Estas modificaciones han sido interpretadas por sectores ambientales como un retroceso en la política de resguardo de glaciares frente a la expansión de la minería.

La votación en el Senado, detalló el medio, se produjo en medio de protestas y declaraciones cruzadas respecto a los posibles efectos de la reforma. Organizaciones ambientalistas y representantes de comunidades andinas han manifestado en diferentes ocasiones su rechazo a la flexibilización de las restricciones para actividades extractivas en áreas donde el deshielo representa una fuente fundamental de agua.

Según destacó 'La Nación', el oficialismo defendió la reforma apelando a la importancia de facilitar nuevas inversiones en el marco del cambio energético global y el potencial de las provincias para gestionar sus recursos naturales. Por su parte, opositores y voces críticas en el Senado insistieron en la falta de consenso técnico y la eventual desprotección de zonas de alto valor ambiental, marcando un escenario de debate intenso que ahora se traslada a la Cámara de Diputados.

La discusión por la ley de glaciares se inscribe en el contexto del debate nacional por el desarrollo de la minería y el resguardo de los recursos hídricos. El rol de las provincias, así como la centralidad de los recursos naturales en la economía, figura entre los argumentos centrales expuestos durante la sesión. Los próximos pasos legislativos definirán si la reforma se convierte en ley y, por tanto, si se modifican los criterios de protección vigentes en áreas identificadas como prioritarias por motivos ecológicos y sociales.