
Priti Pratel, responsable de Exteriores del Partido Conservador, manifestó que existen “serias dudas” acerca del acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea sobre Gibraltar y exigió una escrutinio detallado de su contenido antes de cualquier aprobación parlamentaria. Pratel señaló en un comunicado que la revisión cuidadosa del texto es indispensable dado el posible riesgo que el tratado representa para la soberanía británica y los intereses del Peñón, planteando cuestionamientos sobre la transparencia del proceso negociador del Gobierno actual. Según informó la agencia Europa Press, el Partido Conservador ha hecho pública su intención de estudiar el tratado “línea por línea” antes de respaldar su ratificación, destacando preocupaciones sobre la falta de control parlamentario durante los meses previos de negociaciones reservadas.
Durante una intervención en la Cámara de los Comunes, la viceportavoz de Exteriores de los conservadores, Wendy Morton, expresó reservas acerca de la naturaleza y el alcance del acuerdo e indicó que el Parlamento británico aún no ha tenido acceso a ninguno de los más de mil folios del tratado al que han llegado Londres y Bruselas, según publicó Europa Press. Morton sostuvo que el documento contempla cambios sustanciales en cuestiones constitucionales de Gibraltar, incidiendo tanto en el funcionamiento de la frontera y el aeropuerto como en el marco legal de su jurisdicción. La parlamentaria reclamó que la Cámara de los Comunes debe revisar exhaustivamente cada aspecto del texto antes de validar formalmente su adopción.
El medio Europa Press detalló que Morton advirtió sobre las implicaciones de ceder autoridad a España en determinados ámbitos en Gibraltar. Subrayó que cualquier acuerdo que otorgue a España nuevas competencias en asuntos como la entrada, residencia, infraestructuras o seguridad en el Peñón requiere una vigilancia rigurosa por parte del Parlamento británico antes de entrar en vigor. Estas demandas se realizaron en presencia del secretario de Estado de Exteriores, Stephen Doughty, quien representa al Gobierno laborista en el proceso.
Priti Pratel, en representación del Partido Conservador, reiteró la postura de su formación y recalcó la importancia de salvaguardar tanto la soberanía británica como los intereses de Gibraltar. Pratel insistió en que su partido no apoyará un tratado que pueda poner en peligro estos intereses ni que implique concesiones excesivas. Además, denunció que el Ejecutivo encabezado por el Partido Laborista ha gestionado el acuerdo durante meses en “secreto”, lo que añade un factor adicional de reserva y escepticismo hacia el proceso negociador, de acuerdo con Europa Press.
Según reportó Europa Press, las discusiones para alcanzar el acuerdo sobre el estatus futuro de Gibraltar comenzaron en octubre de 2021, durante la administración conservadora en Reino Unido. Fue en junio de 2024 cuando se alcanzó el acuerdo conclusivo, ya bajo el liderazgo laborista en Downing Street tras su asunción en julio de ese año. El tratado requiere la aprobación tanto del Parlamento británico como del Parlamento de Gibraltar antes de poder entrar en vigor oficialmente.
El ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, respondió mediante la red social X a los cuestionamientos sobre la participación de España en los controles fronterizos. Picardo recordó que las bases del acuerdo, incluido el sistema de control conjunto entre autoridades españolas y gibraltareñas, fueron aceptadas previamente por Boris Johnson y por los entonces ministros de Exteriores Dominic Raab, Liz Truss, James Cleverly y David Cameron, todos ellos miembros destacados del Partido Conservador. Picardo recalcó, según consignó Europa Press, que estas disposiciones formaron parte del acuerdo antes de la llegada de David Lammy y Keir Starmer al poder, y defendió que el acuerdo representa una solución positiva para Gibraltar tras los desafíos generados por el Brexit.
Por su parte, Stephen Doughty justificó la actuación del Gobierno laborista y defendió los términos del tratado alcanzado. Señaló que este acuerdo garantiza la estabilidad económica, la protección social y el futuro de los habitantes de Gibraltar, preservando su integración con el Reino Unido. En palabras de Doughty, citadas por Europa Press, el texto del tratado “protege la economía, el pueblo y el futuro de Gibraltar como parte integral de la familia británica”, y añadió que el compromiso de Londres con el Peñón permanece firme.
El debate sobre el acuerdo y su contenido ha generado tensiones políticas en Reino Unido, especialmente por la percepción de poca transparencia y el temor a posibles concesiones sobre cuestiones sensibles como los controles fronterizos y la regulación interna de Gibraltar. Europa Press detalló que la ratificación parlamentaria resulta imprescindible para la entrada en vigor del tratado, una vez que también cuente con el respaldo del Parlamento de Gibraltar. El foco de la controversia sigue centrado en las competencias y la soberanía, así como en la capacidad de las instituciones británicas para ejercer un control efectivo sobre los nuevos términos pactados con la Unión Europea y sobre los mecanismos de implementación en Gibraltar.
En este contexto, la posición del Partido Conservador refleja las profundas preocupaciones persistentes sobre el alcance de los cambios constitucionales y administrativos que el acuerdo prevé, así como sobre su impacto en la vida cotidiana de los residentes de Gibraltar y su relación con España y el Reino Unido. Las demandas de revisión parlamentaria exhaustiva buscan asegurar que cada aspecto sea conocido y evaluado antes de una decisión definitiva. Según la información difundida por Europa Press, el proceso de ratificación y la discusión pública del tratado continúan ocupando un lugar prioritario en la agenda política de Londres.
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