
La Comisión Europea ha pedido que el diseño, adquisición y difusión no autorizada de archivos orientados a la fabricación de armas mediante impresoras 3D se castigue en toda la Unión Europea con un mínimo de dos años de prisión. Según detalla el subtítulo publicado, el Ejecutivo comunitario argumenta que la generalización de estas prácticas representa un problema que se agrava por la fragmentación actual entre los sistemas legales de los Estados miembros, hecho que, en opinión de Bruselas, facilita la actuación de grupos criminales y terroristas. La iniciativa forma parte de una propuesta para armonizar la persecución penal y las sanciones por delitos relacionados con el tráfico de armas de fuego en todos los países de la UE.
De acuerdo con la información suministrada por la Comisión Europea, la reforma busca que la creación, compra, posesión y circulación de archivos digitales para fabricación de armas en impresoras 3D sea considerado un delito homogéneo a escala europea. El objetivo de este planteamiento es que no existan diferencias normativas entre países que los delincuentes puedan aprovechar. La propuesta establece que el desarrollo, compra, tenencia o transmisión no autorizada de estos archivos se castigue con un mínimo de dos años de prisión. La normativa sugerida por Bruselas también subraya la necesidad de introducir un marco común de penas para otros delitos relacionados. Así, proponen cinco años como mínimo de prisión para la posesión ilícita de armas, sus partes esenciales y munición; el tráfico ilegal, en tanto, acarrea una pena mínima de ocho años bajo la nueva propuesta.
Según publicó la Comisión Europea, la vicepresidenta responsable de Soberanía Tecnológica, Seguridad y Democracia, Henna Virkkunen, explicó que la actualidad geopolítica y la aparición de amenazas a la seguridad de la UE requieren máxima preparación. Virkkunen advirtió durante la presentación de la propuesta que las nuevas tecnologías y redes transnacionales expanden el alcance y el impacto del tráfico ilegal de armas. Al respecto, la funcionaria señaló: “El tráfico ilegal de armas de fuego representa un peligro grave para la seguridad” y consideró que la expansión de prácticas ilícitas gracias a las tecnologías digitales demanda una legislación adaptada.
La fragmentación de regulaciones nacionales es uno de los puntos centrales que la Comisión Europea plantea solucionar con esta reforma. Según consignó el Ejecutivo comunitario, la ausencia de un marco unificado facilita que los traficantes y actores hostiles esquiven las penas más severas desplazando sus operaciones a territorios con normativa menos rigurosa. El propósito del reglamento armonizado es eliminar esos “vacíos” legales que actualmente dificultan la lucha integral contra la proliferación ilegal de armas en todo el espacio europeo.
El texto difundido por Bruselas también amplía el alcance más allá del fenómeno de las armas impresas en 3D. De acuerdo con la comunicación oficial, la Comisión propone definir y sancionar con un mínimo común delitos como la compraventa ilegal de armas, la tenencia no autorizada de piezas clave y de municiones, y los actos de falsificación, retirada o alteración de marcas identificativas en armas y componentes. Estas marcas, utilizadas como “sello de identificación” durante toda la vida útil de cada arma, son consideradas fundamentales para trazar el origen y los movimientos de estos objetos, previniendo su empleo en actividades delictivas.
Tal como informó la Comisión Europea, la propuesta de directiva, antes de convertirse en ley, todavía debe negociarse entre el Parlamento Europeo y el Consejo, que representa a los gobiernos de los Estados miembros. Bruselas argumenta que lograr un acuerdo implicaría dotar a toda la UE de instrumentos legales unificados para anticipar y afrontar riesgos tanto tradicionales como emergentes en el ámbito del tráfico de armas, enfrentando así los desafíos que plantea la modernización tecnológica aplicada a este tipo de delitos.
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