Bolaños niega que el Gobierno impida el regreso del rey emérito y asegura que depende de él y de la Casa Real

Tras la reciente desclasificación de los documentos oficiales sobre el intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, remarcó el compromiso del entonces jefe del Estado con el mantenimiento del orden constitucional. En medio del debate generado por la publicación de estos papeles, Bolaños afirmó que el regreso de Juan Carlos I a España compete exclusivamente al propio emérito y a la institución monárquica, sin depender ni del Ejecutivo ni de la oposición. Así lo declaró en los pasillos del Congreso de los Diputados, según reportó el medio de comunicación que cubrió el intercambio.

De acuerdo con la información publicada, las declaraciones de Bolaños respondieron directamente al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, quien pidió públicamente la vuelta del rey emérito tras la difusión de los documentos. Feijóo argumentó que la desclasificación de estos archivos, realizada el miércoles anterior, debería ser motivo para que la sociedad española reconcilie su relación con Juan Carlos I, destacando el papel desempeñado por el monarca en la resolución del 23-F y su influencia para detener el levantamiento militar.

El ministro Bolaños negó que el Gobierno haya impuesto restricciones al retorno del emérito a territorio español. Señaló que Juan Carlos I ha podido visitar el país por decisión propia en ocasiones previas desde su residencia en Abu Dabi, a donde se trasladó en agosto de 2020. En palabras de Bolaños, recogidas por el medio, la determinación sobre eventuales visitas del exjefe del Estado corresponde "exclusivamente a él" y, en su caso, a la Casa Real. El integrante del Ejecutivo enfatizó que esta cuestión "no le compete ni al Gobierno ni mucho menos al líder de la oposición".

Bolaños, además, recordó que la publicación de los documentos secretos del 23-F fue posible gracias a un real decreto ley aprobado por el propio Gobierno, lo que contradice la valoración negativa inicial que Feijóo había realizado sobre el proceso de desclasificación. Según recogió el medio, el ministro reprochó al líder del PP que días antes juzgara la medida como una "cortina de humo", pero posteriormente reconociera la utilidad de los documentos, lo que, a su criterio, implica una rectificación de la postura previa del principal partido de la oposición.

Referido a la repercusión pública de las últimas informaciones y su impacto sobre la figura de Juan Carlos I, Bolaños indicó que "se puede actuar bien el 23F y actuar mal en otras cosas, es lo que pasa en la vida", en alusión al desempeño del monarca durante el golpe de Estado y las posteriores controversias vinculadas a su periodo como jefe del Estado. El medio detalló además que el Gobierno respalda el proceso liderado por el actual rey, Felipe VI, en la tarea de "regenerar la democracia, transformarla y modernizarla", subrayando así la labor de la actual jefatura del Estado en el marco institucional.

El debate sobre la posible vuelta del emérito a España se reavivó tras la publicación de los expedientes oficiales sobre el fallido golpe de 1981, donde se documenta la intervención decisiva de Juan Carlos I para la defensa del sistema democrático y el cumplimiento de la Constitución. Diversos sectores políticos y sociales han interpretado la desclasificación como un episodio con múltiples lecturas, poniendo de nuevo bajo la atención pública la figura del antiguo monarca y su papel en la historia reciente. La residencia del rey emérito en Abu Dabi desde agosto de 2020, tras la aparición de investigaciones y polémicas por su patrimonio y sus actividades financieras, convirtió en un tema sensible tanto su eventual retorno como su legado.

El medio de comunicación consignó que, pese al reclamo del líder del PP y al debate que la desclasificación produjo, el Gobierno no ha implementado ningún veto ni obstáculo formal para la llegada de Juan Carlos I al país. Félix Bolaños reiteró de manera insistente que cualquier decisión respecto a los movimientos del emérito constituye una prerrogativa ajena tanto al Ejecutivo como a los principales referentes de la oposición, limitando las competencias al propio interesado y a la institución monárquica.