Asturias y otras 13 CCAA prestarán apoyo en los campamentos de Tinduf, en Venezuela, Afganistán, Haití y Mali

La reciente decisión de impulsar un nuevo Código Penal en Afganistán, que autorizaría la violencia física contra mujeres y menores, y la prohibición del acceso de las mujeres al trabajo en organizaciones no gubernamentales y a la educación secundaria y superior, configura uno de los contextos que la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) busca abordar a través de intervenciones humanitarias en países con crisis severas. Según informó el Principado en un comunicado recogido por medios nacionales, Asturias, junto con otras trece comunidades autónomas, se suma a un proyecto conjunto que destinará dos millones de euros para mejorar el acceso a la alimentación, la educación, los servicios sanitarios y la protección en poblaciones consideradas vulnerables en cinco escenarios críticos: los campamentos saharauis de Tinduf, Venezuela, Haití, Mali y Afganistán.

El acuerdo, ratificado en una reunión de representantes de las comunidades autónomas celebrada en Santa Cruz de Tenerife, contempla la puesta en marcha de cinco proyectos diferenciados, cada uno de los cuales recibirá 400.000 euros, de acuerdo con la información del Gobierno de Asturias difundida tras la cita. Tal como consignó el mismo comunicado oficial, la directora de la Agencia Asturiana de Cooperación, Beatriz Coto, estuvo presente en el encuentro en el que se concretaron los detalles de la iniciativa.

En lo correspondiente a los campamentos de Tinduf, el Programa Mundial de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas desplegará una acción centrada en atender las necesidades de 133.672 refugiados saharauis, quienes han experimentado un agravamiento de su situación debido a los impactos derivados de conflictos internacionales de relevancia, como las guerras de Ucrania y Gaza, además de la crisis en Sudán. El medio local precisó que la colaboración permitirá asegurar asistencia alimentaria en un contexto donde las tensiones externas han empeorado las condiciones de vida.

Para el caso de Venezuela, el canal de actuación será Unicef, que trabajará en el estado Delta Amacuro, una región con elevados niveles de desescolarización, calculados en un 29,9%, uno de los más altos del país. Según detalló el Principado, la intervención prevé ofrecer oportunidades educativas a 950 niñas, niños y adolescentes indígenas fuera del sistema escolar, enfocados en proporcionar entornos de aprendizaje que respeten la diversidad cultural y promuevan el desarrollo integral en espacios escolares entendidos como garantes de protección.

El proyecto en Mali contará con la implementación de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y se enfocará en tres regiones: Gao, Tombuctú y Menaka. Según lo consignado por el Gobierno de Asturias y publicado por medios especializados, el objetivo principal consistirá en reforzar la inserción económica de personas desplazadas, un tema central en un país que, desde la crisis de 2012, mantiene cifras de desplazamiento interno superiores a 402.000 personas, motivadas, en gran parte, por conflictos armados y fenómenos naturales. El programa también incluye como ejes fortalecer la cohesión social y fomentar la paz y la sostenibilidad ambiental.

En Haití, la situación humanitaria está marcada por un colapso institucional, violencia armada, desplazamientos forzados, inseguridad alimentaria reconocida, bloqueos en los servicios de salud y una vulnerabilidad agudizada por factores climáticos. En este contexto, la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) desarrollará proyectos con impacto directo en 6,4 millones de personas, según informó el Gobierno de Asturias. El plan busca atender de manera integral diferentes necesidades derivadas del agravamiento de la crisis y facilitar el acceso a ayuda básica en armonía con las necesidades evaluadas en el terreno.

En Afganistán, el programa impulsado junto con la AECID impactará a una población estimada en 5,8 millones de personas, con especial foco en mujeres, niñas y adolescentes, quienes afrontan restricciones severas de derechos y libertades. De acuerdo a la información oficial, la Agencia de Naciones Unidas para la Salud Sexual y Reproductiva coordinará la respuesta destinada a cubrir necesidades vinculadas a la salud sexual y reproductiva, así como a la protección frente a la violencia de género en un contexto normativo que recientemente ha visto restricciones adicionales a la autonomía y protección de la población femenina y menor de edad.

Tal como publicó el Principado, Asturias renovó su adhesión a este convenio con la AECID, signado originalmente en 2018, en el que participan comunidades como Galicia, Andalucía, Cantabria, Canarias, Baleares, Extremadura, Valencia, Castilla La Mancha, Castilla y León, Murcia, Madrid, Aragón y La Rioja. A la lista se suma la Federación Española de Municipios y Provincias. Desde su incorporación al convenio, Asturias aportó 550.000 euros a los programas de cooperación, según precisó el Gobierno regional junto con los detalles del nuevo acuerdo.

El medio oficial detalló también el enfoque transversal de los proyectos, que integran acciones en materia de educación, salud, protección social y recuperación económica, siempre en estrecha colaboración con organismos del sistema de Naciones Unidas y coordinando recursos entre los distintos gobiernos autonómicos para responder de forma conjunta a retos humanitarios que afectan a millones de personas.