Hasta el momento, las autoridades ecuatorianas no han divulgado los nombres de las personas fallecidas ni han identificado públicamente a los posibles responsables detrás de los recientes actos de violencia registrados en pequeñas poblaciones de la provincia de Manabí. Según consignó el medio ecuatoriano ‘El Comercio’, al menos nueve personas murieron en dos ataques distintos perpetrados por individuos armados no identificados, cuyas acciones intensifican la alarma regional sobre los crecientes problemas de inseguridad, pese a las restricciones y operativos implementados bajo el actual estado de excepción.
De acuerdo con la información recogida por ‘El Comercio’, el lunes se produjo el episodio más grave en la localidad de Camarones, perteneciente al cantón de Jama, donde siete personas fueron asesinadas en una hacienda. Hasta el momento de publicación no se tenían detalles sobre la identidad de las víctimas, ni sobre los móviles del ataque, lo que ha generado inquietud entre la población local y ha motivado un despliegue policial y militar en la zona para intentar esclarecer los hechos.
En otro incidente ocurrido casi en simultáneo, dos hombres que se desplazaban en un mototaxi en la localidad de Canoa, cantón San Vicente, murieron tras ser interceptados por sujetos armados a bordo de motocicletas, quienes dispararon contra ellos. Según publicó ‘El Comercio’, este segundo episodio refuerza la percepción de inseguridad entre los habitantes y ha elevado la presión sobre las fuerzas del orden para contener el repunte de homicidios en espacios rurales y urbanos de la provincia.
Manabí figura entre las regiones de Ecuador más golpeadas por la criminalidad en los últimos años. Desde el año 2024, el país se mantiene bajo declaración de “conflicto armado interno”, una medida promulgada por el presidente Daniel Noboa como respuesta a la escalada de acciones violentas atribuidas a bandas criminales y grupos armados organizados. De acuerdo con ‘El Comercio’, la decreciente seguridad se ha convertido en uno de los temas prioritarios de la agenda nacional luego de un aumento sostenido de homicidios, robos y otros delitos de alto impacto en provincias costeras.
Las medidas adoptadas por el gobierno incluyen el despliegue de militares en calles y enclaves considerados estratégicos, así como patrullajes conjuntos entre policía y fuerzas armadas. Sin embargo, la persistencia de hechos violentos como los acontecidos en Manabí plantea interrogantes sobre la efectividad de estas estrategias y la capacidad institucional para reducir la incidencia delictiva. ‘El Comercio’ reportó que habitantes y líderes comunitarios han expresado preocupación por el clima de inseguridad que afecta las actividades cotidianas y limita la movilidad en sectores rurales.
La violencia registrada en Manabí durante los últimos meses se inscribe en un contexto nacional marcado por el ascenso de los homicidios y una percepción extendida de vulnerabilidad en zonas rurales, urbanas y costeras. Según publicó ‘El Comercio’, los sucesos recientes se suman a una estadística que sitúa a la provincia entre las más impactadas por crímenes relacionados con el narcotráfico y actividades de grupos armados, configurando un escenario complejo tanto para la ciudadanía como para las fuerzas encargadas del resguardo del orden público.
En las investigaciones iniciadas tras los ataques en Camarones y Canoa, las autoridades han intensificado los operativos en busca de pistas que conduzcan a los responsables, aunque de acuerdo a lo consignado por ‘El Comercio’, aún no existen avances significativos en el esclarecimiento de los móviles ni datos claros sobre la identificación de los asesinos. Los pobladores de las localidades afectadas han solicitado una mayor presencia de la fuerza pública y acciones concretas para devolver la tranquilidad en medio del estado de excepción.
El medio ‘El Comercio’ subrayó que los episodios violentos ocurridos en Manabí se han dado pese a la aplicación de medidas severas como toques de queda y controles vehiculares, implementados desde el ejecutivo con el objetivo de frenar el avance de bandas organizadas. A pesar de los esfuerzos, los hechos recientes evidencian los retos persistentes frente a la sofisticación y movilidad de los grupos armados ilegales, que continúan perpetrando ataques en áreas de difícil acceso para las fuerzas estatales.
Las zonas rurales y los municipios de menor tamaño en Manabí presentan actualmente altos niveles de inseguridad, afectando tanto a sus economías locales como a la vida diaria de sus habitantes, según ha venido reportando ‘El Comercio’. Las autoridades han reiterado su compromiso con el fortalecimiento de los operativos y la aplicación de la ley, mientras que organizaciones sociales y la población continúan demandando resultados concretos y garantías para su seguridad.
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