
Una jueza federal de Estados Unidos ha anulado un fallo de un tribunal de inmigración que otorgaba a la Administración de Donald Trump amplios poderes para detener a migrantes sin realizar audiencias para el establecimiento de fianzas, una decisión judicial que ha ido acompañada de reproches a las autoridades por la violencia de los agentes federales y su tratamiento de los extranjeros detenidos.
La magistrada Sunshine Sykes ha defendido en su dictamen que el Gobierno estadounidense no ha cumplido con una sentencia emitida el pasado diciembre, que declaraba ilegal la política de denegar la oportunidad de lograr la libertad a través de una fianza a los detenidos, descritos en reiteradas ocasiones por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) como "lo peor de lo peor".
Con todo, la jueza ha asegurado que "'lo peor de lo peor' es una descripción inexacta de la mayoría de los afectados por las operaciones del DHS y el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE)". "Quizás, al utilizar este lenguaje extremo, el DHS busca justificar la magnitud y el alcance de sus operaciones contra extranjeros no delincuentes. Quizás esa frase simplemente refleja la severidad y la conducta malintencionada del Gobierno", ha aseverado.
Habitualmente, a los migrantes generalmente solo se les negaba las audiencias de fianza ante un juez de un tribunal de inmigración cuando se les considera recién llegados. Sin embargo, la Administración Trump rompió con décadas de precedentes al determinar que a las personas arrestadas por el ICE tras pasar años en Estados Unidos también se les debía negar una audiencia de fianza.
En su lugar, los detenidos estaban obligados a presentar recursos de habeas corpus para lograr su excarcelación, una conducta gubernamental de la que ha alertado la magistrada, que ha requerido "una mayor reparación" ante esta situación y ha establecido que los migrantes tienen derecho a una audiencia de fianza que también sirva para determinar si pueden presentar su caso fuera del centro de detención del ICE al que sean trasladados.
El fallo, además, incluye otros reproches a la Administración Trump y enmarca las amenazas contra ciudadanos extranjeros en un marco de "terror" que ha creado una "profunda preocupación" entre la población estadounidense "por los actos ilegales y descontrolados del poder ejecutivo".
Al hilo, ha denunciado que "el poder ejecutivo ha extendido su violencia a sus propios ciudadanos, asesinando a dos ciudadanos estadounidenses en Minnesota", en alusión a Renée Good y Alex Pretti, muertos a tiros a manos de agentes federales el pasado mes de enero. "Las amenazas que plantea el poder ejecutivo no pueden considerarse de forma aislada", ha considerado, vinculando la violencia de los agentes federales a los procesamientos de migrantes detenidos.
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