AI pide presionar a Irán para frenar los procesos por penas de muerte contra 30 personas, entre ellos menores

Tres abogados seleccionados por la familia de Ehsan Hoseinipur Hesarl no pudieron representarlo en el juicio que culminó en su condena. Las autoridades iraníes negaron el acceso de los letrados y designaron a un defensor estatal, quien según Amnistía Internacional, no brindó una defensa efectiva para el joven. Este caso forma parte de un panorama documentado por la organización, que alerta sobre la situación de al menos 30 personas, entre ellas varios adolescentes, enfrentando procesos que podrían culminar en la aplicación de la pena de muerte tras las protestas antigubernamentales en Irán.

De acuerdo con la información difundida por Amnistía Internacional, la petición se dirige a la comunidad internacional para que incremente la presión sobre el gobierno iraní y detenga los procesos de condena a muerte contra estas personas. Según declaró Diana Eltahawy, directora regional adjunta para Oriente Próximo y Norte de África, niños y jóvenes conforman la mayoría de quienes han quedado atrapados en la maquinaria represiva tras las protestas de enero. Entre las vulneraciones denunciadas, la ONG señala la privación del derecho a una representación legal adecuada, la exposición a torturas u otros malos tratos, incomunicación y la consecución de confesiones bajo coacción.

A modo de ejemplo, Amnistía Internacional ha expuesto los casos de tres adolescentes afectados: Ehsan Hoseinipur Hesarl, de 18 años, y Matin Mohamadi y Erfan Amiri, ambos de 17 años. Los tres recibieron condenas tras un juicio excepcionalmente rápido, calificado como “flagrantemente injusto” por la organización. Estos jóvenes se vieron implicados en la acusación de un incendio en una mezquita situada en la ciudad de Pakdasht, provincia de Teherán, donde la muerte de dos integrantes de la fuerza paramilitar Basij sirvió de fundamento para el proceso penal. El adolescente Ehsan Hoseinipur Hesarl, en particular, habría confesado su implicación después de ser objeto de “brutales palizas” y de que un interrogador apuntara un arma de fuego en su boca, según confirmó Amnistía Internacional tras consultar fuentes vinculadas al caso.

La organización sostiene que la conducta de las autoridades iraníes, sancionada a través de “juicios acelerados” y “sentencias de muerte”, refleja “la profundidad de su desprecio por el derecho a la vida y la justicia” y apunta a un intento por “infundir miedo” y “aplastar el espíritu” de la ciudadanía que reclama transformaciones políticas y sociales. La prohibición internacional de la pena capital para personas menores de 18 años al momento del delito tampoco ha sido respetada, de acuerdo con la denuncia de Amnistía Internacional.

Según publicó la organización, dos de los adolescentes implicados continúan internados en un centro de detención de menores y enfrentan la amenaza de la pena de muerte, contraviniendo la legalidad internacional. En este contexto, Amnistía Internacional solicitó que los estados miembros de Naciones Unidas, junto a organismos multilaterales y regionales, impulsen acciones diplomáticas urgentes y coordinadas para que el gobierno iraní revoque las condenas a muerte ya emitidas y no dicte nuevas. Además, la ONG exige que toda persona acusada sea juzgada de conformidad con el derecho a un juicio justo e imparcial, sin la opción de la pena capital.

La organización extendió su reclamo de presión internacional para que las autoridades permitan el ingreso de la misión de investigación de Naciones Unidas en Irán y representantes diplomáticos a los centros de detención y procesos judiciales relativos a los manifestantes. Según detalló Amnistía Internacional, al menos ocho personas fueron condenadas a muerte en febrero y se encuentran en espera de la ejecución de la sentencia. La ONG subraya que el acceso de observadores internacionales resulta fundamental para verificar el cumplimiento de los estándares internacionales y proteger los derechos de los implicados.

Amnistía Internacional enfatizó la urgencia de que la comunidad internacional tome acciones decisivas y coordinadas utilizando foros multilaterales y canales diplomáticos para detener la ejecución de penas de muerte contra menores y otros manifestantes en Irán. La organización mantiene el llamado a Irán para que respete los compromisos legales internacionales, permita la presencia de observadores independientes y garantice procesos judiciales conformes a los principios básicos de justicia y derechos humanos.