Repsol recorta su exposición patrimonial en Venezuela a 276 millones a cierre de 2025

La compañía ha reducido sensiblemente los riesgos vinculados a sus inversiones en el país sudamericano, en un contexto marcado por nuevas autorizaciones de Washington y persistentes incertidumbres sobre el cobro de deudas y la recuperación de activos energéticos

Guardar

El análisis de la recuperabilidad de las inversiones de Repsol en Venezuela ha requerido la incorporación de hipótesis y estimaciones sujetas a una notable incertidumbre, según el informe financiero anual de la compañía. El grupo español ha incluido la necesidad de apoyo por parte de expertos independientes para respaldar los juicios de la dirección debido a la persistencia de riesgos significativos relacionados con el crédito y el entorno económico venezolano. Este contexto ha definido la noticia principal, en la que Repsol ha reducido su exposición patrimonial en el país sudamericano hasta situarla en 276 millones de euros al cierre de 2025.

Según detalló el medio Europa Press, esta cifra representa un descenso con respecto a los 504 millones de euros que registraba al final de 2024 y a los 330 millones que notificó a mediados del año pasado. Este ajuste surge días después de que Estados Unidos autorizara a la petrolera a reanudar actividades de exploración y producción de hidrocarburos en Venezuela, con la emisión de nuevas licencias destinadas al relanzamiento del sector energético en el país caribeño. Europa Press apuntó que la autorización otorgada por las autoridades estadounidenses constituye la mayor flexibilización desde la intervención internacional relacionada con el gobierno de Nicolás Maduro ocurrida a principios de año.

La exposición actual de Repsol en Venezuela abarca principalmente cuentas a cobrar con Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) a través de Repsol Exploración, la financiación a la sociedad Petroquiriquire y la inversión tanto en Cardón IV como en Petroquiriquire. En total, la deuda pendiente de cobro se eleva a 3.603 millones de euros en cuentas comerciales con PDVSA, para las cuales el grupo reconoce provisiones por 3.019 millones, e incluye una financiación adicional por 947 millones de euros, cubierta a su vez con provisiones de 568 millones. Europa Press informó que la petrolera continúa evaluando la viabilidad y los riesgos asociados a cada inversión, particularmente en el caso de la deuda comercial, cuya recuperación se ha visto obstaculizada por intereses de demora completamente provisionados.

El grupo registra las pérdidas esperadas mediante modelos que ponderan diferentes escenarios, basados en antecedentes históricos de impagos soberanos y en las expectativas directivas sobre el entorno. Esta metodología considera tres escenarios de severidad —moderado, significativo y severo—, aplicando hipótesis y proyecciones económicas diferenciadas. Según Europa Press, el ejercicio de actualización de los perfiles de riesgo y de las inversiones contabilizadas por el método de la participación desembocó en el reconocimiento de un deterioro de activos de 116 millones de euros en las cuentas resultantes del periodo. Adicionalmente, la valoración del valor de los negocios en Venezuela produjo una pérdida de 452 millones de euros, desglosada en 415 millones por cuentas comerciales y 37 millones por bienes materiales.

En lo referente a la producción, la presencia operativa de Repsol en Venezuela mostró signos de aumento. Europa Press reportó que la producción neta media de la compañía en el país alcanzó en 2025 los 71.300 barriles equivalentes de petróleo al día, cifras superiores a los 67.000 barriles diarios registrados en 2024. La actividad de la petrolera en Venezuela, iniciada en 1993, se concentra actualmente mediante participaciones en proyectos de gas —como Cardón IV y Quiriquire Gas— y en empresas mixtas de crudo, incluyendo Petroquiriquire y Petrocarabobo.

Las recientes licencias estadounidenses, según publicó Europa Press, marcan un hito en la estrategia de reapertura controlada del sector energético venezolano. El 13 de febrero, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro de los Estados Unidos emitió la licencia 49, que permite negociar y firmar contratos contingentes para nuevas inversiones en petróleo y gas en Venezuela, incluyendo aquellas con el gobierno y empresas afiliadas a PDVSA, aunque sujetos a la necesidad de autorizaciones adicionales por parte de la OFAC para su ejecución.

En esa misma fecha, la administración de Donald Trump difundió la licencia 50, habilitando operaciones en el sector petrolero y gasífero venezolano —entre ellas las actividades de Repsol— siempre que cumplan restricciones específicas. Europa Press indicó que estas condiciones prohíben transacciones con embarcaciones bloqueadas o con personas de países como Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o China y con entidades controladas directa o indirectamente por los mismos, incluyendo operaciones en sociedades conjuntas.

La dirección de Repsol, liderada por Josu Jon Imaz, ha afirmado, según su informe y lo recogido por Europa Press, que monitorea estrechamente la evolución política e institucional venezolana. Asimismo, mantiene diálogo directo con autoridades estadounidenses y venezolanas para garantizar que sus operaciones se ajustan a la normativa internacional vigente sobre sanciones. La compañía también menciona que la implementación de las nuevas licencias estadounidenses exige la sujeción de los contratos a la jurisdicción y legislación de Estados Unidos, entre otras disposiciones. La reciente reforma parcial de la Ley Orgánica de Hidrocarburos en Venezuela establece un plazo de hasta 180 días para adaptar los modelos contractuales a las nuevas exigencias, lo que implica negociaciones para concretar términos relevantes con el gobierno venezolano y PDVSA.

A pesar de la obtención de nuevas licencias en febrero, el informe anual de Repsol —citado por Europa Press— precisa que las hipótesis sobre la recuperación de la exposición patrimonial en Venezuela no han experimentado modificaciones con respecto al cierre del ejercicio anterior, al haberse tratado de licencias distintas y no una reanudación directa de permisos previos. Por esta razón, la estrategia de la empresa continúa orientada a mitigar los riesgos de crédito y de recuperación de activos, dada la incertidumbre persistente vinculada a la situación institucional y financiera de Venezuela.