La Duma aprueba un proyecto de ley que da competencias al FSB para bloquear las comunicaciones en Rusia

Las recientes iniciativas para restringir el uso de aplicaciones de mensajería en Rusia, incluidas medidas dirigidas a WhatsApp y Telegram, forman parte de un escenario más amplio en el cual se están reforzando los controles estatales sobre las comunicaciones. Según detalló Europa Press, la Duma Estatal, cámara baja del Parlamento ruso, avaló un proyecto de ley que otorga al Servicio Federal de Seguridad (FSB) la facultad de exigir a las empresas de telecomunicaciones la suspensión inmediata de sus servicios en situaciones que sean calificadas como amenazantes para la seguridad.

Europa Press informó que la normativa obtuvo luz verde en el órgano legislativo mediante su segunda y tercera lectura. El texto, surgido a raíz de una propuesta del Gobierno, dirige la responsabilidad hacia los operadores de telefonía fija, móvil e internet, quienes deberán interrumpir su actividad si el FSB así lo solicita. El alcance de la medida permite la interrupción tanto de Internet como de comunicaciones de voz, así como de “cualquier otro medio de comunicación”, en el contexto de lo que las autoridades definan como una “amenaza de seguridad”.

Tal como reportó Europa Press, para justificar la aprobación de esta ley, los legisladores argumentaron que la finalidad principal es proteger a los ciudadanos y salvaguardar al Estado ante potenciales riesgos. De este modo, el FSB ampliaría notablemente su control sobre la infraestructura de comunicaciones del país, quedando facultado no solo para intervenir en eventos de emergencia o situaciones excepcionales, sino también para definir de forma discrecional los escenarios bajo los cuales estos bloques pueden implementarse.

De acuerdo con la información proporcionada por Europa Press, las empresas prestadoras de servicios de comunicación recibirían una exención explícita de cualquier tipo de responsabilidad legal derivada de la suspensión de sus servicios, siempre que la interrupción responda a una orden del FSB. Esta medida busca garantizar que las compañías no enfrenten repercusiones administrativas ni civiles como resultado de cumplir con las instrucciones emanadas desde la agencia federal de seguridad.

El medio Europa Press consignó que la propuesta requiere todavía su aprobación por el Consejo de la Federación, cámara alta del sistema parlamentario ruso, así como la ratificación final del presidente Vladímir Putin antes de entrar en vigor. Si bien estos pasos suelen ser considerados procedimientos mayoritariamente formales en el proceso legislativo ruso, se mantiene la atención sobre las posibles repercusiones prácticas de la iniciativa.

A lo largo de los últimos meses, el Gobierno ruso ha impulsado diversas estrategias para restringir la difusión y el acceso a plataformas digitales, entre las que se cuentan medidas técnicas y regulatorias contra redes sociales y aplicaciones populares de mensajería. Según publicó Europa Press, estas actuaciones forman parte de una política de mayor supervisión e intervención en el sector digital, enmarcándose dentro de una interpretación amplia de los conceptos de “seguridad” y “protección estatal”.

Esta nueva normativa ofrece al FSB capacidades extendidas para ordenar la desconexión de aquellas plataformas y servicios que, a su juicio, puedan representar un canal de riesgo o una herramienta de desestabilización en contextos críticos. Europa Press subrayó que con este marco legal se intenta otorgar al Estado los recursos formales para ejecutar bloqueos rápidos y sin necesidad de procedimientos judiciales complejos o de notificaciones previas a los usuarios.

Con la aprobación definitiva de la Duma, el debate se traslada tanto al Consejo de la Federación como al Ejecutivo encabezado por Vladímir Putin, cuyos pasos finales pueden llevar a la implementación efectiva de cortes generalizados en comunicaciones digitales y telefónicas en el país bajo justificación de amenazas a la seguridad nacional. Según la información provista por Europa Press, la medida incrementaría la capacidad del Gobierno ruso para responder en escenarios interpretados como riesgosos, resaltando el papel del FSB como principal órgano de control y decisión en materia de infraestructura digital y de comunicaciones en la Federación Rusa.