
El Tribunal Supremo ha declarado nulas varias disposiciones autonómicas que regían los controles sobre la población de lobos en Asturias, incluidos el Programa Anual de Actuaciones de Control del Lobo 2022-2023 y segmentos relevantes del II Plan de Gestión. Esta resolución obliga a las autoridades a revisar sus políticas para garantizar que toda extracción de ejemplares se limite a situaciones en las que no existan alternativas razonables para evitar daños al ganado, especificando además que la selección de animales debe obedecer criterios estrictos y no aplicarse de modo general a grupos numéricamente definidos, pues la muerte de ciertos lobos podría deteriorar la cohesión y supervivencia de la manada. Grupo Lobo Asturias, al conocer el fallo, ha solicitado la destitución inmediata del consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, señalándolo como responsable de prácticas que ahora la justicia considera contrarias a la norma y acusándolo de no haber priorizado métodos compatibles con la convivencia entre la ganadería y la vida silvestre, según informó Europa Press.
De acuerdo con Europa Press, la exigencia de cese dirigida a Marcos toma fuerza luego de la estimación de los recursos que presentaron la Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico (ASCEL) y Ecologistas en Acción Cantabria. Estas organizaciones habían impugnado la legalidad y el método de gestión del lobo en las comunidades de Asturias y Cantabria, argumentando falta de rigor y exceso en las medidas de control aplicadas. El medio detalló que la sentencia del Supremo remarca que solo es admisible autorizar la muerte de ejemplares de lobo si se demuestra que esta constituye la única solución posible, luego de haber evaluado medidas alternativas apropiadas para los productores agroganaderos afectados.
La postura de Grupo Lobo Asturias, difundida en una nota de prensa, sostiene que el consejero Marcos es responsable e impulsor de lo que denominan “matanzas indiscriminadas” de lobos en la región, ahora calificadas de contrarias al marco legal. Una de sus principales quejas apunta a la participación de cazadores en los controles poblacionales, lo cual consideran injustificable dado que el lobo no se encuentra catalogado como especie cinegética. Según explicó el colectivo ecologista y según consignó Europa Press, la decisión del Supremo introduce la obligación de plantear otras medidas de protección del ganado antes de recurrir a la extracción letal, y subraya que las extracciones solo deben aplicarse con carácter selectivo, considerando los efectos negativos que una muerte arbitraria podría ocasionar sobre las poblaciones de estos animales.
Tal como recogió Europa Press, el colectivo argumenta que la comunidad científica ya ha demostrado que la eliminación sistemática de lobos no reduce los conflictos con la ganadería, sino que puede incluso generar el efecto opuesto. Indican que los casos en los que no se realizaron controles poblacionales, específicamente durante la inclusión del lobo en el Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), la incidencia de ataques a ganado descendió en comparación con etapas precedentes donde sí se ejecutaban controles más contundentes.
La sentencia que describió Europa Press apoya la tesis de que las disposiciones autonómicas ahora anuladas no garantizaron suficiente evaluación de alternativas y aplicaron controles de población que, lejos de ser selectivos, pudieron afectar la estructura social de las manadas. Grupo Lobo Asturias aduce que estas políticas, lejos de solucionar los problemas asociados a la convivencia de la ganadería extensiva y la biodiversidad, perpetúan el conflicto y desvían el enfoque de otros retos más complejos que afectan al sector ganadero, como la rentabilidad de la carne y la leche, el alza de los costos de producción y la lentitud en los pagos de las compensaciones por daños ocasionados por fauna silvestre.
El colectivo remarca, según publicó Europa Press, que el lobo experimentó una recuperación tras haber estado al borde de la extinción, aunque todavía mantiene su condición de especie amenazada. Plantean que su presencia no solo representa un elemento de conservación de la biodiversidad, sino que también cumple un rol reconocido en el mantenimiento del equilibrio ecológico, mediante el control natural sobre las poblaciones de ungulados salvajes.
Frente a este contexto, Grupo Lobo Asturias urge a una revisión profunda de las políticas de gestión, defendiendo prácticas que equilibren la protección de la ganadería extensiva con la preservación del lobo y la biodiversidad regional. Destacan que culpar al lobo por la totalidad de los problemas que aquejan al sector ganadero constituye una visión miope que dificulta abordar las causas de fondo, y sugiere que el debate público y las decisiones administrativas deberían dirigirse hacia soluciones más integrales y ajustadas al conocimiento científico.
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