Declaran el estado de prevención en Guatemala para frenar la "criminalidad" de las pandillas

La reciente prórroga del estado de prevención en Guatemala extiende un conjunto de medidas excepcionales adoptadas tras motines ocurridos en varias cárceles durante las últimas dos semanas, según informó la Gaceta Oficial del país. El gobierno presidido por Bernardo Arévalo ha determinado mantener restrictivas disposiciones por otros 15 días, amparándose en un decreto suscrito por el jefe de Estado, con el objetivo de contener la violencia atribuida a maras y pandillas.

De acuerdo con lo publicado por la Gaceta Oficial, el decreto de estado de prevención, ratificado por la Presidencia de Guatemala, tendrá validez en todo el territorio nacional durante dos semanas. Su principal finalidad es contrarrestar “ataques contra las autoridades civiles” y reforzar la protección de la vida y los bienes de los habitantes. El documento especifica que se aplicarán “medidas extraordinarias”, entre las que se encuentran la restricción de reuniones al aire libre, la prohibición de manifestaciones públicas y controles sobre eventos y espectáculos masivos.

El artículo 3 del decreto, citado en la Gaceta Oficial, establece un marco jurídico para que las fuerzas de seguridad articulen acciones coordinadas que permitan “prevenir y reprimir perturbaciones graves de la paz y del orden público por parte de pandilleros”. Estas disposiciones suceden a medidas adoptadas dos semanas antes, implementadas tras los disturbios en centros penitenciarios, y buscan sostener una estrategia preventiva ante la criminalidad ligada a estructuras delictivas organizadas, señaló el mismo documento oficial.

Durante el periodo en que rige el estado de prevención, las fuerzas de seguridad cuentan con la facultad de disolver por la fuerza -sin necesidad de advertencia previa- cualquier grupo, reunión o manifestación pública en la que se utilicen armas o se produzcan actos violentos. También se restringe la circulación o estacionamiento de vehículos en lugares, zonas y horarios determinados, además de poder impedir su salida de ciertas poblaciones o someterlos a inspección, según detalló la Presidencia de la República.

Tal como publicó la Gaceta Oficial, las medidas vigentes no afectan el funcionamiento de los organismos del Estado ni de los partidos políticos. Se establece expresamente que los miembros de las instituciones estatales seguirán gozando de las inmunidades y prerrogativas legales, y que los procedimientos de designación o nombramiento de funcionarios continúan bajo los plazos establecidos por la Constitución.

El decreto enfatiza la necesidad de unas condiciones jurídicas que respalden la continuidad y coordinación de las acciones contra las maras, cuya actividad se vincula con graves alteraciones del orden público y la seguridad ciudadana. La gestión gubernamental busca enfrentar los desafíos impuestos por estos grupos, reforzando los mecanismos de prevención y respuesta institucional, reportó la Gaceta Oficial.

De este modo, la extensión del estado de prevención habilita a las autoridades a implementar un control más estricto del espacio público, limitando las concentraciones de personas y dotando a las fuerzas de seguridad de herramientas legales ampliadas para actuar frente a la violencia. Guatemala atraviesa una fase de aumento de las tensiones vinculadas a las pandillas, factor que motivó la adopción y ahora la renovación de este régimen excepcional, según consignó la publicación oficial del gobierno.