La cifra total de 14.171 expulsiones ejecutadas por la Policía Nacional entre 2021 y 2025 revela una tendencia sostenida de crecimiento en estos procedimientos a lo largo de los últimos cinco años. Este aumento anual continuado ha situado a 2025 como el año con el mayor número de expulsiones registradas, según datos oficiales revisados por Europa Press y recogidos en las estadísticas del Ministerio del Interior. La información muestra que, solamente en 2025, el total de expedientes alcanzó 3.398, lo que representa un incremento del 12% en comparación con el año anterior, y refleja una subida del 67% respecto al dato de 2021.
De acuerdo con los datos proporcionados por el Ministerio del Interior y reportados por Europa Press, la evolución de estas cifras muestra un crecimiento paulatino año a año. En 2021 se tramitaron 2.025 expedientes de expulsión; en 2022, la cifra se elevó a 2.627; en 2023, se situó en 3.090; mientras que en 2024 se registraron 3.031 expulsiones, prácticamente la misma cantidad que el año anterior. La continuidad de este ascenso alcanzó su máximo en 2025, con los 3.398 procedimientos suministrados por el Ministerio del Interior, que deja constancia de una política sostenida y creciente en la tramitación de expedientes de expulsión.
La estadística recogida por Europa Press se centra únicamente en los expedientes de expulsión tramitados por la Policía Nacional, el cuerpo encargado de forma exclusiva de estos procedimientos bajo lo establecido en la Ley de Extranjería. Dichos datos no incluyen las devoluciones de migrantes en situación irregular, sino que se refieren a aquellos casos en los que el expediente de expulsión obedece a motivos relacionados con la seguridad nacional u otras circunstancias especificadas por la legislación.
El procedimiento para la expulsión de ciudadanos extranjeros que se encuentran en situación irregular dispone de distintos cauces legales conforme a la Ley de Extranjería. Según detalló Europa Press, puede iniciarse un expediente de expulsión de tipo ordinario o preferente, dependiendo de cada caso particular y en función de lo tramitado por la Policía Nacional. Todos estos procesos cuentan con la posibilidad de recurso, por lo que la decisión definitiva suele recaer sobre la autoridad judicial encargada de revisar cada expediente.
Además de los procedimientos administrativos amparados en la Ley de Extranjería, Europa Press informó que el artículo 89 del Código Penal español contempla la opción de sustituir la condena de prisión por la expulsión directa al país de origen, siempre que la pena impuesta supere un año. En la situación en la que el extranjero justifique haber residido en España durante más de diez años, el tiempo de pena ligada a la expulsión aumenta a cinco años, y, en tales circunstancias, las autoridades deben examinar la posible reincidencia antes de ejecutar la decisión definitiva.
La suma de procedimientos ejecutados entre 2021 y 2025 refleja la dimensión del fenómeno. El Ministerio del Interior, según consigna Europa Press, ha evaluado ese periodo en el que 14.171 personas extranjeras han sido expulsadas conforme a la normativa vigente, reiterando la función que cumple la Policía Nacional en el desarrollo de estas acciones. Esta dinámica evidencia la evolución del enfoque institucional frente a las cuestiones migratorias y los procedimientos derivados de la aplicación de las leyes españolas sobre extranjería y penal.
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