El Departamento de Seguridad Nacional se queda sin fondos tras la prórroga de dos semanas

La paralización de los fondos dirigidos al Departamento de Seguridad Nacional se traduce en la suspensión temporal del pago de salarios para miles de empleados, un impacto que también alcanza la interrupción de reembolsos relacionados con desastres naturales. El medio detalló que la falta de acuerdo en el Congreso, tras la expiración de la prórroga presupuestaria otorgada por dos semanas, ha colocado al Departamento en estado de cierre administrativo desde la medianoche del viernes, hora local.

Según informó la agencia, el origen de este cierre se remonta al desacuerdo entre los partidos en torno a la financiación del Departamento, especialmente tras incidentes protagonizados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que culminaron en la muerte de dos personas en Minnesota durante enero. El medio explicó que el ICE continuará operativo debido a fondos asegurados previamente mediante la 'One Big Beautiful Bill Act', una legislación aprobada en junio que incluyó una rebaja fiscal considerable junto a incrementos en los presupuestos para defensa y vigilancia de fronteras, manteniendo activas varias líneas de trabajo del organismo de inmigración.

El director de la Oficina de Gestión y Presupuesto de la Casa Blanca, Russell Vought, emitió un comunicado afirmando que, ante la imposibilidad del Congreso para llegar a una solución antes del vencimiento de los fondos, el Departamento de Seguridad Nacional debe convocar a su personal para organizar el cierre administrativo. "Dado que ahora es evidente que el Congreso no completará su trabajo antes del vencimiento de dichas asignaciones, el Departamento de Seguridad Nacional debe ejecutar ahora los planes para un cierre ordenado. Los empleados deben presentarse a trabajar para su próximo período de servicio regular para llevar a cabo las actividades del cierre ordenado", señaló Vought en la comunicación publicada por la agencia.

De acuerdo con la fuente, la exclusión del DHS del reciente acuerdo entre demócratas y republicanos, que buscaba resolver el cierre parcial del gobierno federal a final de enero y apenas se sostuvo días, responde a la negativa de los demócratas de aprobar nuevos fondos para el Departamento. Esta postura está ligada a las demandas de este sector político, quienes piden reformas en el control y supervisión de los procedimientos aplicados por ICE.

Entre las exigencias planteadas por los legisladores demócratas, tal como publicó el medio, se encuentran la implementación de pautas universales para el uso de la fuerza por parte de los agentes, la regulación sobre la obligatoriedad de las cámaras corporales y la restricción del uso de máscaras que impidan la identificación de los funcionarios. Otras solicitudes expuestas incluyen la prohibición de las patrullas sin supervisión y el requerimiento de órdenes judiciales al momento de ingresar a residencias de personas sospechosas.

Según consignó el mismo medio, el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, subrayó la necesidad de controles independientes sobre el accionar de ICE. "No se puede confiar en que el DHS y esta administración realicen investigaciones por su cuenta. Y es por eso que los demócratas están luchando para controlar a ICE", manifestó Schumer en declaraciones difundidas en la cobertura.

El reportaje señaló que la situación actual deja en suspenso una parte significativa de las funciones operativas del Departamento de Seguridad Nacional, a excepción de aquellas que cuentan con financiamiento propio como el ICE, y que el destino de miles de empleados públicos queda supeditado a futuras negociaciones legislativas que podrían definir la reapertura y funcionamiento regular del organismo.

La suspensión presupuestaria afecta también a programas de reembolsos destinados a gestionar emergencias por desastres, situación que implica un riesgo para el desarrollo de estos servicios durante el periodo de cierre. Por otro lado, el ICE se mantiene activo con recursos propios preparados en la última ley de asignaciones generales, lo que, de acuerdo con el medio, genera tensiones adicionales en el debate sobre la supervisión y el alcance de las políticas migratorias en territorio estadounidense.

La información publicada destaca el clima de tensión y desacuerdo persistente en el Congreso, donde las posturas divergentes sobre la política migratoria y los mecanismos de control policial han impedido alcanzar una solución presupuestaria integral para el Departamento de Seguridad Nacional. El futuro de la agencia y de sus empleados dependerá de las próximas discusiones legislativas y de la capacidad de las fracciones políticas para lograr un consenso en torno a las demandas de reforma y supervisión planteadas en el debate parlamentario.