EEUU demanda a Harvard por no entregar documentos para determinar que la universidad no comete "discriminación"

Funcionarios estadounidenses acusan a la prestigiosa institución de negarse a entregar registros clave sobre la composición racial de sus procesos de selección, mientras crecen tensiones políticas y presiones por alegatos de antisemitismo y políticas de diversidad controvertidas

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La demanda presentada exige que Harvard entregue información detallada sobre los procesos de admisión, como las calificaciones académicas, las actividades extracurriculares y los ensayos de los solicitantes, así como el desglose de los resultados de admisión de los últimos cinco años por raza y etnia. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, citado por diversos medios, esta información es fundamental para determinar si la universidad está aplicando criterios discriminatorios durante los procesos de selección.

Según informó el Departamento de Justicia en una nota oficial, la demanda contra la Universidad de Harvard responde a la negativa de la institución a proporcionar los registros solicitados por el Ejecutivo, en el contexto de una investigación federal sobre posibles prácticas discriminatorias por motivos de raza. El Gobierno ya había accedido a más de 2.000 páginas de documentos que Harvard entregó previamente, pero sostiene que falta información crítica sobre la identificación racial y étnica de los postulantes.

El medio aclaró que estas acciones forman parte de una campaña federal centrada en las políticas de diversidad de Harvard. El Ejecutivo estadounidense acusa a la universidad de una insuficiente protección hacia los estudiantes y profesores judíos, especialmente ante el incremento de protestas contra la guerra en Gaza el año anterior. Estas protestas, según señala la demanda, habrían dado pie a alegatos de antisemitismo en el campus.

El gobierno dirigido por Donald Trump intensificó sus críticas hacia los programas de diversidad, igualdad e inclusión —conocidos como DEI—, posicionándose a favor de un sistema de admisión universitario basado exclusivamente en el mérito académico. En palabras de la fiscal general Pam Bondi, “seguiremos luchando para priorizar el mérito por encima de la DEI en todo Estados Unidos”, según el comunicado del propio Departamento de Justicia.

La denuncia formal especifica que el Ejecutivo solicitó a Harvard no solo la certificación de que sus procesos de admisión no incurren en discriminación, sino también todos los documentos normativos y de procedimiento relacionados. Además, pidió todos los datos de admisión de los últimos cinco años, incluyendo calificaciones, promedios, detalles sobre actividades extracurriculares y los resultados de los procesos de selección, todo ello separado por raza y etnia, según detalla la denuncia.

Los funcionarios federales argumentan que solo con la entrega de esa información completa podrán investigar a fondo si la institución viola políticas federales de no discriminación en programas educativos que reciben fondos gubernamentales. De acuerdo con lo publicado por las autoridades estadounidenses, la resistencia de Harvard a entregar ciertos registros clave ha agudizado la confrontación entre la universidad y la administración estadounidense, que utiliza estos datos como parte esencial de su campaña nacional contra las políticas de diversidad universitaria.

El contexto de estas tensiones parte, además, de la presión política sobre Harvard tras las movilizaciones propalestinas y los discusos por parte de sectores que acusan a la universidad de permisividad ante conductas antisemitas. La fiscal general Bondi subrayó en su declaración que "este Departamento de Justicia exige más a las instituciones educativas de nuestro país", dejando en claro que el Ejecutivo adopta una postura de control riguroso sobre los procedimientos internos de admisión en universidades que reciben recursos federales.

La acción legal busca, en última instancia, forzar a Harvard a entregar los registros solicitados y, con ello, permitir una revisión exhaustiva de si las prácticas de admisión actuales cumplen o no con la legislación estadounidense en materia de igualdad de oportunidades. Tal como detalló el Departamento de Justicia, la demanda pretende obtener transparencia plena sobre parámetros clave de selección, con especial atención al impacto de las políticas de diversidad e inclusión, cuya legitimidad se encuentra actualmente bajo evaluación judicial y política.