El Gobierno dice que el CES respalda la regularización de migrantes, aunque el organismo no dictaminará el decreto

La mención favorable realizada previamente por el Consejo Económico y Social (CES) a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para regularizar a personas extranjeras ha cobrado relevancia dentro del marco de la nueva regulación extraordinaria impulsada por el Ejecutivo sobre la situación de migrantes en España. Según detalló Europa Press, aunque el CES no emitirá un dictamen vinculante sobre el Real Decreto, su informe más reciente resalta que la regularización administrativa es clave para lograr una integración social y laboral efectiva. El Gobierno indicó que este respaldo refuerza sus planes para ultimar el plan operativo de la medida, dirigida a personas extranjeras residentes en situación irregular.

De acuerdo con Europa Press, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirmó durante un acto en Pamplona que el Ejecutivo está completando los trabajos técnicos y cerrando el diseño operativo para la implementación de este proceso de regularización. El evento contó con la asistencia de la presidenta de Navarra, María Chivite; el presidente del CES, Antón Costas; el presidente del CES de Navarra y consejero de Economía y Hacienda, José Luis Arasti, además de otras autoridades. Durante la presentación del informe “Realidad Migratoria en España: Prioridades para las políticas públicas”, Saiz defendió que la organización administrativa de los migrantes facilitará una inclusión social y laboral más eficaz, recogiendo conclusiones del estudio encargado por el Gobierno.

El informe, de acuerdo con el Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, analiza el papel de la migración en la evolución demográfica, económica y social nacional, y servirá como referencia para el diseño de políticas migratorias integrales, ordenadas, humanitarias y con enfoque de género. Saiz expresó que la migración constituye una realidad estructural que define el presente y futuro del país. Acentuó la necesidad de basar el debate público en datos y análisis, priorizando respuestas contra la desinformación y los discursos de hostilidad mediante evidencia empírica y políticas públicas eficaces.

El presidente del CES, Antón Costas, intervino para subrayar que el organismo ya había hecho una valoración positiva de la citada ILP, que persigue una regularización extraordinaria y que quedó bloqueada en el Congreso al no cosechar suficiente apoyo. Costas defendió en el acto la gestión adecuada de la migración, valorándola como positiva para el crecimiento de la economía, el mercado laboral y la demografía, compartiendo según Europa Press que puede suponer un aporte significativo para empresas y tejido social. El informe presentado por el CES en 2025, elaborado por encargo del Gobierno, se convertirá en una pieza clave para orientar el desarrollo de estas medidas.

La medida extraordinaria se fundamenta en un acuerdo previo entre PSOE y Podemos, tras el cual el Consejo de Ministros aprobó el pasado 27 de enero iniciar la tramitación urgente para regularizar a más de 500.000 personas extranjeras residentes en situación irregular, según reportó Europa Press. El Real Decreto, actualmente en fase provisional, introduce cambios en el Reglamento de la Ley Orgánica sobre derechos y libertades de las personas extranjeras en el país. Durante su trámite de audiencia pública, que finalizó el 6 de febrero, la propuesta reunió 350 aportaciones y sugerencias. La Secretaría de Estado de Migraciones sigue evaluando y procesando estas observaciones para integrar mejoras en la versión definitiva del Real Decreto.

Según adelantó el Ejecutivo, el procedimiento contemplado en el proyecto estará dirigido a quienes residan en España antes del 31 de diciembre de 2025 y puedan demostrar al menos cinco meses de estancia continuada dentro del país al momento de presentar la solicitud. Esta permanencia podrá acreditarse mediante documentos públicos, privados o ambos. Para solicitantes de protección internacional bastará con haber iniciado el proceso antes de la fecha referida, siempre que puedan presentar pruebas de ello.

Otro de los requisitos destacados será la ausencia de antecedentes penales y no suponer una amenaza para el orden público. Aquellas personas que cumplan las condiciones accederán a una autorización de residencia inicial por un año. Al expirar este periodo, deberán adaptarse a las categorías ordinarias recogidas en el Reglamento de Extranjería, lo que les permitirá integrarse plenamente en la normativa vigente.

La aplicación de la iniciativa se orienta a personas que llevan tiempo en España y han quedado al margen de los procedimientos habituales de regularización, incluidas aquellas con solicitudes de protección internacional rechazadas o sin resolución, incapaces de acceder a figuras de arraigo. El alcance del proyecto es general y no distingue por nacionalidad mientras se cumplan los criterios establecidos por el Gobierno.

Además, según apuntó Europa Press, el proceso contempla el acceso a la residencia temporal para hijos menores de los solicitantes que ya estén en España, quienes podrán recibir un permiso con una vigencia de cinco años. El texto del Real Decreto, una vez incorporadas las aportaciones y evaluado por el Consejo de Estado, permitirá completar la tramitación antes de su aprobación definitiva.

La medida busca responder a las recomendaciones del CES, que resalta la regularidad administrativa como condición indispensable para prevenir la vulnerabilidad laboral extrema. El diagnóstico presentado en el informe del CES, según recogió Europa Press, sustenta una visión basada en evidencia para abordar la transformación de la sociedad española a través de políticas migratorias que atiendan tanto la dimensión económica como la social del fenómeno migratorio.