San José, 13 feb (EFE).- El Congreso de Costa Rica aprobó una reforma legal que endurece las multas económicas para las personas que ingresen de forma ilegal a los parques nacionales y también para las empresas u operadores turísticos que faciliten esa actividad.
"Se busca que esta nueva ley, sirva, además, como método de disuasión para que las personas dejen de poner en riesgo sus vidas y respeten las normativas existentes dentro de Áreas Silvestres protegidas", expresó este viernes en un comunicado el ministro de Ambiente y Energía, Franz Tattenbach.
La reforma de ley, aprobada el jueves por el Congreso en segunda y última votación, establece multas de hasta 4,6 millones de colones (unos 9.000 dólares) para quienes ingresen o permanezcan en zonas no autorizadas dentro de las áreas silvestres protegidas, así como para quienes promuevan actividades turísticas ilegales en estos espacios.
La multa base será de 1,38 millones de colones (unos 2.200 dólares) para quienes incumplan la normativa y puede ir aumentando dependiendo de varias situaciones.
En el caso de operadores turísticos, las sanciones superan los 3 millones de colones (6.000 dólares) y pueden llegar hasta los 4,6 millones de colones (9.000 dólares) si un guía o empresa ingresa con visitantes a zonas catalogadas como de alto riesgo, como por ejemplo cráteres volcánicos.
Según las autoridades, el objetivo de las multas es prevenir daños a los ecosistemas, garantizar la seguridad de las personas visitantes y promover un uso responsable del patrimonio natural del Estado.
El dinero que se recaude por multas se invertirá en el fortalecimiento de las labores de control, vigilancia y protección en las áreas silvestres protegidas, informó el Gobierno.
Según los datos del Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) solo entre diciembre 2025 y enero de 2026 un total de 408 personas fueron detectadas ingresando por puntos no autorizados a zona protegidas.
El volcán Irazú encabeza la lista con 200 casos de ingresos ilegales, seguido por la isla San Lucas (Pacífico) con 88, y los volcanes Arenal, Poás y Turrialba.
"El ingreso y la realización de actividades no autorizadas provocan daños ambientales irreversibles, alteran hábitats sensibles y ponen en riesgo especies de flora y fauna, muchas de ellas en condición de amenaza o endémicas. Además, este tipo de prácticas expone a las personas visitantes a peligros naturales, al no contar con condiciones adecuadas de seguridad ni atención oportuna ante emergencias", declaró la jefa del departamento de Control y Protección del SINAC, Yeimy Cedeño. EFE