Registros en la Comisión Europea por la presunta venta irregular de activos inmobiliarios al Estado belga

La venta de 23 edificios comunitarios de la Comisión Europea al Estado belga, realizada en 2024 y valorada en aproximadamente 900 millones de euros, está bajo una investigación activa de la Fiscalía Europea, según confirmó Europa Press luego de recientes registros policiales en dependencias comunitarias en Bruselas. Este caso, cuyo epicentro se sitúa en el barrio europeo de la capital belga, involucra operaciones inmobiliarias donde los inmuebles suman una superficie global localizada entre 300.000 y 340.000 metros cuadrados de oficinas, datos que aportaron fuentes de medios belgas.

De acuerdo con el reporte de Europa Press, la investigación arrancó tras detectarse posibles irregularidades en dicha venta, lo que motivó a las autoridades a realizar registros en oficinas de la Comisión Europea. Fuentes comunitarias señalaron que las actuaciones buscan aclarar procedimientos y exigir cuentas sobre las condiciones de la transacción, que fue canalizada a través del fondo soberano belga SFPIM. La operación implicó la transferencia de edificios donde están instaladas instituciones clave de la Unión Europea, como el Servicio de Acción Exterior y el Consejo, además de la propia Comisión.

En declaraciones recogidas por Europa Press, un portavoz comunitario expresó el compromiso de la Comisión con la transparencia y la rendición de cuentas, afirmando que la institución colaboraría completamente con la Fiscalía Europea y con las autoridades belgas, entregando toda la información requerida para el avance de la investigación. Este representante añadió que la Comisión Europea sostuvo la postura de que "siguió los procedimientos y protocolos establecidos" para la operación inmobiliaria y que, por lo tanto, mantienen la confianza en que la venta se realizó “conforme a las normas”.

La Fiscalía Europea, según publicó Europa Press, detalló por su parte que las acciones realizadas tienen como objetivo la recopilación de pruebas en el contexto de una "investigación en curso". Sin embargo, la institución evitó proporcionar detalles adicionales sobre el alcance del caso o las posibles ramificaciones, argumentando la necesidad de preservar la confidencialidad de la investigación activa.

El origen de la transacción se remonta al año 2024, cuando el Estado belga, a través de la SFPIM, adquirió al menos 23 edificios municipales ubicados principalmente en el centro administrativo europeo de Bruselas. Los medios locales apuntaron que estos inmuebles poseen una superficie total situada entre 300.000 y 340.000 metros cuadrados destinados a oficinas administrativas, un conjunto clave para el funcionamiento diario de la arquitectura institucional de la Unión Europea.

Europe Press informó que los primeros datos públicos sobre la operación despertaron dudas en algunos sectores sobre la adecuación de los procedimientos y el cumplimiento de los protocolos internos en una enajenación de tal escala. Las autoridades europeas involucradas insistieron en su confianza hacia el proceso seguido, al tiempo que admitieron la complejidad y la importancia económica y funcional de la transacción para ambas partes.

El portavoz de la Comisión Europea, citado por Europa Press, manifestó que la institución tiene la disposición de “proporcionar toda la información y la asistencia necesarias para garantizar una investigación exhaustiva e independiente”. La institución también apuntó que, debido a la naturaleza confidencial de las diligencias abiertas por la Fiscalía Europea, no se facilitarán detalles adicionales mientras prosigan las indagaciones.

En cuanto a la magnitud de los activos involucrados, medios belgas y Europa Press resaltaron que la mayoría de las sedes vendidas se ubican en las proximidades de las instituciones europeas más relevantes, reforzando la posición estratégica de los edificios dentro del contexto político y administrativo del bloque comunitario.

El proceso de venta de patrimonio inmobiliario público de la Comisión al fondo soberano del Estado belga, junto con la investigación judicial subsecuente, sostiene la atención mediática y política en Bruselas, mientras los investigadores continúan las tareas de recopilación de pruebas y análisis documental, de acuerdo con lo reportado por Europa Press.