La abogada de Koldo pide someter al exasesor al polígrafo y un careo con Aldama de cara al juicio de mascarillas

Víctor de Aldama, uno de los tres imputados en el caso sobre las supuestas irregularidades durante la compra de mascarillas en la emergencia sanitaria, afronta una petición de siete años de prisión, inferior a la solicitada para los otros acusados, tras haber reconocido los hechos que se le imputan. Esta circunstancia fue expuesta en la vista preliminar en el Tribunal Supremo, en la que intervino la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz, quien instó a que su defendido sea sometido a la prueba del polígrafo y solicitó que se realice un careo entre García y Aldama para contribuir a esclarecer la causa. Según reportó el medio, ambas solicitudes se enmarcan en el proceso por la adquisición de material sanitario durante la pandemia y buscan “ayudar al tribunal a determinar la veracidad” de las declaraciones del exasesor.

De acuerdo con la información publicada, la letrada de Koldo García presentó estas peticiones ante los magistrados que enjuiciarán tanto al exasesor como al exministro José Luis Ábalos, ambos procesados por presuntas irregularidades en contratos vinculados a la pandemia. El tribunal celebró una audiencia preliminar, prevista en el artículo 785 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que exige la presencia del acusado y de su defensa. Durante esta audiencia, García y Ábalos acudieron personalmente, aunque la intervención en la sala correspondió exclusivamente a sus abogados, quienes insisten en la inocencia de sus clientes y reclaman que cesen las medidas de prisión provisional dictadas el 27 de noviembre del año pasado.

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado penas severas para los principales implicados: pide 24 años de prisión para el exministro Ábalos, 19 años y medio para Koldo García y siete para Víctor de Aldama. El medio detalló que el cálculo de la pena de este último es menor porque ha reconocido los delitos por los que se le acusa. Esta diferencia en las solicitudes de pena marca una separación entre los acusados que puede influir de forma relevante en el desarrollo del juicio.

Por parte de las acusaciones populares, coordinadas por el Partido Popular (PP), la reclamación de penas es todavía más estricta: exigen hasta 30 años de prisión tanto para Ábalos como para su exasesor García. Para Aldama, la petición coincide con la formulada por la Fiscalía Anticorrupción y alcanza los siete años de reclusión.

Según el medio, la defensa ha tratado de enfocar la estrategia en dos puntos principales: la propuesta de someter a Koldo García al polígrafo y la solicitud de un encuentro directo con Aldama, intención que busca contraponer versiones de los acusados y aportar elementos para que el tribunal disponga de mayores elementos de convicción sobre la veracidad de los testimonios. Leticia de la Hoz argumentó que ambas medidas podrían servir de apoyo para que los magistrados aclaren el papel de su defendido en las operaciones bajo investigación.

El proceso abierto en el Tribunal Supremo se centra en esclarecer el tipo de relación entre los imputados y la presunta comisión de delitos durante la adquisición de material sanitario bajo el contexto de emergencia generado por la pandemia. La audiencia preliminar regula la preparación del juicio y garantiza el derecho de defensa de los acusados, quienes siguen enfrentándose a la medida cautelar de prisión provisional desde finales de noviembre, de acuerdo con la información suministrada por el medio.

La diferencia en la estrategia de defensa y la aceptación de responsabilidades por parte de uno de los implicados marca la evolución del caso, en un procedimiento donde diversas partes solicitan penas de privación de libertad de alcance considerable. El desarrollo del juicio y la respuesta del tribunal a las solicitudes de la defensa determinarán los próximos pasos en uno de los casos judiciales destacados surgidos tras la gestión de contratos públicos en la fase crítica de la crisis sanitaria por COVID-19.