Alcaldesa de Los Ángeles firma orden ejecutiva que prohíbe a ICE usar propiedades públicas

La iniciativa que dirige el Departamento de Policía de Los Ángeles a conservar evidencia de operativos migratorios se integra como una de las disposiciones centrales de una nueva orden ejecutiva presentada por la alcaldesa de la ciudad. Esta normativa responde a la preocupación expresada por organizaciones civiles y activistas comunitarios, quienes en meses recientes evidenciaron incidentes en los que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) utilizaron espacios públicos y privados como puntos de apoyo para arrestos e intervenciones, especialmente enfocados en vendedores ambulantes y jornaleros en la ciudad. Según reportó EFE, la determinación surge en el contexto de protestas surgidas en Los Ángeles durante junio del año anterior, luego de que la ciudad se convirtiera en el primer municipio gobernado por demócratas en presenciar operativos migratorios de gran envergadura.

Tal como informó EFE, la alcaldesa Karen Bass rubricó la directiva denominada “Proteger a Los Ángeles”, que prohíbe explícitamente a los agentes federales del ICE utilizar cualquier inmueble que se encuentre bajo administración municipal o en poder de la ciudad en la ejecución de sus operativos migratorios. Esta política, desarrollada en conjunto con defensores de los derechos de los migrantes y organizaciones locales, apunta a reforzar el blindaje de los residentes ante posibles redadas y detenciones.

La orden ejecutiva también obliga al Departamento de Planificación Urbana a diseñar una legislación enfocada en aquellos propietarios que permitan el uso de sus predios o edificaciones por parte de autoridades migratorias federales. En ese sentido, el proyecto contempla que los dueños de dichos espacios afronten la imposición de tarifas específicas si otorgan sus instalaciones para actividades de ICE, detalló EFE.

En declaraciones recogidas por ese medio, Bass sostuvo: "Quiero ser clara: esto no es normal y nunca lo será. Es lo contrario de lo que se supone que debe hacer un gobierno federal", refiriéndose a la presencia de agentes federales en espacios municipales. Estas palabras subrayan la postura de la administración angelina tras los operativos que, a juicio de la alcaldesa, exceden lo que podría considerarse una colaboración intergubernamental adecuada.

De acuerdo con EFE, si bien en la actualidad la frecuencia de los operativos y arrestos no alcanza los niveles del año anterior, las acciones de ICE continúan, y las personas que se dedican al comercio ambulante o a trabajos informales figuran como población especialmente vulnerable. Bass ha denunciado que estos operativos han incluido el intento de instalar centros de operaciones transitorios no solo en infraestructuras públicas, sino también en aquellas que pertenecen a propietarios privados, motivando así la reacción institucional y la elaboración de nuevas normativas municipales.

La firma de la orden ejecutiva constituye una modificación significativa en la relación entre Los Ángeles y las agencias federales de inmigración, estableciendo límites claros al uso de recursos y propiedades locales en la implementación de políticas migratorias federales. EFE puntualizó que el proceso de elaboración de la medida involucró una consulta e intercambio continuo con sectores comunitarios y representantes de defensores de migrantes, quienes venían solicitando a la alcaldía pasos firmes para resguardar a personas afectadas por las redadas.

Mientras el Departamento de Policía deberá preservar material probatorio y documentar las actividades en las que intervienen agentes federales, el Departamento de Planificación Urbana enfrentará la tarea de regular la colaboración entre propietarios privados y autoridades de inmigración, delineando las sanciones correspondientes para quienes infrinjan el nuevo marco normativo. Según consignó EFE, la administración local intenta mediante estas acciones desalentar la instalación de bases temporales de ICE y garantizar que operativos similares a los registrados durante las protestas del año pasado no se repitan en propiedades bajo control municipal o faciliten la captura de trabajadores informales sin la debida transparencia.

Por su parte, defensores de los derechos de los migrantes y miembros de la sociedad civil han reiterado su respaldo a las acciones de la alcaldía, argumentando que el endurecimiento de las reglas es imprescindible para disminuir los efectos negativos de los operativos de ICE en comunidades migrantes de la ciudad, tal como recogió EFE. Según las organizaciones consultadas por el medio, la protección de la población migrante resulta prioritaria, y esperan que la nueva política sirva de modelo para otros municipios.

A partir de la ejecución de esta orden, Los Ángeles redefine los parámetros de cooperación entre el gobierno local y las autoridades federales encargadas del control migratorio, estableciendo barreras legales y administrativas para limitar la actuación de ICE en espacios administrados por la ciudad. El medio EFE concluyó que la implementación de la nueva normativa responde tanto al historial reciente de operativos como a la demanda sostenida de protección por parte de colectivos afectados y sus representantes.