Israel revoca la ciudadanía a dos ciudadanos araboisraelíes condenados por terrorismo

El Parlamento israelí decidió en 2023 que las personas condenadas por actos de terrorismo y que acepten fondos provenientes de la Autoridad Palestina perderían la ciudadanía, una medida que hasta ahora no se había aplicado. El gobierno israelí aplicó este martes por primera vez ese proceso, retirando la ciudadanía a dos ciudadanos árabeisraelíes y autorizando su expulsión. Según informó el medio ‘Times of Israel’, ambos individuos fueron previamente hallados culpables de ataques violentos y recibieron sentencias de prisión.

De acuerdo con la información publicada por ‘Times of Israel’, Mahmud Ahmad fue sentenciado a 23 años de prisión por abrir fuego contra soldados y civiles, mientras que Mohamed Ahmad Husein al Halsi recibió una pena de 18 años en 2016 tras apuñalar a una mujer de edad avanzada en Talpiot del Este, al sur de Jerusalén Este. El primer ministro Benjamin Netanyahu firmó la orden de revocación y detalló que ambos hombres recibieron recompensas de la Autoridad Palestina como consecuencia de sus acciones. Así lo comunicó la oficina de Netanyahu a través de sus redes sociales.

El primero de los involucrados residía en Kafr Aqab, una localidad palestina al norte de Jerusalén, mientras que el segundo vivía en Jabel Mukaber, un barrio situado en Jerusalén. Según publicó la agencia de noticias WAFA, ambos serían deportados a la Franja de Gaza, aunque la oficina del primer ministro no precisó este dato. El decreto de Netanyahu es el primer uso de la ley aprobada el año pasado por el Parlamento, la cual establece que la ciudadanía podrá ser revocada para personas condenadas por terrorismo si han recibido dinero de la Autoridad Palestina o de intermediarios vinculados.

El medio ‘Times of Israel’ destacó que la decisión representa un precedente legal, ya que nunca antes se había ejecutado una medida de expulsión en base a la legislación de 2023. El proceso se inició tras la identificación de que los condenados aceptaron pagos, considerados como recompensas, ligados a sus delitos. El gobierno inscribió su iniciativa en el marco de la seguridad nacional y de la lucha contra el terrorismo, además de buscar influir en las relaciones futuras con la Autoridad Palestina.

La oficina del primer ministro comunicó que la decisión tiene relación con los ataques que estos ciudadanos ejecutaron y el reconocimiento financiero recibido tras ellos, lo que encendió el debate sobre las prácticas de compensación por parte de la Autoridad Palestina hacia los presos relacionados con atentados. Hasta la fecha, ese aspecto había generado tensión en las relaciones entre Israel y la Autoridad Palestina, persistiendo discusiones sobre el impacto de esos estipendios para personas condenadas.

El contexto específico de esta revocación se ubica en medio de una serie de incidentes ocurridos en Jerusalén y en zonas adyacentes, los cuales han sido parte de un incremento en la violencia reportado por distintos medios internacionales. Según lo consignado por ‘Times of Israel’, la aprobación de la ley en el Parlamento respondió a antiguas demandas de sectores políticos de endurecer las medidas legales contra individuos que participen en ataques armados y que sean beneficiarios de fondos distribuidos por autoridades palestinas.

La decisión, informó el medio, se suma a otras políticas recientes aplicadas por el ejecutivo israelí referentes a la gestión de ciudadanos acusados de delitos graves contra la seguridad. Si bien organizaciones internacionales han analizado estos procedimientos bajo distintas perspectivas legales, Israel enfatizó la naturaleza excepcional del caso y el proceso detrás de la revocación de ciudadanía seguido por la deportación.

De acuerdo con ‘Times of Israel’, las familias de los dos ciudadanos no recibieron detalles sobre los plazos específicos de la deportación ni sobre el mecanismo exacto para la transferencia a Gaza. La ley adoptada en 2023 otorga al ministro del Interior autoridad para implementar la retirada de la ciudadanía en estos casos, previo visto bueno del primer ministro y de las autoridades judiciales competentes.

En los últimos años, tanto Kafr Aqab como Jabel Mukaber han sido escenarios de disputas y operaciones de seguridad, según reportó ‘Times of Israel’. Las autoridades israelíes han supervisado esas áreas con mayor intensidad después de una serie de ataques que se atribuyeron a residentes palestinos, lo que llevó a un debate sobre el alcance de los derechos ciudadanos para las personas implicadas en actividades tipificadas como terrorismo.

El precedente fijado por el decreto de Netanyahu se encuentra en observación por sectores políticos y jurídicos, pues podría orientar futuras acciones del gobierno israelí frente a delitos similares. La comunidad internacional y organismos de derechos humanos han seguido el caso en el marco de la revisión de las leyes relacionadas con ciudadanía, identidad y pertenencia nacional.

La aplicación de la ley y las órdenes de expulsión, reportó ‘Times of Israel’, forman parte de las estrategias oficiales para responder al entorno de seguridad y disuadir la reincidencia de ataques planificados o ejecutados por ciudadanos árabeisraelíes o residentes en Jerusalén Este, dentro de un escenario complejo y marcado por la tensión política y social en la región.