Entre las medidas contempladas por el sindicato CCOO se encuentra el aviso de que considerará acudir tanto al Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje (SIMA) como a la Audiencia Nacional si persiste el impago del aumento salarial pactado para 2026. Según reportó el comunicado citado por CCOO, la organización sindical alega que el incumplimiento prolongado de la patronal podría derivar en sanciones económicas y la paralización de las próximas negociaciones del convenio colectivo.
Tal como informó CCOO y recoge el medio, cerca de 25.000 trabajadores de la industria del calzado en España —ubicados principalmente en las provincias de Toledo, Alicante, La Rioja y Albacete— solicitan a los representantes empresariales la firma y aplicación de las tablas salariales correspondientes al año 2026. El inicio de febrero se caracterizó por la negativa de la patronal a ratificar esta actualización, obstaculizando que los salarios se incrementen como estipula el marco convencional vigente.
De acuerdo con el comunicado de CCOO difundido por el medio, la organización sindical exige al empresariado el cumplimiento de un aumento del 2% en los salarios de las plantillas, aludiendo que no se trata de una cuestión opcional, sino de una obligación formal según lo pactado en el convenio colectivo. Para supervisar la correcta aplicación de la cláusula de revisión salarial, CCOO de Industria se ha dirigido a la comisión paritaria de vigilancia e interpretación del propio convenio, tras constatar que la patronal continúa sin modificar las tablas salariales según lo estipulado.
La revisión salarial se fundamenta en el artículo 35.1.5 del convenio de la industria del calzado, el cual determina que, una vez vencido el período de vigencia —situación que se produjo en diciembre de 2025—, las tablas deben ajustarse al alza por la diferencia entre el IPC real acumulado y la subida salarial ya aplicada, considerando un tope máximo del 3%. Dicho incremento debe incorporarse a los salarios a partir de enero de 2026, según publicó la entidad sindical.
El medio precisa que la falta de cumplimiento por parte de los representantes empresariales ha derivado en que los empleados del sector aún no recibieron la retribución correspondiente, que equivale como mínimo al 2% de incremento. Frente a la postura de la Federación de Industrias del Calzado Español y la Asociación de Empresas de Componentes del Calzado, que mantienen su negativa, CCOO anunció que también pondrá en funcionamiento el artículo 2 del convenio. Este artículo establece que las demoras en los pagos se traducirán en una penalización equivalente al 25% de la cantidad adeudada.
Ante la posibilidad de que la comisión paritaria no logre resolver el desacuerdo, CCOO manifestó en su comunicado que elevará el conflicto ante el SIMA, y si la situación continúa, llevará la reclamación a la Audiencia Nacional. Estas vías judiciales e institucionales se activarán solamente en caso de persistencia en el incumplimiento de lo pactado, advirtió el sindicato según destaca el comunicado replicado por el medio.
El sindicato recordó que durante el año 2022 la actualización salarial pactada fue implementada recién a partir del mes de julio, en lugar de enero como estaba acordado, lo que desembocó en una elevación salarial incompleta para ese ejercicio. A partir de este antecedente, CCOO insistió en la importancia de que la patronal no utilice la exigencia del cumplimiento de los acuerdos pasados como motivo para demorar o dificultar la negociación del próximo convenio.
Tal como publicó el sindicato en su comunicado —recogido por el medio—, demandó que la constitución de la mesa negociadora tenga lugar durante febrero, e indicó que el proceso para la negociación del nuevo convenio colectivo debe darse en condiciones normales, de modo paralelo e independiente a las obligaciones de revisión salarial ya exigidas por los trabajadores y al pago de las cantidades pendientes.
De acuerdo con la información divulgada por CCOO y difundida por el medio, la organización sindical mantiene la postura de que el respeto a los acuerdos es esencial para garantizar la seguridad laboral de los aproximadamente 25.000 empleados vinculados al sector del calzado, reclamando el cumplimiento de las obligaciones vigentes y evitando que se genere un clima de incertidumbre en la industria.
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