La ONU denuncia nuevas operaciones israelíes para expulsar a cientos de palestinos en territorio ocupado

La cifra de personas forzadas a abandonar sus hogares por operaciones militares israelíes en Cisjordania ha superado los 32.000 desplazados, solo en 2023, cuando las expulsiones en los campos de Yenín, Tulkarem y Nur Shams generaron un éxodo masivo. Según informó Naciones Unidas, este fenómeno no se detiene y ha cobrado fuerza desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023, con nuevos operativos que amenazan la permanencia de cientos de palestinos en los territorios ocupados de Cisjordania y Jerusalén Este. El organismo advirtió que estas medidas, acompañadas por desalojos, detenciones y demoliciones de viviendas, representan desplazamientos forzados prohibidos bajo el derecho internacional, y afectan gravemente las perspectivas de consolidar un futuro Estado palestino y asegurar el derecho a la autodeterminación.

De acuerdo con la información proporcionada por la ONU, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos ha registrado varios episodios recientes que refuerzan esta preocupación. El 12 de enero, fuerzas de seguridad israelíes intervinieron en el campo de refugiados de Shufat y el barrio de Kafr Aqab, ubicados al norte de Jerusalén, así como en las inmediaciones del campo de refugiados de Qalandia, en Cisjordania. Durante estas operaciones, las autoridades detuvieron a 25 palestinos y demolieron 70 viviendas. El organismo internacional sostiene que estas acciones parecen formar parte de los preparativos para desarrollar asentamientos a gran escala en la zona.

El medio de comunicación de Naciones Unidas detalló que el 23 de enero, las autoridades israelíes emitieron órdenes de desalojo para los residentes de 22 viviendas palestinas en el barrio musulmán de la Ciudad Vieja de Jerusalén, así como en sectores de Al Bustan y Batn Al Hawa, localizados en el barrio de Silwan, también en Jerusalén. Los habitantes de estos lugares han estado recibiendo avisos de desahucio durante más de dos meses, mientras la ONU alerta que los desalojos podrían afectar a cientos de palestinos en el corto plazo.

El portavoz del Alto Comisionado, Thameen al Kheetan, declaró que estas acciones, sumadas a los planes de expansión de asentamientos israelíes, comprometen de forma significativa la viabilidad de un Estado palestino y obstaculizan la posibilidad de que los palestinos ejerzan su derecho a la autodeterminación. Añadió que este patrón de desplazamientos forzados perpetúa una situación similar a la vivida el año anterior en el norte de Cisjordania.

Según publicó la ONU, la organización considera que estos incidentes constituyen crímenes en el marco del derecho internacional al estar el desplazamiento forzado expresamente prohibido. El portavoz remarcó que las operaciones de desalojo y demolición se producen en un escenario caracterizado por la violencia reiterada de colonos israelíes, quienes actúan con el respaldo y la implicación de fuerzas de seguridad estatales. Mientras tanto, los asentamientos israelíes continúan extendiéndose a un ritmo que el organismo califica como no visto anteriormente.

Entre los ejemplos recientes enumerados por Naciones Unidas se encuentra lo sucedido en diciembre de 2023, cuando el Gobierno israelí puso en marcha licitaciones para la construcción de más de 3.000 unidades habitacionales en áreas ubicadas entre Jerusalén Este, Ramala y Belén, tres de los principales núcleos urbanos palestinos. Según consignó la ONU, ese mismo mes, Israel también dispuso la creación de 19 nuevos asentamientos, entre los que figuran varios localizados en los alrededores de los campos de refugiados desalojados en el norte de Cisjordania.

A la problemática de los desalojos y las demoliciones se suma el saldo letal del conflicto. Naciones Unidas pudo verificar que, desde el estallido de la guerra en Gaza, miembros de las fuerzas de seguridad y colonos israelíes han matado a 1.054 palestinos en la Cisjordania ocupada, incluyendo Jerusalén Oriental. Además, otras 12 personas murieron dentro del territorio israelí en el mismo periodo. Por otra parte, el organismo contabiliza 62 muertes de ciudadanos israelíes como consecuencia de ataques palestinos o enfrentamientos armados en Cisjordania o en territorio israelí.

El vocero del Alto Comisionado destacó que este ciclo de violencia y expansión de asentamientos afecta de manera directa al tejido social y urbano palestino, condicionando de forma estructural las posibilidades de vida de la población en las áreas ocupadas. Según reportó la ONU, la intervención de colonos y de fuerzas de seguridad en el proceso de desalojo y demolición agrava la situación de conflicto y vulnerabilidad de los habitantes palestinos.

La agencia internacional reiteró que el desplazamiento forzado de personas constituye una grave violación del derecho internacional, y criticó la continuidad de las políticas y acciones que generan este resultado. Naciones Unidas también expresó su preocupación frente a la aceleración en el desarrollo de asentamientos, cuyo impacto no solo trasciende la vida de quienes son desalojados actualmente, sino que también compromete las bases necesarias para cualquier futura solución política que contemple el derecho de los palestinos a la autodeterminación y a la creación de su propio Estado.