Durante su testimonio ante la sección de Instrucción número 1 del Tribunal de Instancia de Barcelona, Joan Gaspart declaró que no mantenía ninguna relación personal ni profesional con José María Enríquez Negreira y su hijo Javier Enríquez, ambos vinculados al Comité Técnico de Árbitros (CTA). El exdirigente del FC Barcelona compareció este viernes como testigo en la investigación sobre los supuestos pagos realizados por el club catalán a Negreira y su hijo, una cifra que, según reportó la agencia Europa Press, superó los 7 millones de euros entre 2001 y 2018. En el centro de la investigación judicial se encuentra la sospecha de que dichas sumas podrían constituir una retribución ilegítima destinada a influir en decisiones arbitrales.
El medio Europa Press consignó que Gaspart, quien ocupó el cargo de vicepresidente del Barcelona desde 1978 hasta 2000 y ejerció como presidente entre 2000 y 2003, sostuvo tras su comparecencia que “el Barça jamás ha cometido una ilegalidad”. Esta afirmación la expresó al concluir su declaración en el juzgado, donde fue cuestionado sobre el presunto beneficio obtenido a través de pagos a los exdirigentes arbitrales.
Joan Gaspart explicó que, pese a que la relación contractual entre el club y Negreira inició durante su etapa como presidente a partir del año 2001, aseguró no haber estado al tanto de los detalles de dichos contratos ni conocer personalmente a los implicados. Según detalló Europa Press, el exmandatario azulgrana enfatizó ante los medios que carece de información sobre la naturaleza exacta de estos acuerdos y negó cualquier implicación en la gestión directa de esos pagos.
Las pesquisas judiciales tratan de determinar si las transferencias efectuadas a Negreira y su hijo respondieron a una contraprestación legítima por servicios prestados o si, al contrario, representaron una maniobra para obtener favores arbitrales de manera ilícita. El proceso judicial examina distintas etapas presidenciales de la entidad culé, ya que los pagos se prolongaron a lo largo de diferentes mandatos, incluidas las gestiones de Joan Laporta (en su primer periodo como presidente), Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, y finalizaron en mayo de 2018, según la información recabada por Europa Press.
Durante el periodo investigado, el club continuó pagando a la familia Negreira bajo distintos conceptos administrativos. De acuerdo con los datos facilitados por Europa Press, la acumulación de estos pagos ascendió a más de 7 millones de euros a lo largo de 17 años. Los magistrados buscan esclarecer si existió alguna contraprestación real y justificada o si, por el contrario, los desembolsos contenían un trasfondo irregular ligado a la integridad de las competiciones.
Gaspart insistió en que su desconocimiento de los pormenores de la relación contractual se debía a que, como presidente, no supervisaba personalmente todos los contratos celebrados por la entidad. Alegó también que los procedimientos internos del club le impedían estar al corriente de todos los movimientos financieros específicos, salvo en los casos de especial relevancia.
La aparición de la información sobre los presuntos pagos y su finalidad ha dado lugar a un procedimiento judicial que implica tanto la revisión documental como la comparecencia de antiguos responsables del club y del ámbito arbitral. Europa Press recordó que tanto la cantidad transferida como la continuidad de la relación contractual son elementos clave analizados por el juzgado barcelonés para determinar posibles responsabilidades.
El testimonio de Gaspart constituye una de las aportaciones a la serie de declaraciones previstas en el marco de la investigación. Los jueces responsables del sumario recopilan documentos vinculados a la contabilidad del club y a la actividad de Negreira y su hijo, así como testimonios de otros dirigentes y exempleados. Según la cobertura de Europa Press, ningún expresidente o directivo del FC Barcelona ha admitido hasta la fecha haber autorizado o conocido directamente una supuesta finalidad irregular en los pagos.
La justicia catalana avanza en el análisis de las pruebas reunidas, mientras la directiva azulgrana y sus antiguos responsables se esfuerzan por desvincular a la institución de cualquier práctica ilícita. El caso sigue generando reacción en el entorno futbolístico y mantiene la atención pública sobre las relaciones históricas entre entidades deportivas y órganos de arbitraje.
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