Una candidata presidencial denuncia que 'Pipe Tuluá' realizó pagos a la campaña de Petro en 2022

Vicky Dávila aseguró que recibió pruebas de supuesto financiamiento ilícito a favor de Gustavo Petro en las presidenciales de Colombia, atribuyéndolas a un extraditado cabecilla criminal, mientras el mandatario rechaza cualquier vínculo y exige investigación exhaustiva

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Durante una rueda de prensa celebrada en Bogotá, Vicky Dávila expuso que fue contactada por un individuo cercano a alias 'Pipe Tuluá', quien le entregó un audio con información sobre presuntos aportes económicos a la campaña presidencial de Gustavo Petro. Dávila, candidata del Movimiento Valientes, afirmó que 'Pipe Tuluá', cabecilla extraditado del grupo criminal La Inmaculada, habría financiado la campaña electoral de Petro en 2022 mediante pagos realizados a través de Juan Fernando Petro, hermano del actual mandatario. De acuerdo con lo reportado por la propia Dávila y consignado por agencias de noticias internacionales, el líder extraditado aseguró disponer de pruebas, incluidas grabaciones de audio y video, que se presentarán ante autoridades de Estados Unidos.

Según detalles compartidos por Dávila y publicados por diversos medios, la entrega de esas pruebas se produjo luego de la extradición de 'Pipe Tuluá' a territorio estadounidense, la cual cobró relevancia al estar vinculada no solo a los procesos judiciales en curso en Colombia, sino también a acusaciones de tráfico de drogas a gran escala en Estados Unidos. La candidata precisó que recibió la información el mismo día en que tuvo lugar la extradición, después de ser contactada de manera expresa por un allegado cercano al líder criminal. Dávila manifestó que su comparecencia ante los medios obedecía a lo que describió como una 'obligación moral' de poner estos hechos en conocimiento de las autoridades y de la opinión pública para su debida investigación.

El presidente Gustavo Petro, por su parte, rechazó de manera enfática las acusaciones a través de una entrevista difundida por Caracol Radio, donde negó la existencia de vínculos entre su equipo de campaña y el jefe del grupo delictivo extraditado. Petro indicó: "Pueden decir los bandidos lo que quieran. Yo no me hago elegir por asesinos, me hago elegir por el voto libre de mi pueblo". El mandatario añadió que su hermano también desmiente la supuesta existencia de entregas de dinero por parte de 'Pipe Tuluá'. Según publicó el medio Caracol, el presidente destacó que cualquier señalamiento debe ser objeto de investigación formal y reiteró su postura de desvinculación de actividades ilegales.

'Pipe Tuluá', identificado como líder de la organización criminal La Inmaculada, fue trasladado a Estados Unidos donde enfrenta cargos en una corte de Texas por delitos asociados al tráfico de drogas. De acuerdo con las reseñas periodísticas, entre las actividades atribuidas al grupo bajo el mando de 'Pipe Tuluá' figura la colaboración con redes internacionales como La Línea y el Cártel de Sinaloa de México, así como la Oficina de Envigado en Colombia, organización cuyos antecedentes se remontan a los años de actuación del narcotraficante Pablo Escobar como red de sicarios.

Según reportó la prensa local, la extradición se decidió mientras 'Pipe Tuluá' cumplía una condena de 30 años en Colombia por homicidio, extorsión y asociación para delinquir. La vigilancia del cabecilla se incrementó en la comisaría de Los Mártires, en el centro de Bogotá, luego de detectar que seguía dirigiendo actividades delictivas desde prisión. El liderazgo de 'Pipe Tuluá' al frente de La Inmaculada, con operaciones activas en el departamento del Valle del Cauca y principalmente en la ciudad de Tuluá, ha estado bajo la lupa de las autoridades tanto colombianas como estadounidenses.

El medio detalló también que, tras el arresto de Mauricio Marín Silva, alias 'Nacho' y hermano de 'Pipe Tuluá', se produjo un aumento en los hechos violentos asociados a la estructura criminal. Esta organización se ha visto relacionada con episodios de violencia y actividades ilegales en la región occidental de Colombia, reflejo de su capacidad de actuación a pesar de los reveses judiciales contra sus líderes.

Las declaraciones de Dávila abren un nuevo ángulo de escrutinio político y judicial sobre la campaña presidencial de 2022, y colocan a la actual administración y al entorno del presidente en el centro de una controversia sobre presunto financiamiento ilícito procedente de estructuras criminales. Tanto la candidata como el presidente han expresado su disposición a que las autoridades competentes esclarezcan en profundidad los hechos, en medio de la atención nacional e internacional que suscita el caso.