La Abogacía Española muestra "solidaridad" con los abogados venezolanos y reclama una "transición pacífica" para el país

La cooperación internacional ha ocupado un papel central en las conversaciones recientes sobre la situación de los abogados en Venezuela, según ha detallado el Consejo General de la Abogacía Española en un comunicado. El presidente de la Abogacía, Salvador González, reiteró que la protección de los profesionales venezolanos del derecho, así como la defensa de su independencia y la garantía de que puedan ejercer su labor en defensa de los derechos y libertades, requiere una colaboración activa junto a entidades como la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados (UIBA) y el Observatorio Internacional de la Abogacía en Riesgo (OIAD). En ese contexto, González subrayó la urgencia de fortalecer el Estado de derecho en Venezuela, idea respaldada tanto por instituciones jurídicas internacionales como por actores sociales y representantes nacionales, según informó el medio.

El Consejo General de la Abogacía Española manifestó este miércoles su solidaridad y respaldo a los abogados venezolanos, al tiempo que reclamó una “transición pacífica hacia un sistema que garantice plenamente el Estado de derecho, la separación de poderes y el respeto a los valores democráticos en el país”, según consignó la propia entidad en una nota de prensa. Salvador González sostuvo un encuentro oficial en la sede del Consejo con el presidente de la UIBA, Carlos Andreucci; el vicepresidente Alfonso Pérez-Cuéllar; y el expresidente de la Federación Interamericana de Abogados de Venezuela, Rafael Veloz. Allí, González transmitió el compromiso de la Abogacía Española con la protección de las libertades fundamentales y la dignidad humana, además de expresar su preocupación por la situación institucional, social y jurídica que enfrenta Venezuela actualmente.

Durante la sesión, Salvador González hizo énfasis en el respaldo a los abogados venezolanos que ejercen en un ámbito que presenta dificultades particulares para el libre desarrollo de la profesión, incluyendo riesgos a su independencia y a su seguridad personal. Según publicó el propio Consejo, González reafirmó la continuidad del apoyo de la organización a los juristas venezolanos e insistió en la cooperación junto a la UIBA y el OIAD para asegurar su protección efectiva.

Tras la primera reunión, la deliberación avanzó hacia un encuentro más amplio que reunió a múltiples referentes del ámbito jurídico y social venezolano, según reportó el Consejo General de la Abogacía Española. A la sesión se sumaron Encarna Orduna, secretaria general del Consejo; Berta Álvarez, coordinadora de la Fundación Abogacía; miembros de la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela; dirigentes de la Asamblea Nacional de 2015 y la Plataforma Unitaria, así como presidentes y representantes de los 24 estados venezolanos, integrantes del Programa de Organización Ciudadana (POC), del Frente Amplio Profesional Internacional (FAPI) y de la Plataforma de integración de líderes sociales dentro y fuera del país, además del decano de la facultad de derecho de la Universidad Central de Venezuela.

En el transcurso de esta reunión ampliada, se expuso la disposición de la Abogacía Española de trabajar de forma conjunta tanto con organismos internacionales como con actores venezolanos para fomentar una “transición pacífica, democrática y respetuosa con los Derechos Humanos en Venezuela”. El documento difundido subrayó que esta transición solo será efectiva a partir de la participación libre y plural de toda la sociedad venezolana, sustentada en el diálogo, el consenso social y el camino hacia la reconciliación nacional.

De acuerdo con el comunicado del Consejo General de la Abogacía Española, parte central de la conversación estuvo centrada en la necesidad de que la ciudadanía venezolana ejerza sus derechos políticos sin injerencias, intimidaciones o restricciones. Las distintas organizaciones y personalidades presentes coincidieron en que solo así podrán contribuir activamente al proceso de reconstrucción institucional y al restablecimiento de la vida democrática en Venezuela.

Tal como reportó el Consejo, las intervenciones de los asistentes también hicieron referencia a las situaciones que afectan el libre ejercicio de la abogacía en el país, puntualizando las limitaciones, presiones y amenazas que comprometen tanto la autonomía profesional como la seguridad personal de los abogados. González manifestó que el consejo mantendrá la colaboración con redes internacionales para fortalecer la defensa ante estos desafíos, y reiteró que la promoción de condiciones democráticas constituye una labor prioritaria para el colectivo de abogados a nivel internacional.

El Consejo General de la Abogacía Española declaró la importancia de seguir desarrollando alianzas interinstitucionales, con el objetivo de mantener canales permanentes de comunicación y asistencia, que permitan a los abogados venezolanos contar con respaldo externo en eventos de vulneración a sus derechos y en su rol como defensores de las garantías fundamentales. Esta postura, agregó el consejo, responde no solo a un deber profesional sino a un compromiso ético y humanitario por el restablecimiento de un entorno donde la justicia y los derechos humanos prevalezcan.