UNICEF alerta de que más de 450.000 niños corren riesgo de desnutrición aguda por el conflicto en Jonglei

Los suministros de alimentos terapéuticos que resultan esenciales para el tratamiento de la desnutrición grave escasean en seis condados del estado de Jonglei, uno de los epicentros del conflicto armado en Sudán del Sur, según reportó el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF). Este desabastecimiento se produce mientras las organizaciones humanitarias enfrentan crecientes dificultades para distribuir ayuda debido a las restricciones en los desplazamientos por río, aire y carretera, producto del repunte de la violencia armada en la región.

De acuerdo con la información publicada por UNICEF, más de 450.000 menores están expuestos a niveles críticos de desnutrición aguda, una condición que aumenta drásticamente su riesgo de fallecimiento si no reciben un tratamiento adecuado. Uno de los indicadores más alarmantes, según la agencia de la ONU, es el cierre temporal o definitivo de 17 centros de salud en Sudán del Sur, entre ellos cinco localizados en Jonglei, tras una serie de incidentes de saqueo que han mermado la capacidad del sistema sanitario para atender a la población más vulnerable.

La representante de UNICEF en Sudán del Sur, Noala Skinner, alertó mediante declaraciones consignadas por el medio que el riesgo para la infancia afecta principalmente a niños y niñas desplazados por los enfrentamientos, quienes se encuentran en zonas con tasas históricamente altas de desnutrición infantil. Skinner remarcó: “Sabemos que un niño desnutrido sin tratamiento tiene doce veces más probabilidades de morir”. Insistió, además, en la necesidad de que las partes en conflicto detengan la violencia y permitan el acceso rápido y seguro de la ayuda humanitaria, priorizando los apoyos hacia los desplazados que enfrentan mayores carencias.

Según informó UNICEF, aproximadamente 250.000 personas han abandonado sus lugares de residencia en el estado de Jonglei a causa de los recientes combates. Este desplazamiento masivo ha sobrecargado la infraestructura disponible, en momentos en que las restricciones de movimiento afectan tanto a la población civil como a los trabajadores humanitarios, según detalló la misma agencia internacional. El suministro de recursos vitales como alimentos terapéuticos se ha visto particularmente comprometido, ya que estos productos resultan indispensables para salvar la vida de aquellos menores que presentan cuadros graves de desnutrición.

La inseguridad también se ha traducido en dificultades adicionales para el personal médico. UNICEF describió que al menos diez incidentes recientes involucraron el saqueo de suministros sanitarios y nutricionales, limitando la capacidad de respuesta ante brotes de enfermedades y otras emergencias de salud pública. De los incidentes mencionados, cinco afectaron directamente a centros de atención situados en Jonglei, agravando la situación que enfrentan los desplazados en esa región.

Pese a las dificultades logísticas y la persistencia de la violencia, la agencia de la ONU informó sobre esfuerzos para mantener ciertas operaciones de emergencia. UNICEF envió un lote de equipos de purificación de agua, cubos y jabón al condado de Duk, ante la amenaza de una eventual epidemia de cólera. Además, en Akobo, otro condado de Jonglei, la agencia distribuyó tratamientos contra la malaria, alimentos terapéuticos para la atención de la desnutrición y kits de salud de emergencia con el objetivo de asistir a poco más de 10.000 personas.

El contexto de esta crisis humanitaria está marcado por la intensificación reciente de las hostilidades armadas. El Ejército de Sudán del Sur lanzó una ofensiva militar a finales de enero en Jonglei contra el Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán en la Oposición (SPLM-IO), liderado por el ex vicepresidente Riek Machar. Tras la ofensiva, las autoridades solicitaron la evacuación de civiles en tres condados, así como de los llamados "cascos azules" de la Misión de Asistencia de Naciones Unidas en Sudán del Sur (UNMISS) y de trabajadores de organizaciones humanitarias.

Según relató UNICEF, la escalada de la violencia escaló en febrero de 2025, luego de que la milicia Ejército Blanco realizó un ataque contra el ejército sursudanés en la localidad de Nasir, situada en el estado de Alto Nilo, cerca de la frontera con Etiopía. Tras la toma temporal de la ciudad por parte de esta milicia, las autoridades colocaron a Riek Machar bajo arresto domiciliario por acusaciones de conspiración contra la seguridad nacional, lo que provocó que el SPLM-IO denunciara una violación al acuerdo de paz firmado en 2018.

El recrudecimiento de los enfrentamientos contribuyó además al cierre de carreteras y rutas fluviales, dificultando el desplazamiento tanto de la población civil como de los equipos de cooperación internacional. Según consignó UNICEF, estas restricciones de acceso han obstaculizado todavía más los intentos de entregar alimentos, medicamentos y material sanitario a quienes más los necesitan.

La crisis política suma elementos de inestabilidad al contexto humanitario. El presidente de Sudán del Sur, Salva Kiir, promulgó en septiembre de 2024 una reforma constitucional que extendió en dos años adicionales el periodo de transición, una decisión que recibió críticas de la comunidad internacional. Diferentes actores internacionales han exigido al gobierno sursudanés la implementación de la totalidad del acuerdo de paz de 2018 y avances concretos hacia la organización de elecciones y la consolidación de los compromisos asumidos.

De acuerdo con UNICEF, la simultaneidad de crisis políticas, violencia armada y desplazamientos masivos ha profundizado la vulnerabilidad de la población infantil en el estado de Jonglei y en otros puntos del país. La agencia reiteró en sus informes la urgencia de medidas que permitan restablecer los servicios de salud y asegurar la entrega de ayuda humanitaria, especialmente con el antecedente de epidemias como el cólera y enfermedades como la malaria, que suelen agravarse durante episodios de desplazamiento forzado y desnutrición.

La combinación de factores adversos aumenta el riesgo de mortalidad infantil y pone en jaque la capacidad de respuesta de las instituciones a cargo de la atención humanitaria. UNICEF insistió en la necesidad de cooperación entre actores nacionales, internacionales y ONG, fundamentando esta demanda en el peligro que enfrenta la infancia ante la actual crisis multidimensional. Estas declaraciones se produjeron en el marco de una petición abierta a las partes en conflicto y a la comunidad internacional para que faciliten la llegada de recursos y la protección de los desplazados, tal como recogió la agencia en sus más recientes comunicaciones.