La Comisión Europea ha expresado su solidaridad con España luego de la expulsión del embajador español en Managua, Sergio Farré Salvá, y del segundo jefe de la delegación diplomática española en Nicaragua, una medida adoptada por el Gobierno de Daniel Ortega sin explicación pública y calificada por Bruselas como unilateral e injustificada. Según declaraciones enviadas a Europa Press y citadas por el medio, la Comisión advirtió que la decisión tomada por las autoridades nicaragüenses “solo conducirá a un mayor aislamiento internacional” para el país centroamericano y exigió al Ejecutivo de Ortega que revierta la orden.
El portavoz de Exteriores de la Comisión Europea detalló a Europa Press que considera inaceptable la salida forzada del embajador y su adjunto, quienes recibieron apenas 24 horas para dejar el país, desde donde Farré Salvá ejercía como representante diplomático de España desde el 2 de diciembre pasado. En el mismo comunicado, la Unión Europea reiteró su apoyo “pleno” a España y defendió la necesidad de mantener abiertas las vías del diálogo y la diplomacia. El portavoz comunitario aseguró: “Reafirmamos nuestro compromiso continuo con el pueblo nicaragüense y con la defensa de la democracia, los Derechos Humanos, el Estado de derecho y el libre funcionamiento de las organizaciones de la sociedad civil”.
La reacción de Bruselas respondía directamente a la acción adoptada por Managua durante el pasado fin de semana, cuando el Gobierno de Nicaragua ejecutó la expulsión del embajador español Sergio Farré Salvá y de su segundo de manera sumaria y sin proporcionar motivos formales, tal como detalló Europa Press. Ante esta situación, el Ministerio de Exteriores de España procedió a la expulsión recíproca del embajador de Nicaragua en Madrid, Mauricio Carlo Gelli, así como de otro diplomático acreditado en la capital española. El Gobierno de España precisó en su respuesta que la medida se adoptó "en estricta reciprocidad" y en alusión directa al acto realizado por Managua; no obstante, evitó difundir información adicional acerca de los argumentos utilizados por el gobierno de Daniel Ortega para justificar la decisión.
El ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, se refirió al asunto en declaraciones recogidas por Europa Press, limitándose a explicar que “las explicaciones las debería dar el Gobierno de Nicaragua”. Albares defendió el trabajo de los diplomáticos expulsados, al señalar: “Lo que sí le puedo decir es que el embajador de España en Nicaragua, como todos los embajadores españoles en el mundo, realizan sus funciones de manera escrupulosa en respeto de la Convención de Viena que rige las relaciones diplomáticas. Y por lo tanto, esa expulsión que se hizo de manera sumaria, dándole 24 horas, es absolutamente injusta”.
A pesar del conflicto diplomático, el jefe de la diplomacia española mantuvo un tono que buscó aliviar las tensiones con la sociedad nicaragüense, manifestando que España seguirá promoviendo la mejor relación posible con el pueblo del país centroamericano. En palabras recogidas por Europa Press, Albares afirmó el compromiso de España con los nicaragüenses y reiteró la intención de mantener abiertos los canales para la cooperación y el diálogo a pesar de las expulsiones recientes.
La Unión Europea, a través de sus portavoces, pidió al Ejecutivo de Daniel Ortega que revierta la expulsión y restablezca la normalidad en las relaciones diplomáticas, al considerar que solo el mantenimiento del diálogo puede evitar el creciente aislamiento internacional de Nicaragua, como subrayó Europa Press. Además, Bruselas insistió en su respaldo a los principios democráticos y a los derechos civiles en el país latinoamericano, en el contexto de persistentes tensiones entre el Gobierno nicaragüense y varios actores internacionales.
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