Roma, 30 ene (EFE).- La apertura del Año Judicial 2026 en Italia estuvo marcada este viernes por la preocupación de la magistratura ante la reforma del sistema judicial impulsada por el Gobierno de Giorgia Meloni y que se someterá a referéndum en marzo, en un clima de tensión entre ambos poderes del Estado.
La ceremonia se celebró en el Tribunal de Casación de Roma, el máximo órgano judicial de Italia, con la presencia del presidente de la República, Sergio Mattarella, y de los principales representantes de las instituciones.
La reforma, aprobada por el Parlamento y el Senado en 2025, prevé, entre otros puntos, la separación de las carreras de jueces y fiscales y cambios en el Consejo Superior de la Magistratura (CSM), órgano de autogobierno de la judicatura.
Estas medidas han sido duramente criticadas por asociaciones de magistrados y sectores de la oposición, que temen un debilitamiento de la independencia judicial.
En su intervención, el primer presidente de la Corte, Pasquale D'Ascola, defendió la autonomía del poder judicial como "piedra angular del sistema constitucional" y subrayó que la independencia de los jueces "no es un privilegio, sino requisitos previos para que el juez sea siempre imparcial".
El vicepresidente del CSM, Fabio Pinelli, advirtió del impacto del enfrentamiento institucional en la confianza ciudadana y alertó de que "la deslegitimación mutua debilita las instituciones y socava el pacto de confianza entre estas y la ciudadanía", en un momento que calificó de especialmente tenso para la vida institucional del país.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Carlo Nordio, rechazó las críticas a la reforma y defendió su constitucionalidad.
"Considero blasfemo afirmar que la reforma tiende a socavar el principio de independencia y autonomía del poder judicial", afirmó, antes de asegurar que el Ejecutivo respetará el resultado del referéndum.
"Si el 'No' gana el referéndum sobre la reforma constitucional del sistema judicial, nos mantendremos firmes en nuestra postura, respetando su decisión. Si gana el 'Sí', al día siguiente iniciaremos un diálogo con el poder judicial, el mundo académico y la abogacía", agregó.
El procurador General del Tribunal de Casación, Pietro Gaeta, cerró los discursos con una advertencia de la gravedad del enfrentamiento entre magistrados y políticos.
"El conflicto entre jueces y políticos, tal como se presenta a los ojos de los ciudadanos, ha alcanzado niveles inaceptables para un país que tradicionalmente se proclama la cuna del liberalismo jurídico", aseguró. EFE
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