El debate acerca de la regularización extraordinaria de migrantes en España ha puesto sobre la mesa opiniones divergentes entre autoridades eclesiásticas. El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, expresó su respaldo a la nueva normativa, subrayando que representa un "reconocimiento de la dignidad humana" y ofrece "una oportunidad para colaborar en el bien común". Añadió que esta medida beneficia a personas que ya se encontraban trabajando sin la posibilidad de cotizar impuestos, lo que ahora facilita su proceso de regularización. Según publicó Europa Press, Argüello lamentó que la disposición gubernamental no se hubiera aprobado antes, señalando que “ciertamente, este decreto podría haberse firmado hace meses” y relacionó su aprobación al actual “momento de oportunidad política”.
En contraste, dos obispos españoles han mostrado su inquietud respecto a la regularización de migrantes, refiriéndose a ella como una acción que exige un análisis más detallado en el Parlamento. El arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz, manifestó en redes sociales que la acogida a personas extranjeras corresponde a una actitud agradecida, pero planteó interrogantes sobre la capacidad del país para recibir a todos los migrantes. Sanz indicó que es necesario establecer medidas que califica como sensatas y planteó que no se debe recurrir a soluciones que tilden de populistas o demagógicas. “¿Cuántos podemos asumir? Todos no caben y hay que establecer medidas sensatas, no populistas ni demagógicas, para acoger a los posibles descartando a cuantos extrañamente se nos cuelan”, escribió Sanz conforme reportó Europa Press.
Asimismo, el obispo de Orihuela-Alicante, José Ignacio Munilla, acusó al Ejecutivo de emplear la regularización de migrantes como “moneda de cambio”. A través de su cuenta en la red social ‘X’, Munilla cuestionó la inclusión de la subida de las pensiones y la regularización de extranjeros en el marco del mismo ‘decreto ómnibus’, sugiriendo que ambas acciones forman parte de estrategias políticas encaminadas hacia fines ajenos a los colectivos directamente afectados. El prelado denunció que este modo de proceder pone en evidencia el trato que los responsables políticos otorgan tanto a los pensionistas como a los inmigrantes, según sintió Europa Press.
Munilla comentó además sobre la importancia de un debate parlamentario que contemple “los matices convenientes” para una decisión que considera fundamental y afirmó que existe una conciencia ética entre la ciudadanía acerca de la dignificación de los jubilados y el apoyo a la regularización de trabajadores extranjeros en situación irregular. Rechazó igualar la situación actual a la persecución y expulsión de hispanos en Estados Unidos, según recogió Europa Press, y criticó la manera en que el Gobierno abordó la cuestión. “Al abordar cuestiones de tanta importancia por la puerta de atrás, se hurta el diálogo parlamentario necesario y se impiden los matices convenientes”.
Por su parte, el presidente de la CEE, Luis Argüello, en declaraciones recogidas por Europa Press, planteó que la aprobación del decreto responde a circunstancias políticas actuales que habrían retrasado su tramitación. Argüello recordó que la iniciativa para regularizar a los inmigrantes ya contaba con el impulso de organizaciones promotoras de la Iniciativa Legislativa Popular (ILP), tanto en el Parlamento como ante la Administración, y señaló que el Gobierno no había dado respuesta hasta el presente.
El anuncio de la aprobación, según detalló Europa Press, suscitó reacciones inmediatas en distintos sectores de la Iglesia Católica española, cuyas posturas muestran matices en función del enfoque ético, social y político adoptado ante el fenómeno migratorio. Mientras algunos líderes eclesiásticos abogan por una acogida que priorice la dignidad y el reconocimiento legal de quienes contribuyen al país, otros advierten sobre la necesidad de gestionar los flujos migratorios tomando en cuenta la capacidad de absorción de la sociedad y la importancia de un debate parlamentario amplio que evite decisiones unilaterales.
La regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno ha quedado en el centro del debate público, sumando tanto voces que exigen un análisis legislativo profundo como otras que celebran el avance hacia una legislación que, en palabras del presidente de la CEE según registró Europa Press, representa un paso hacia una mayor justicia social y respeto de los derechos humanos.
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