Detenido el responsable de un bar por instalar cámaras ocultas en los aseos

Las primeras indagaciones apuntaron más allá de una única víctima, ya que el volumen de archivos almacenados superaba los 5 terabytes, lo que dificulta calcular cuántas personas resultaron afectadas. Esta situación abrió una investigación todavía en curso que involucra a los agentes del Puesto Principal de Oliva y que depende del análisis completo del material incautado. Según detalló la Guardia Civil en un comunicado, el responsable de un bar situado en la localidad valenciana de Alquería de la Condesa fue arrestado por instalar cámaras de videovigilancia ocultas en los baños de sus clientes, lo que constituye, en principio, un delito contra la intimidad.

El operativo comenzó cuando la Guardia Civil recibió una denuncia, que llegó a través de la aplicación móvil Alertcops, en la que una persona informaba sobre la existencia de dispositivos de grabación en los aseos del establecimiento. Según consignó el medio, tras presentarse en el lugar, los agentes inspeccionaron los baños del local y localizaron dos cámaras disimuladas, las cuales grababan ininterrumpidamente durante las veinticuatro horas, conectadas directamente a un ordenador que almacenaba la información en varios discos duros.

La investigación reveló que el bar se mantuvo vigilado en todo el horario comercial, registrando a clientes a lo largo de las jornadas laborales normales. La Guardia Civil reportó que durante la intervención realizada en el establecimiento se incautaron dos cámaras y cinco discos duros, que contenían cientos de horas de grabaciones. El análisis técnico determinará el periodo durante el cual se produjeron los hechos así como el alcance y perfil de las víctimas potencialmente afectadas.

El arrestado, de 48 años y propietario del bar, fue puesto bajo custodia por agentes, quienes le atribuyen un supuesto delito continuado contra la intimidad de las personas. Las diligencias policiales han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Gandia, el cual asume desde ese momento la dirección judicial del caso.

De acuerdo con los datos ofrecidos por la Guardia Civil, la búsqueda de potenciales víctimas continúa, ya que aún falta por revisar la totalidad del material requisado. Las labores de identificación tendrán como objetivo localizar a cada persona afectada por las grabaciones realizadas presuntamente sin su consentimiento.

La intervención policial responde a los parámetros establecidos por la ley sobre protección de la intimidad y privacidad de las personas en espacios privados, especialmente en lugares como servicios de uso público. Según informó la Guardia Civil, el análisis de la información almacenada en los discos duros constituye una de las fases clave de la investigación y permitirá determinar cuántos archivos corresponden efectivamente a grabaciones de carácter ilícito.

Las actuaciones policiales se desarrollan bajo secretaría judicial para garantizar el tratamiento adecuado de los datos de carácter personal de las víctimas. El caso se mantiene abierto mientras los agentes y técnicos revisan las pruebas con el objetivo de identificar y proteger los derechos de quienes pudieron verse afectados. La Guardia Civil, según publicaron los medios que cubren el caso, puso énfasis en que no descarta que el número de afectados ascienda conforme avance la investigación y se procesen todos los registros incautados.