Un agente federal mata a tiros a un hombre en Minneapolis (EEUU)

Las autoridades federales impidieron el acceso de agentes e investigadores de la Oficina de Detención Criminal de Minnesota al lugar donde ocurrió el tiroteo, reteniendo el control exclusivo de la escena. Según informó Europa Press, esto sucedió después de que trasladaran a varios testigos a dependencias estatales para ser entrevistados respecto al incidente. Este episodio de exclusión institucional acentuó el clima de desconfianza y alimentó los reclamos de las autoridades estatales sobre la falta de colaboración en la investigación de los hechos. El incidente principal se produjo cuando un agente de la Patrulla Fronteriza mató a tiros a un hombre armado de 37 años durante una operación este sábado en Minneapolis, apenas dos semanas luego de la muerte de una mujer a manos de otro agente federal en circunstancias también relacionadas con intervenciones antimigratorias.

De acuerdo con Europa Press, la víctima era un residente local blanco, portador legal de armas y ciudadano estadounidense, según comunicó en conferencia el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara. El oficial pidió calma a la población y remarcó la presencia de emociones intensas y cuestionamientos públicos tras el uso letal de la fuerza. O'Hara también llamó a los cuerpos federales a mantener “disciplina, humanidad e integridad” en sus intervenciones y precisó que los agentes del ICE –Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos– ordenaron a los policías estatales retirarse, instrucción que no fue acatada por su departamento.

El Departamento de Seguridad Nacional, bajo cuya coordinación se encuentra el ICE, explicó que el hecho ocurrió alrededor de las 9:05 de la mañana, hora local. Informó que durante la operación para arrestar a un extranjero identificado como José Huerta Chuma –quien según ese organismo tiene antecedentes por lesiones, alteración del orden público y conducir sin licencia–, un hombre armado con una pistola semiautomática de 9 milímetros y dos cargadores se aproximó a los agentes federales. La versión oficial indica que los agentes intentaron desarmarlo, pero el individuo opuso una resistencia calificada como violenta, lo que motivó a uno de los agentes a usar su arma reglamentaria en defensa propia y de sus compañeros. Posteriormente, personal médico presente asistió a la víctima, quien finalmente fue declarada muerta en el lugar.

Las autoridades federales añadieron que el hombre, quien no portaba identificación, habría pretendido “causar el máximo daño y masacrar a las fuerzas del orden”. El comandante local del ICE, Gregory Bovino, reforzó esa interpretación en rueda de prensa, explicando que el sujeto mostró una actitud hostil cuando los agentes intentaron despojarlo de su arma, afirmando: “El agente de la Patrulla Fronteriza, temiendo por su vida y por la de sus colegas, realizó disparos defensivos”. Bovino remarcó que el agente involucrado posee ocho años de experiencia en la Patrulla Fronteriza y formación especializada en seguridad y manejo de letalidad limitada.

Después del tiroteo, alrededor de 200 personas se congregaron en la escena y, según detalló Europa Press, algunos obstruyeron y atacaron a los agentes federales. La respuesta incluyó el empleo de gases lacrimógenos y medidas de control de multitudes. Manifestantes alzaron las manos para resaltar el carácter pacífico de la protesta mientras gritaban consignas contra las fuerzas federales, en algunas zonas comenzaron a levantar barricadas.

A raíz del incidente, el jefe de la policía local canceló todos los permisos del personal e instruyó a que todos los agentes, a excepción del turno nocturno, acudieran a trabajar y custodiaran la zona del suceso. El operativo federal y la tensión generada afectaron la colaboración entre agencias, según reportó el medio, especialmente tras la decisión de los agentes federales de restringir el acceso de los investigadores estatales a la escena.

Este caso se suma a otros episodios recientes en Minneapolis donde la intervención de agentes federales y el uso letal de la fuerza han generado movilizaciones y reacciones políticas. El pasado 7 de enero, un agente federal disparó fatalmente contra Renée Nicole Good, ciudadana estadounidense; días después, un ciudadano venezolano resultó herido de bala. Las protestas del viernes anterior reunieron a miles de personas, quienes, a pesar de temperaturas bajo cero –menos 23 grados centígrados–, exigieron el fin de la operación federal “Metro Surge” y denunciaron los métodos del ICE, de acuerdo con Europa Press. La movilización impulsó una huelga laboral, escolar y de consumo, y fue promovida por la plataforma “ICE Out for Good”, que agrupa a organizaciones sindicales, de derechos civiles y religiosas.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz, reclamó desde sus redes sociales revisar el papel de los agentes federales, señalando que la seguridad debe quedar en manos de las entidades estatales y locales. Walz insistió en que “los agentes federales no deben obstruir nuestra labor” y en otro mensaje exigió al presidente estadounidense el retiro de los operativos y de los “miles de agentes violentos y sin formación” presentes en el estado. El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, exigió también el fin de la presencia federal indicando: “¿Cuántos vecinos más, cuántos estadounidenses más tienen que morir o resultar gravemente heridos para que termine esta operación?”.

En el ámbito político, voces del Senado estatal se manifestaron al respecto. El republicano Zach Duckworth propuso una “pausa táctica” y manifestó públicamente la necesidad de reducir la confrontación y revisar la situación con objetividad. Las tensiones políticas derivadas de los operativos federales se han incrementado en parte por declaraciones federales que asocian la operación “Metro Surge”, impulsada por el gobierno de Donald Trump desde diciembre, con un supuesto aumento de la criminalidad, argumento utilizado por el Ejecutivo para justificar la intensificación de las redadas y el despliegue federal.

En ese contexto, el estado de Minnesota permite la tenencia de armas tras obtener licencia y autoriza incluso su porte en espacios públicos. Esta normativa fue uno de los puntos recordados tras la confirmación de que la víctima del último tiroteo contaba con todos los permisos correspondientes, aunque las autoridades federales subrayan su aparente intención de causar daño a los agentes.

Frente a la escalada de disturbios, la respuesta de las fuerzas federales y los llamados de la dirigencia política reflejan la magnitud de la polarización en el estado en torno al uso de la fuerza pública y la intervención federal en asuntos de seguridad interna. Los antecedentes recientes de uso letal por parte de las fuerzas federales, tanto en el caso de Renée Nicole Good como del ciudadano venezolano herido, han intensificado la vigilancia social y los cuestionamientos al despliegue de la operación federal, amplificando las demandas de transparencia y el cese de las acciones represivas en la ciudad y el estado.