Fiscalía investiga a Albiol por el desalojo de 400 sin techo del instituto B9 de Badalona en diciembre

Fuentes ligadas al proceso judicial informaron a Europa Press que el origen de la investigación parte de una denuncia penal que Jaume Asens, eurodiputado de los Comuns, presentó el 24 de diciembre ante la Fiscalía de Delitos de Odio y Discriminación. Este recurso relaciona al alcalde de Badalona, Xavier Garcia Albiol, con presuntos delitos vinculados a la evacuación del instituto B9, llevada a cabo el 17 de diciembre en esa localidad catalana. Según la denuncia, Albiol podría haber incurrido en un delito de odio, así como en delitos de denegación de servicio público por razones discriminatorias, desobediencia a la autoridad judicial y prevaricación. Con esta base, la Fiscalía Provincial de Barcelona abrió diligencias formales para analizar el proceder del alcalde dentro del contexto de este controvertido desalojo, reportó Europa Press.

El caso se centra en el operativo policial implementado por los Mossos d’Esquadra en el edificio conocido como B9, que había sido habilitado temporalmente como refugio por unas 400 personas sin hogar. El objetivo era el desalojo total del inmueble, aunque días antes del procedimiento algunas personas ya lo habían abandonado, por lo que el saldo final del operativo fue dejar a aproximadamente 170 personas en situación de calle, detalló Europa Press. El impacto social del operativo generó el inicio de varias denuncias, muchas de ellas radicadas ante instancias judiciales y organismos de derechos humanos, las cuales sostienen que la actuación de las autoridades municipales pudo haberse realizado con motivaciones discriminatorias, según consignó el medio mencionado.

Según la información publicada por Europa Press, la decisión de la Fiscalía de investigar a Garcia Albiol responde a la necesidad de esclarecer si el operativo se ajustó a la legislación vigente y a los estándares de protección de derechos humanos exigidos en estos casos. Las acusaciones, en particular, hacen referencia al posible uso de criterios discriminatorios para determinar el desalojo y a la existencia de órdenes judiciales que podrían haberse contravenido. La Fiscalía examina también si existió una denegación de servicios básicos a las personas afectadas debido a su situación de vulnerabilidad.

El propio día del desalojo, el 17 de diciembre de 2025, entidades vecinales y organizaciones de apoyo a personas sin hogar emitieron comunicados advirtiendo sobre las consecuencias del operativo. Entre los argumentos presentados en las denuncias se encuentran la supuesta ausencia de un plan de realojamiento alternativo y la falta de mediación social previa, elementos que, según informaron a Europa Press diversas fuentes judiciales, agravarían la posición legal del equipo de gobierno local encabezado por Garcia Albiol.

Tras la presentación de la denuncia por parte de Jaume Asens, la Fiscalía de Odio y Discriminación se sumó a la investigación para determinar si, como adujo el eurodiputado de los Comuns en su escrito, la actuación municipal vulneró derechos fundamentales bajo el prisma del derecho español y europeo. La investigación incluye el análisis de órdenes administrativas, actas municipales y la recopilación de testimonios de afectados y testigos, agregó Europa Press.

El procedimiento de desalojo del B9 no ha estado exento de repercusiones políticas. Desde distintos bloques del Ayuntamiento de Badalona y del Parlament de Catalunya surgieron voces solicitando explicaciones sobre los motivos y la planificación de la operación, así como la implicación de los servicios sociales municipales en la atención posterior a las personas desalojadas. Europa Press reportó que los grupos municipales opositores han reclamado transparencia y han instado a revisar protocolos de actuación para evitar situaciones similares en el futuro.

En cuanto al impacto para las personas afectadas, asociaciones en defensa de los derechos de las personas sin techo han documentado la situación de vulnerabilidad agravada tras el desalojo, incluyendo la carencia de hogares alternativos y dificultades en el acceso a recursos básicos y asistencia sanitaria. Europa Press recopiló testimonios recogidos por estos colectivos en los que se expresan experiencias de incertidumbre e indefensión tanto antes como después del operativo policial.

La investigación abierta por la Fiscalía abarca no solo el día puntual del desalojo, sino también posibles responsabilidades acumuladas por parte del Consistorio en la gestión previa y posterior al evento. Según consignó Europa Press, se analiza igualmente si la actuación institucional respetó las obligaciones legales relativas a la atención de colectivos desfavorecidos, en el contexto de la normativa autonómica y estatal relativa a emergencia habitacional.

El procedimiento judicial se encuentra en fase de instrucción y contempla la revisión de material audiovisual, informes policiales y documentación administrativa vinculada al caso. Europa Press ha señalado que el avance de la investigación podría dar lugar a la imputación formal del alcalde u otros funcionarios municipales, dependiendo de los indicios que recoja la Fiscalía en el transcurso de las diligencias.

La gestión del instituto B9 venía siendo objeto de debate en Badalona debido a su utilización como espacio de emergencia para personas sin vivienda, una situación reflejada en otras ciudades de la región y que ha puesto de manifiesto problemáticas sociales estructurales. El análisis de la Fiscalía podría marcar un precedente respecto a la responsabilidad institucional en este tipo de operativos, según los expertos consultados por Europa Press.

Desde el consistorio liderado por Xavier Garcia Albiol aún no se han emitido declaraciones públicas sobre la investigación en curso, mientras crece la expectativa ante los próximos avances del caso, de acuerdo con lo informado por Europa Press. Organizaciones humanitarias y diversos actores sociales mantienen la atención sobre el caso y continúan documentando las consecuencias para las personas desalojadas, así como vigilando los pasos de la administración local y del sistema judicial en el desarrollo de las diligencias.