El informe de Guardia Civil recoge las dos cajas negras, 2.500 fotografías y la declaración del maquinista

Entre los elementos enviados al juzgado encargado de la investigación del accidente ferroviario en Adamuz se incluyó un fragmento de vía desprendido en el momento del siniestro, pieza que será evaluada en laboratorio por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) para determinar su posible implicación en el descarrilamiento. La Guardia Civil trasladó parte de este fragmento, como parte de las diligencias penales, según informó el medio El País. La investigación judicial cuenta así con material clave reunido en la escena, incluyendo múltiples tipos de evidencia.

El primer informe preliminar presentado este jueves por la Guardia Civil ante el Juzgado de instrucción número dos de Montoro (Córdoba) recoge un inventario de las pruebas obtenidas en el lugar del accidente. Tal como publicó El País, el material entregado abarca alrededor de 2.500 fotografías tomadas en la denominada 'zona cero', las dos cajas negras de ambos trenes implicados, así como declaraciones tomadas al maquinista del Iryo –el conductor del Alvia falleció en el siniestro–, a miembros de la tripulación y a pasajeros. Estas evidencias conforman la base inicial para esclarecer las circunstancias que rodearon el choque.

Durante una rueda de prensa, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el coronel jefe del Servicio de Criminalística, Fernando Domínguez, detallaron que también se han solicitado imágenes de las cámaras del apeadero gestionado por Adif y de las cámaras internas de los vagones de los trenes. Esta información, según consignó El País, se considera esencial para reconstruir la secuencia exacta de los acontecimientos al momento del accidente, ocurrido el domingo a las 19:45 horas.

La caja negra de cada uno de los trenes será abierta y sus datos volcados en presencia de la Guardia Civil y expertos de la CIAF, mecanismo protocolario en casos de accidente ferroviario. El contenido de estas cajas constituye un elemento determinante tanto para la instrucción judicial como para la elaboración del informe técnico de la comisión, cuyo objetivo es formular conclusiones sobre las causas concretas del accidente y determinar medidas para evitar sucesos similares en el futuro, detalló el medio El País.

En cuanto a la dinámica del accidente, El País informó que el descarrilamiento del tren Iryo terminó con el impacto contra un tren Alvia que circulaba en sentido opuesto en dirección a Huelva. Además, según reportó el medio, la declaración de secreto de sumario limita las hipótesis y declaraciones oficiales sobre los motivos del siniestro en esta primera fase de la investigación, iniciada mediante la inspección en la zona del accidente.

El ministro Grande-Marlaska y el coronel Domínguez manifestaron en repetidas ocasiones, de acuerdo con El País, que no se avanzarán hipótesis públicas sobre la causa del accidente mientras la investigación siga bajo secreto judicial. Insistieron en la reserva necesaria para garantizar el éxito de la instrucción y proteger la objetividad de los análisis en curso.

Por otra parte, la entrega de evidencias fue acompañada por la solicitud de las grabaciones de los sistemas de videovigilancia del apeadero de Adif, que podrían aportar información sobre el estado de las instalaciones, la circulación de trenes y los instantes previos al accidente. Estos registros forman parte del material que, según los responsables policiales y ministeriales, será revisado de manera exhaustiva para identificar posibles fallos o circunstancias anómalas.

Las autoridades judiciales y policiales esperan que el análisis combinado de las cajas negras, las declaraciones de testigos y material audiovisual sirva para reconstruir con precisión la secuencia de hechos. Según El País, la recopilación de estos elementos busca esclarecer con la mayor exactitud posible la causa del siniestro y las eventuales responsabilidades derivadas.

La comisión técnica de la CIAF tiene el cometido de emitir, además del informe para la autoridad judicial, recomendaciones específicas para el sector ferroviario, orientadas a prevenir situaciones similares tras evaluar tanto el fragmento de vía como los datos técnicos extraídos de los dispositivos de registro de los trenes. Mientras tanto, la Guardia Civil, en calidad de policía judicial, continúa recopilando y evaluando pruebas bajo la supervisión del juzgado, manteniéndose a la expectativa de los resultados de los análisis periciales.