Asincar celebra la suspensión termporal del acuerdo de la UE con Mercosur

Los datos presentados por la Asociación de Industrias de la Carne del Principado de Asturias (Asincar) subrayan el peso que tiene el sector cárnico en la economía regional, con 832 puestos de trabajo y un volumen de negocio anual de 118,70 millones de euros. Este contexto otorga relevancia a la decisión tomada por el Parlamento Europeo de suspender temporalmente la ratificación del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur para solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, tal como señaló Asincar.

De acuerdo con lo publicado por Asincar, la organización celebra la paralización de este acuerdo y valora que la medida adoptada es "fundamental" para la defensa del sector agroalimentario del Principado. La asociación, presidida por Eduardo Pérez, considera que el tratado con Mercosur podría tener un impacto negativo sobre diversas actividades agrarias y ganaderas, más allá del sector cárnico, mencionando riesgos para la apicultura y la producción de faba. Según detalló Asincar, distintas organizaciones del sector coinciden en que el tratado pondría en peligro tanto la soberanía alimentaria como la estabilidad de industrias consideradas estratégicas para la comunidad autónoma.

Eduardo Pérez, portavoz de la asociación, afirmó que el acuerdo "es muy perjudicial para el sector cárnico, así como para la apicultura y la faba, poniendo en riesgo la soberanía alimentaria y la estabilidad de una industria clave", según difundió Asincar. Además, incidió en el potencial de la medida para evitar un escenario de "incertidumbre y desequilibrio competitivo" que, a su juicio, amenaza la viabilidad de muchos productores regionales. El presidente de la organización insistió en la importancia de evaluar las consecuencias que tendría la entrada en vigor de este tratado, tanto en términos de producción local como de empleo en una rama industrial significativa para Asturias.

El medio Asincar remarcó que la decisión europea ofrece un respiro a los sectores afectados, mientras se espera la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En ese marco, la asociación argumenta que la suspensión contribuye a proteger los intereses locales frente a la posibilidad de que los productos importados desde los países del Mercosur resulten más competitivos debido a menores costes de producción y a otros factores regulatorios que no se equipararían con las exigencias de la Unión Europea. Estos elementos, según la organización, podrían distorsionar el mercado y agravar la situación de los productores asturianos.

La posición expresada por Asincar está alineada con las preocupaciones de otras entidades del sector agroalimentario, que en las últimas semanas manifestaron inquietud sobre los efectos que el tratado podría ejercer en diferentes ámbitos, tanto económicos como laborales. Tal como consignó Asincar, la industria cárnica no solo supone numerosas plazas de trabajo en la región, sino que también implica una estructura empresarial consolidada y representa un pilar para el tejido rural asturiano.

La suspensión temporal del acuerdo, según argumentó Asincar, aporta un margen de maniobra para que las instituciones comunitarias revisen los puntos del tratado que motivan el rechazo y recopilen los datos necesarios para una valoración jurídica sólida por parte del Tribunal de Justicia. En ese sentido, Eduardo Pérez reiteró la necesidad de mantener el foco en la protección de la producción europea y resaltó la demanda de políticas que garanticen la viabilidad a largo plazo del sector cárnico, así como del conjunto de industrias agrícolas y ganaderas concernidas.

El escenario queda a la espera del análisis judicial solicitado por el Parlamento Europeo. Mientras tanto, el sector asturiano, representado por Asincar, sostuvo que la decisión reduce la presión sobre los mercados locales y da tiempo a los actores implicados para articular propuestas que equilibren la competencia y aseguren la continuidad de las empresas regionales. Las expectativas de los representantes del sector se centran en una resolución favorable a los intereses de la producción nacional y en el establecimiento de medidas para impedir la pérdida de empleos y el deterioro del tejido agroindustrial asturiano.