La designación de Francisco Garduño al frente de la Dirección General de Centros de Formación para el Trabajo (DGCFT) de la Secretaría de Educación Pública (SEP) motivó una respuesta de rechazo por parte de organizaciones civiles que acompañan a familias de víctimas del incendio de marzo de 2023 en una estación migratoria en Ciudad Juárez. Según informes de la agencia EFE, estos colectivos consideraron que el nombramiento del exjefe del Instituto Nacional de Migración (INM) representa un “mensaje alarmante” respecto al compromiso estatal con la verdad, la justicia y la rendición de cuentas en torno a la tragedia que costó la vida a 40 migrantes.
De acuerdo con EFE, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, defendió públicamente la recién anunciada incorporación de Garduño a la SEP. Sheinbaum afirmó que no se trata de “un perfil cualquiera”, destacando tanto la trayectoria profesional del funcionario como su formación académica: “Él viene desde hace mucho tiempo trabajando, él es doctor en Derecho, es importante. No es un perfil cualquiera”, aseguró la mandataria. La presidenta también señaló que el proceso de selección incluyó el análisis de distintos candidatos y sostuvo que la decisión fue tomada en conjunto con Mario Delgado, titular de la SEP, considerando los distintos antecedentes. Sheinbaum reconoció el carácter polémico del nombramiento, ante la persistente crítica de la oposición política, pero enfatizó que Garduño “terminó su proceso, no tiene ya ningún proceso jurídico”.
Según consignó EFE, Garduño fue procesado penalmente en 2023 tras ser imputado por presuntas omisiones en la vigilancia y protección de los migrantes alojados en la estación de Ciudad Juárez al momento del incendio. Esta tragedia ocurrió el 27 de marzo de 2023 y provocó la muerte por asfixia de migrantes originarios de Guatemala, Venezuela, Colombia, Honduras y El Salvador, quienes fueron víctimas del humo durante el siniestro. Reportes periodísticos posteriores revelaron diversas irregularidades; EFE destacó que las llaves que habrían permitido la evacuación de quienes se encontraban encerrados nunca abandonaron el edificio durante la emergencia, imposibilitando que los migrantes pudieran ser rescatados.
A pesar de que el proceso judicial en contra de Garduño no derivó en una condena y de su posterior liberación, organizaciones como la Fundación para la Justicia y el Instituto para las Mujeres en la Migración (Imumi) advirtieron, a través de mensajes en redes sociales, que el exfuncionario “continúa imputado” por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, según informó EFE. Las agrupaciones destacaron que la decisión de integrarlo en la SEP lanza señales preocupantes en torno a la actuación del estado frente a los derechos de las víctimas y la obligación de sancionar a posibles responsables.
En la explicación de su decisión, Sheinbaum recordó que Garduño ya no enfrenta procesos legales y reiteró su postura de respaldo. Según publicó EFE, la mandataria señaló que analizaron diversas opciones antes de la designación, evaluando antecedentes y necesidades específicas de la DGCFT, el área encargada de coordinar los centros federales de capacitación laboral.
El nombramiento de Garduño, detalló EFE, ha generado un debate sobre la política de rendición de cuentas y la memoria de las víctimas de la tragedia migratoria en Ciudad Juárez. Las investigaciones periodísticas mencionadas documentaron las condiciones de reclusión a las que estaban sometidas personas migrantes en instalaciones del INM y recogieron testimonios sobre limitaciones en el acceso a la seguridad y la protección de derechos fundamentales.
El debate público persiste en torno a la idoneidad del exjefe migratorio para ocupar cargos dentro del sector educativo, mientras las familias de las víctimas y diversas organizaciones insisten en la necesidad de mayor claridad sobre el desenlace de los procesos judiciales relacionados con el incendio. EFE indicó que la presión de la opinión pública se mantiene sobre las autoridades responsables de la política migratoria y la administración educativa federal.
El episodio del 27 de marzo de 2023, que costó la vida a decenas de migrantes, permanece en la memoria colectiva y continúa generando exigencias de justicia, mientras la designación de Garduño al frente de la formación laboral en la SEP reabre discusiones sobre el papel de los funcionarios involucrados en casos de gravedad nacional. Según informó EFE, este contexto marca el inicio de la nueva gestión del funcionario en el sector educativo bajo un entorno de escrutinio social permanente.
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