Lituania revocó en 2025 los permisos de residencia de más de 1.700 ciudadanos rusos y bielorrusos

Las medidas del gobierno lituano que impiden la entrada a su territorio seguirán vigentes de manera indefinida para quienes perdieron el derecho de residencia, según datos del Ministerio del Interior publicados este miércoles. Según informó la agencia Europa Press, las autoridades migratorias de Lituania revocaron, rechazaron la renovación o cancelaron los permisos de residencia de más de 1.700 personas originarias de Rusia y Bielorrusia, bajo argumentos vinculados a la seguridad nacional y al orden público. Esta acción se enmarca en las políticas adoptadas en respuesta a la guerra en Ucrania.

El medio Europa Press detalló que, de acuerdo a estadísticas oficiales, durante 2025 los funcionarios de migraciones identificaron a 1.634 ciudadanos de Bielorrusia como supuestos riesgos para el Estado lituano. Esta cantidad representa casi el triple de los procedimientos efectuados el año anterior, cuando la cifra había alcanzado a 598 personas de ese país catalogadas como amenaza. En relación a ciudadanos de la Federación Rusa, la autoridad de Interior reportó que 87 individuos fueron considerados peligrosos bajo las mismas consideraciones, un número menor al de 2024, cuando 125 rusos enfrentaron medidas semejantes.

Según publicó Europa Press, las autoridades lituanas han incluido en las cifras tanto las órdenes de denegación de permisos de residencia como las resoluciones que impidieron la renovación o determinaron la cancelación de autorizaciones ya concedidas. Como resultado directo de estas disposiciones administrativas, los afectados por la revocación o bloqueo de permisos mantienen vetada su entrada al país báltico hasta una notificación contraria.

El endurecimiento de los controles migratorios hacia ciudadanos rusos y bielorrusos responde, según consignaron las fuentes del Ministerio del Interior lituano citadas por Europa Press, a las medidas de represalia implementadas desde el inicio de la invasión rusa en Ucrania, considerada por las autoridades locales como una amenaza directa a la seguridad de la región. Esta política se inscribe en una tendencia que han adoptado otros países vecinos, orientada a limitar la presencia de ciudadanos de los dos Estados señalados por motivos de precaución y prevención de incidentes vinculados al conflicto en Europa del Este.

Entre los criterios para la cancelación o denegación de los permisos, el Ministerio del Interior incluyó la existencia de posibles vínculos o simpatías con actividades o grupos considerados peligrosos por la administración lituana, y también la sospecha de que la permanencia de ciertos individuos podría tener repercusiones negativas en el orden público nacional. Las autoridades afirmaron, según reportó Europa Press, que cada caso fue revisado de forma individual y en función del riesgo que pudiera representar.

Esta política migratoria restrictiva se expresa con mayor intensidad respecto a los ciudadanos bielorrusos en comparación con el año previo, reflejando una tendencia creciente en la preocupación de las autoridades lituanas ante los posibles riesgos derivados del contexto geopolítico actual. Al mantener la prohibición de ingreso, la administración busca reforzar los controles en sus fronteras y garantizar la vigilancia sobre potenciales amenazas surgidas en el marco del conflicto entre Rusia, Bielorrusia y Ucrania, según detalló Europa Press.