Cerca de 150 tractores permanecieron durante más de diez días estacionados en uno de los carriles de la ronda de la Muralla de Lugo, una imagen que se convirtió en símbolo de las protestas del sector ganadero y agrícola en la ciudad gallega. El movimiento, surgido en respuesta al acuerdo comercial entre la Unión Europea y el bloque sudamericano Mercosur, llegó a su fin esta noche tras la reciente decisión del Parlamento Europeo de llevar el pacto ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De acuerdo con lo publicado por Europa Press, las organizaciones rurales comunicaron el levantamiento de las concentraciones, aunque advirtieron que podrían retomarlas si surgen novedades desde Bruselas.
El giro institucional se produjo después de que el Parlamento Europeo aprobara la propuesta de plantear una consulta jurídica al tribunal europeo, motivada por las dudas existentes sobre la compatibilidad del acuerdo UE-Mercosur con el Derecho comunitario, detalló Europa Press. Esta consulta fue impulsada principalmente por la izquierda europea y obtuvo 334 votos a favor, frente a 324 en contra y 11 abstenciones, mientras que una iniciativa similar respaldada por representantes de Patriotas por Europa, de ultraderecha, no prosperó: fue rechazada por 402 votos frente a 225 apoyos y 13 abstenciones, según consignó el medio.
La medida adoptada implica que, mientras se resuelve el dictamen jurídico solicitado, el proceso de ratificación del acuerdo comercial se encuentra suspendido. No obstante, la Comisión Europea conserva la posibilidad de aplicar provisionalmente algunos aspectos del pacto, lo que introduce ciertos matices en el alcance de la interrupción del procedimiento, reportó Europa Press.
Durante la última jornada de movilizaciones, las entidades convocantes Agromuralla y Gandeiros Galegos da Suprema llevaron a cabo su reunión habitual para decidir si continuar con la presencia ante la Muralla de Lugo o desconvocar la protesta. Según declaraciones de Noelia Rodríguez, presidenta de Agromuralla, recogidas por Europa Press, someter el tratado a la justicia europea constituye un paso indispensable. Rodríguez explicó: "La perspectiva jurídica es siempre muy necesaria, para todas las partes, tanto para detractores como para simpatizantes del acuerdo. No hay que olvidar que estamos hablando de un tratado con países que tiene una normativa muy diferente a la nuestra y que un órgano jurídico valore si son compatibles es imprescindible".
El medio indicó que la noticia fue recibida con optimismo por parte de los manifestantes, quienes en jornadas previas ya habían valorado la posibilidad de reorientar sus protestas hacia acciones puntuales, dejando en suspenso la ocupación mantenida desde el 12 de enero. El cansancio acumulado tras diez días de movilizaciones y la necesidad de retomar las labores en las explotaciones también influyeron en la decisión de finalizar la concentración permanente, según informaron los agricultores y ganaderos.
Las protestas, que incluyeron marchas diarias por las calles de Lugo, produjeron interrupciones significativas en el tráfico local. A pesar del desgaste, las entidades convocantes señalaron a Europa Press que la presión ejercida desde distintos puntos de España, Galicia y otros países europeos resultó determinante en la decisión parlamentaria de Bruselas. Los trabajadores del sector recalcaron la importancia de mantener su capacidad de movilización, a la espera del dictamen que el Tribunal de Justicia emita sobre la compatibilidad legal del acuerdo.
Según precisó Europa Press, los manifestantes no descartan la posibilidad de retomar la protesta si el tribunal o las instituciones europeas reactivan el proceso de ratificación o aplican el acuerdo sin modificaciones. Por el momento, la suspensión de la concentración ante la Muralla representa un paréntesis en el conflicto, pero no su cierre definitivo.
El acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur genera controversia en diversos sectores del campo español, quienes argumentan que el ingreso de productos provenientes de países con normativas diferentes podría afectar la competitividad y sostenibilidad de la producción ganadera y agrícola local. Las entidades rurales insisten en la necesidad de que todas las partes involucradas cumplan con estándares homologados, y valoran positivamente que los órganos jurisdiccionales europeos sean quienes determinen la adecuación jurídica del pacto, informó Europa Press.
La situación vivida en Lugo se enmarca en un contexto de movilizaciones rurales más amplio, con protestas replicadas en distintas regiones de España y otros países europeos afectados por el acuerdo. Tanto Agromuralla como Gandeiros Galegos da Suprema reiteraron que las futuras acciones dependerán de los avances en Bruselas y de la evolución del proceso de consulta jurídica ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, según lo registrado por Europa Press.
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