El informe anual del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) identifica que más de un tercio de los informadores privados de libertad en 2025 han superado ya los cinco años en prisión y que casi la mitad todavía no ha recibido sentencia. De acuerdo con EFE, el documento del CPJ señala que el 26% de los periodistas detenidos llevan al menos un lustro en prisión sin haber sido sometidos a juicio, hecho que contraviene los estándares internacionales al exigir procesos judiciales justos y sin demoras injustificadas. Esta realidad se produce en un contexto en el que permanecen 330 trabajadores de medios encarcelados por causas directamente relacionadas con su labor periodística, lo que supone la tercera cifra más elevada desde que la organización comenzó a contabilizar estos registros en 1992, solo superada por los 384 casos documentados en 2024.
Según publicó EFE, el CPJ en su balance de 2025 describe un entorno global caracterizado por el fortalecimiento de regímenes autoritarios y la proliferación de conflictos armados, factores que han repercutido en el incremento de arrestos y restricciones a la libertad de prensa. El informe destaca que China, Birmania e Israel encabezan la lista de países con mayor número de reporteros tras las rejas, seguidos por Rusia, Bielorrusia y Azerbaiyán. A nivel regional, Asia concentra la mayor cantidad de periodistas encarcelados, con 110 casos, mientras que Europa y Asia Central suman 96, liderados por Rusia y sus vecinos, y Oriente Medio junto al norte de África acumulan 76, principalmente por el número de palestinos bajo detención en Israel y reporteros en prisiones egipcias. En África, se cuentan 42 informadores privados de libertad, con cifras destacadas en Eritrea y Etiopía, mientras que América registra el menor número, con seis casos, donde se han detectado situaciones de persecución política en países como Venezuela, Nicaragua y Guatemala.
El estudio de CPJ señala que el 61% de los periodistas encarcelados enfrenta cargos de delitos supuestamente cometidos contra el Estado, tales como terrorismo, espionaje o aceptación de fondos extranjeros, siendo esta tendencia especialmente pronunciada entre quienes cubren temas políticos. EFE consigna que la organización advierte de una práctica cada vez más extendida en la que los poderes estatales utilizan legislaciones imprecisas o ambiguas para restringir la labor informativa y acallar voces independientes, fenómeno que impacta de manera directa en la erosión de la democracia y la limitación de la rendición de cuentas.
Entre los casos más representativos incluidos en el informe, según detalla EFE, figura el del periodista chino Dong Yuyu, sentenciado a siete años de prisión por cargos de espionaje y que ha permanecido con un contacto mínimo con su familia durante casi cuatro años. Otra situación reseñada concierne a la reportera palestina Farah Abu Ayash, actualmente detenida en Israel sin que existan cargos formales presentados en su contra, y quien ha denunciado condiciones de total aislamiento y episodios de violencia física y médica. En el caso de Etiopía, aparece la periodista Genet Asmamaw, procesada por terrorismo tras informar sobre los eventos en la región de Amhara, mientras que Anastasiya Glukhovska, reportera rusa, lleva encarcelada en la región ocupada de Zaporiyia desde 2023 sin que hayan trascendido detalles precisos respecto a los cargos en su contra.
EFE señala que en torno a un tercio de los periodistas privados de libertad ha presentado denuncias de malos tratos, mientras que un 20% ha comunicado haber sufrido torturas o palizas. Irán, Israel y Egipto se ubican entre las naciones donde históricamente se ha reportado un mayor volumen de estos abusos. El informe enumera prácticas tales como el aislamiento prolongado, la privación de alimentación y de atención médica, episodios de violencia tanto física como psicológica y amenazas de muerte dirigidas a los detenidos.
La organización enfatiza que las cifras de profesionales de la información tras las rejas se mantienen en niveles persistentemente elevados y que esta situación implica una amenaza directa sobre el derecho de las sociedades a recibir información veraz e independiente. El CPJ subraya que la consideración de la labor periodística crítica como amenaza a la seguridad nacional y la utilización de marcos legales de contornos poco definidos son mecanismos empleados en numerosos Estados para sofocar la pluralidad informativa, según el reporte recogido por EFE.
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