El acuerdo UE-Mercosur tiene un efecto "muy limitado" sobre la producción de Baleares

El mecanismo conocido como “reequilibrio”, que habilita a los países de Mercosur a desafiar normativas europeas que estimen lesivas para sus exportaciones, figura entre los temas que el Parlamento Europeo enviará al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que determine su legalidad. Esta demanda se produce mientras autoridades de Baleares insisten en que la prioridad del archipiélago sigue siendo impulsar el consumo de productos locales ante cualquier avance de acuerdos de libre comercio como el alcanzado entre la Unión Europea y los Estados del Mercosur. Según informó Europa Press, la Conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear ha definido el impacto del pacto UE-Mercosur sobre la producción balear como “muy limitado”.

La Conselleria, dirigida por Joan Simonet, declaró —según publicó Europa Press— que los tratados comerciales internacionales refuerzan la importancia de una política dirigida a fortalecer la venta de productos insulares. El gobierno balear prioriza la proximidad y trazabilidad del origen como factores diferenciadores frente a los bienes agrícolas que pueden ingresar al mercado europeo bajo acuerdos como el pactado con Mercosur. Por ello, la administración autonómica se ha fijado el objetivo de intensificar la promoción de la marca local, incentivar la venta directa y optimizar los canales de distribución de corta distancia, además de potenciar la presencia de productos baleares en los mercados de la Unión Europea.

Al tiempo que el Govern balear confirma su estrategia, el Parlamento Europeo aprobó este miércoles, con una diferencia de diez votos, presentar una denuncia ante el TJUE por las dudas sobre la adecuación del acuerdo UE-Mercosur al Derecho comunitario. Según detalló Europa Press, la propuesta que llevó la iniciativa hasta el tribunal fue promovida por la izquierda europea y obtuvo 334 votos favorables, frente a 324 en contra y 11 abstenciones. En la misma sesión, una propuesta similar impulsada por la formación Patriotas por Europa no consiguió ser aprobada, tras recibir 225 apoyos, 402 rechazos y 13 abstenciones.

Con esta decisión, la Eurocámara pide aclarar la base jurídica tanto del Acuerdo de Asociación, en sus siglas inglesas EMPA, como del Acuerdo Comercial Interino (ACI). El ámbito de competencia exclusivo corresponde a la Unión Europea. El Parlamento Europeo esperará el pronunciamiento del Tribunal de Luxemburgo antes de proceder a una votación definitiva sobre la ratificación del acuerdo, aunque los trabajos de análisis parlamentario pueden continuar durante el proceso judicial, explicó Europa Press.

La denuncia ante el Tribunal no impide que la Comisión Europea decida, formalmente, seguir adelante con la implementación provisional de la vertiente comercial del pacto. Según fuentes europeas citadas por Europa Press, este avance sería posible tan pronto como uno de los países integrantes de Mercosur complete los pasos internos de adopción del acuerdo. La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, había viajado a Paraguay el domingo anterior para participar en la firma del tratado y defendió el pacto ante el pleno como un momento de significado histórico. Tras la votación, la Comisión lamentó el resultado y anunció que analizaría la situación antes de emitir una valoración detallada. El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, señaló en rueda de prensa —según recogió Europa Press— que, a juicio de Bruselas, la motivación de analizar el acuerdo en el Tribunal de Justicia carece de fundamento, subrayando que desde la Unión Europea se han desplegado medidas para responder a las preocupaciones de los parlamentarios.

Entre los temas cuyo examen solicita el Parlamento Europeo, el mecanismo de reequilibrio es uno de los ejes centrales, dado que podría confrontar con la autoridad de la UE de regular su propio mercado y con el marco legal que rige los tratados europeos. Otro punto a analizar son los poderes que asumió la Comisión Europea al dividir el pacto en dos instrumentos —uno comercial y otro político y de cooperación—, una táctica que simplificó la firma al requerir solo la ratificación de las instituciones europeas, sin necesidad de que sea aprobada por cada Estado miembro para su entrada en vigor parcial. Según detalló Europa Press, esta estrategia permitió sortear el requisito de unanimidad entre los gobiernos nacionales y obtener el respaldo con mayoría cualificada, pese a las objeciones de países como Francia, Irlanda y Polonia.

Diversos eurodiputados reaccionaron tras la votación. Manon Aubry, copresidenta del grupo de la Izquierda europea, celebró la aprobación advirtiendo que “todo intento del Consejo o de la Comisión Europea por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático", añadiendo que tanto los agricultores como la salud pública y el medio ambiente justifican la movilización contra el pacto. Desde los Verdes europeos, la eurodiputada responsable del expediente, Saskia Bricmont, sostuvo que la votación expresa con claridad que “Europa no puede seguir sacrificando a sus agricultores, su salud y su clima ante el altar del libre comercio”.

La postura no fue compartida por todos los grupos. Jörgen Warborn, portavoz del Partido Popular Europeo para asuntos comerciales, criticó la decisión parlamentaria por entender que refleja motivos políticos más que jurídicos, lo que considera un intento de frustrar la consecución de un acuerdo que, en su opinión, Europa precisa. Por su parte, el ejecutivo francés valoró de manera positiva la actuación del Parlamento Europeo, considerando que se alinea con la posición bolcada por París, según reportó Europa Press.

El contenido del acuerdo UE-Mercosur sigue generando resistencia, especialmente en el sector agrario europeo, que ha manifestado preocupación por la competitividad y los estándares regulatorios ante la entrada de productos del bloque sudamericano. Esta inquietud se ha traducido en protestas y movilizaciones en varios países durante los últimos meses. La Eurocámara, al trasladar la cuestión al Tribunal de Justicia, posterga la ratificación definitiva del tratado y mantiene el debate sobre su alcance, aplicación provisional y compatibilidad con el marco legal comunitario.

En Baleares, mientras la atención europea se centra en las repercusiones jurídico-políticas del acuerdo, el gobierno autonómico ha reiterado que la cercanía y la identificación regional de los productos constituyen una oportunidad para competir en el mercado frente a importaciones a gran escala. El ejecutivo se propone reforzar el distintivo de producto local y promover la venta directa y circuitos cortos como respuesta adaptativa a los cambios derivados de los acuerdos internacionales de comercio, según remarcó Europa Press.