(AMP) La Eurocámara denunciará el acuerdo UE-Mercosur ante el Tribunal de Justicia de la UE

La decisión de consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la legalidad del acuerdo con Mercosur plantea interrogantes sobre la validez de los procedimientos seguidos por las instituciones europeas y el equilibrio de competencias institucionales. Según reportó Europa Press, la votación condujo a la suspensión del proceso de ratificación del pacto, aunque la Comisión Europea mantiene la posibilidad de activar su aplicación provisional.

El pleno del Parlamento Europeo aprobó por únicamente diez votos de diferencia la solicitud de dictamen jurídico al Tribunal de Luxemburgo. De acuerdo con Europa Press, la iniciativa impulsada principalmente por la izquierda europea recibió 334 votos favorables, frente a 324 en contra y 11 abstenciones. El objetivo principal de este procedimiento es que el tribunal evalúe si el acuerdo entre la Unión Europea y Mercosur se ajusta al Derecho comunitario, mientras persisten dudas sobre sus eventuales repercusiones para la legislación y la autonomía reguladora del bloque europeo.

El medio Europa Press detalló que una segunda iniciativa similar, presentada por los Patriotas por Europa —grupo vinculado a la ultraderecha—, fue rechazada. Este texto recibió 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones. Diversos sectores dentro de la Eurocámara argumentan que el procedimiento elegido tanto por la Comisión Europea como por el Consejo elude controles de fondo y plantea desafíos a la hora de defender los estándares europeos en sectores estratégicos como la agricultura, el medio ambiente y la salud pública.

Tras la votación, la copresidenta de la Izquierda europea, Manon Aubry, expresó: "Todo intento del Consejo o de la Comisión Europea por impulsar una aplicación provisional equivaldría a otro escándalo democrático, mientras que los agricultores llevan meses protestando contra este acuerdo. Por nuestros agricultores, el medio ambiente y la salud pública, seguimos firmemente movilizados contra este acuerdo y seguiremos luchando para que el Parlamento Europeo lo rechace". La eurodiputada Saskia Bricmont, responsable del expediente de los Verdes europeos, sumó: "Esta votación envía un claro mensaje a la Comisión y al Consejo: Europa no puede seguir sacrificando a sus agricultores, su salud y su clima ante el altar del libre comercio", según consignó Europa Press.

El dictamen solicitado al Tribunal de Justicia incluye el análisis tanto de la base jurídica del acuerdo marco de asociación UE-Mercosur (EMPA, por sus siglas en inglés) como del Acuerdo Comercial Interino (ACI). Europa Press señala que el Parlamento europeo esperará la opinión del tribunal antes de llevar el acuerdo a una nueva votación en su pleno, aunque los trabajos técnicos de análisis podrán continuar en paralelo.

El modelo de división del acuerdo para separar sus vertientes política y comercial también genera debate. El medio Europa Press explicó que la Comisión Europea optó por este mecanismo para facilitar la firma del trato y evitar la exigencia de unanimidad, separando la parte que solo requiere ratificación europea —la comercial— del resto, que precisaría el respaldo de los parlamentos de los Estados miembro. De este modo, la Comisión pudo obtener el aval de la mayoría cualificada de los países de la UE a pesar del rechazo de Francia, Irlanda, Polonia y otros Estados.

El mecanismo de "reequilibrio" presente en el acuerdo suscita inquietudes adicionales. Según publicó Europa Press, este instrumento prevé que las naciones de Mercosur puedan impugnar regulaciones europeas que consideren contraproducentes para sus exportaciones. Parlamentarios europeos han manifestado dudas sobre si esta cláusula podría vulnerar la capacidad de la Unión para establecer sus propias normas y socavar el marco de tratados vigente.

Europa Press detalló que la Comisión Europea, presidida por Ursula von der Leyen —quien había viajado a Paraguay el domingo anterior para suscribir el pacto—, lamentó la decisión adoptada por el Parlamento. Von der Leyen presentó el acuerdo como un "momento histórico" ante el propio hemiciclo. El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, sostuvo durante una rueda de prensa que, a juicio de Bruselas, la motivación de la Eurocámara para recurrir al Tribunal de Justicia "no está justificada", subrayando que se implementaron medidas europeas para atender las preocupaciones expresadas desde el Parlamento.

El Gobierno francés, por su parte, celebró la resolución aprobada en la Eurocámara, destacando su coincidencia con las posiciones defendidas por París, en relación al proceso de validación y al contenido del acuerdo. Durante los meses previos, diversos grupos de agricultores en varios Estados miembros han liderado protestas contra la ratificación del pacto, invocando temor a un impacto perjudicial sobre el sector agropecuario y cuestionando la suficiencia de los controles ambientales y sanitarios exigidos a los productos importados.

La posibilidad de aplicar el acuerdo de manera provisional continúa vigente bajo ciertas condiciones. Europa Press informó que, según fuentes europeas, la Comisión podría avanzar con la entrada en vigor provisional de la parte comercial del acuerdo en cuanto al menos uno de los países de Mercosur haya finalizado su propio procedimiento de adhesión y adopción. Esta facultad genera controversia, al interpretarse como una vía para sortear el dictamen pendiente del Tribunal y el voto final del Parlamento.

Desde el Partido Popular Europeo, el portavoz de Comercio Jörgen Warborn criticó la medida adoptada por la Eurocámara, arguyendo que responde más a intereses políticos que a fundamentos jurídicos y constituye un intento de bloquear "un acuerdo que Europa necesita con urgencia", según citó Europa Press.

El debate en torno a la validez, estructura y aplicación provisional del acuerdo UE-Mercosur permanece abierto, en un contexto de tensiones políticas, sociales y sectoriales. La intervención del Tribunal de Justicia de la Unión Europea se convierte en un paso clave para determinar la viabilidad de su implementación y el alcance de las competencias de las instituciones involucradas.