Partidos políticos de Perú piden una comisión y reparaciones para las víctimas en las protestas contra Boluarte

El informe de 'La República' destaca que el proceso electoral peruano de cara a los comicios presidenciales del 12 de abril se configura en un contexto de fuerte fragmentación política. Según publicó el medio, las encuestas no muestran una tendencia clara hacia el liderazgo de algún partido, con Rafael López Aliaga como el candidato mejor posicionado en las preferencias, alcanzando el 12,25% de intención de voto, mientras que ninguna de las agrupaciones que impulsan reformas para víctimas de las protestas encabeza los sondeos. En este escenario, cuatro partidos políticos de distintos espectros incluyen en sus plataformas la demanda de esclarecimiento de la represión estatal que dejó casi cincuenta personas fallecidas tras la salida de Pedro Castillo y el inicio del mandato de Dina Boluarte.

Tal como detalló 'La República', estas agrupaciones incluyen propuestas para crear comisiones independientes que investiguen la muerte de ciudadanos durante las protestas que ocurrieron desde diciembre de 2022 a marzo de 2023. Las movilizaciones, que se originaron en Ayacucho y posteriormente se propagaron a las principales ciudades del país, se desencadenaron como respuesta a la detención y encarcelamiento del expresidente Pedro Castillo. Durante esas jornadas, reportó el medio, la Fiscalía peruana presentó cargos contra miembros de las fuerzas armadas, atribuyéndoles responsabilidad en el fallecimiento de diez personas, particularmente en incidentes donde las víctimas presentaron heridas que coincidían con el tipo de municiones usadas por militares.

Entre las agrupaciones de izquierda que postulan estas medidas se encuentra 'Venceremos'. El medio 'La República' consigna que, según el programa presentado por este partido, se garantiza la instalación de una Comisión de la Verdad en el primer día de un eventual mandato. Entre los objetivos de este organismo estaría impulsar investigaciones y promover el enjuiciamiento de responsables de las llamadas “masacres” acontecidas entre 2022 y 2023, así como otras violaciones a derechos humanos sucedidas en el mismo periodo.

La coalición 'Juntos por el Perú' lleva el planteamiento más allá de los recientes episodios de violencia institucional. De acuerdo con la información recogida por 'La República', su plataforma sugiere una Comisión Plurinacional de la Verdad y Justicia Transicional, encargada no solo de indagar sobre las protestas contra Boluarte, sino también sobre los hechos derivados del conflicto armado interno que tuvo lugar entre 1980 y 2000. El mismo programa electoral prevé la creación de un Fondo Nacional de Reparaciones Integrales destinado a cubrir indemnizaciones económicas, simbólicas y comunitarias, e incluye la propuesta de desclasificar archivos militares y policiales para avanzar en la determinación de responsabilidades. Este partido rechaza la posibilidad de otorgar indultos o beneficios penitenciarios a personas condenadas por crímenes de violación de derechos humanos.

Por parte de la formación 'Ahora Nación', el programa refleja la preocupación por la insuficiencia de garantías y protección efectiva de los derechos humanos en Perú, postura recogida en 'La República'. Esta agrupación, también en campaña, promueve acciones dirigidas a sancionar a los responsables por los hechos luctuosos vinculados a la represión entre 2022 y 2023.

Por otra parte, partidos de tendencias más conservadoras presentan iniciativas relacionadas, aunque desde una perspectiva distinta. Entre ellos, Libertad Popular sugiere organizar una comisión investigadora con presencia en diversas ciudades, con la intención de aclarar las causas y responsabilidades en torno a las muertes y vulneraciones graves de derechos fundamentales ocurridas durante la represión de las manifestaciones. El programa electoral de esta formación, citado por 'La República', plantea el reconocimiento institucional por parte del Estado peruano de su compromiso moral, político y jurídico con la verdad, justicia y reparación de las víctimas de violaciones a derechos humanos.

A pesar de estos pronunciamientos, el diario señala que ninguna de estas agrupaciones figura como puntera en las encuestas electorales, lo cual refleja una competencia sumamente dispersa y la falta de liderazgos definidos entre los aspirantes, a excepción de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima, que lidera las preferencias con poco más del 12%.

El debate en torno a la represión estatal, las violaciones a derechos humanos y la reparación a las víctimas ocupa así un lugar destacado en la agenda electoral peruana, especialmente tras la actuación de las fuerzas del orden durante las protestas. Según relató 'La República', el caso de Ayacucho es uno de los que genera mayor atención debido a las evidencias que relacionan directamente la actuación militar con las muertes ocurridas, motivo por el cual las propuestas para una comisión investigadora y medidas de reparación cuentan con presencia transversal en diversos espacios políticos, tanto de izquierda como de derecha.

El diario peruano también informó que iniciativas como la desclasificación de documentos oficiales y la prohibición de beneficios penitenciarios buscan garantizar mayor transparencia y justicia en el tratamiento de los casos de violencia institucional. Estas medidas figuran en los programas de los partidos que apuestan por una revisión integral de las causas y consecuencias de la represión en los últimos años, así como de otros periodos de violencia política en la historia reciente de Perú.

De acuerdo a lo publicado por 'La República', las demandas de justicia, verdad y reparación para las familias afectadas por la represión configuran un punto central en las plataformas de estos partidos, aunque su influencia sobre el electorado aún resulta incierta ante el panorama político fragmentado y la ausencia de favoritos claros de cara a las próximas elecciones presidenciales.