La Policía de Guatemala anuncia el arresto de 17 "terroristas" y la muerte de otro tras los motines

El Gobierno de Guatemala ha iniciado una campaña para informar a la población sobre el alcance del estado de sitio declarado por 30 días, asegurando que la vida cotidiana continúa con normalidad y que ni el trabajo, ni el comercio, ni los servicios se ven interrumpidos. En una publicación a través de redes sociales, el Ejecutivo detalló que la suspensión de clases escolares para este lunes constituye una medida preventiva puntual y aislada, mientras que las instituciones públicas y privadas siguen abiertas y los ciudadanos mantienen libertad de circulación en todo el país. Junto a estos anuncios, el Ejecutivo enfatizó que los procesos políticos, como elecciones y renovaciones de autoridades judiciales, no sufrirán interrupciones durante esta coyuntura.

Según informó la Policía Nacional Civil (PNC) de Guatemala, durante los operativos posteriores a la ola de violencia en centros penitenciarios, las fuerzas de seguridad capturaron a 17 presuntos miembros de Barrio 18 y confirmaron la muerte de otro individuo tras enfrentamientos armados. Entre los detenidos se encuentra Aldo Dupie Ochoa Mejía, alias 'El Lobo', identificado como líder de Barrio 18 y señalado como principal responsable de la coordinación de los motines recientes. Estos disturbios, considerados la causa de al menos ocho agentes policiales fallecidos, desencadenaron respuestas en diversas localidades del país.

El medio consignó que los datos fueron difundidos a través de un video publicado por la PNC donde se expusieron los logros alcanzados durante los operativos. Las intervenciones permitieron la incautación de 16 pistolas consideradas ilegales, dos fusiles de asalto y una granada de fragmentación. Además, fueron decomisadas 160 motocicletas y 49 vehículos sin especificar modelos ni propietarios. La policía catalogó los dispositivos aplicados como estratégicos y orientados a garantizar la protección de la ciudadanía frente a los ataques perpetrados.

De acuerdo con lo informado por la PNC y recogido en la nota, los grupos criminales señalados como responsables de los hechos generaron motines de forma simultánea en tres cárceles: el centro penitenciario Renovación 1, el Centro de Detención Preventivo de la Zona 18 y el Centro de Detención de Fraijanes 2, localizados al centro y sur del territorio guatemalteco. Las autoridades aclararon que estos motines ya han sido disueltos y atribuyeron su origen a la demanda de privilegios por parte de los internos, quienes retuvieron durante varias horas a 40 guardias penitenciarios como rehenes.

La PNC explicó que las demandas de los amotinados, según declaraciones del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda Sandoval, incluían el acceso a aire acondicionado, una cama 'king size' y alimentos provenientes de restaurantes. El mismo funcionario subrayó que no se negociaron concesiones de ningún tipo con los internos. En sus palabras, "la PNC no negoció con estos criminales y sin efectuar un solo disparo se neutraliza a los terroristas y se retoma el control", según citó el cuerpo policial.

El medio detalló que, ante la gravedad de los ataques, el presidente Bernardo Arévalo dispuso la instauración del estado de sitio por 30 días. Este mecanismo faculta la intervención del Ejército junto a la PNC en labores de patrullaje, capturas y operativos de control, incrementando la presencia de fuerzas en las calles y reforzando la seguridad ciudadana.

La policía concluyó su declaración con la condena a los ataques contra personal policial que resultaron en ocho agentes muertos, reiterando el compromiso institucional con la defensa del orden público. Los operativos implementados buscan restablecer la paz en las áreas afectadas y evitar nuevos episodios de violencia asociados a bandas delictivas.

Además, el Gobierno insistió en que la imposición del estado de sitio pretende garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos. Señaló, como publicó el medio, que las restricciones aplicadas no interfieren con las actividades económicas y sociales generales, ni con los procesos de gobierno y justicia, manteniendo el funcionamiento regular de la vida pública.

Las autoridades continúan investigando los vínculos y responsabilidades de los arrestados con los hechos recientes, mientras se mantienen en alerta ante posibles represalias o nuevos brotes de violencia ligados a la estructura de Barrio 18. La situación sigue bajo observación, con presencia reforzada de fuerzas estatales tanto en centros penitenciarios como en zonas consideradas de riesgo.