Un total de 158.752 personas están en lista de espera de dependencia, casi un 20% menos que en 2024, según Gobierno

La generación del denominado "baby boom" ha contribuido al incremento en la presión sobre el sistema de dependencia en España, según explicó la secretaria de Estado de Derechos Sociales, Rosa Martínez. Así lo informó el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que detalló que, a pesar del fuerte aumento en el número de peticiones, la cifra de personas esperando una respuesta o prestación relativa a su grado de dependencia se ha reducido significativamente durante el último año.

Según los datos presentados por el Ministerio y recogidos por el medio, a 31 de diciembre de 2025 había 158.752 personas integrando la lista de espera del sistema de dependencia. Esta cifra representa una disminución del 18,4% respecto al año anterior y un descenso del 51% en comparación con las 311.445 personas que se contabilizaban en el año 2020. El Ministerio aclaró que las personas incluidas en esta lista llevan más de seis meses, el plazo máximo que establece la legislación, aguardando por la resolución del grado de dependencia, disponen del grado reconocido sin recibir aún prestación, o bien se encuentran a la espera de que la prestación ya aprobada se haga efectiva.

El informe compartido por el Gobierno indicó que el número total de peticiones dentro del sistema de dependencia alcanzó los 2,32 millones, tras haberse registrado 160.667 solicitudes más que durante el periodo anterior. Este aumento, que supone un incremento del 7,4% en el volumen de expedientes tramitados, marca un nuevo récord en la historia del sistema, según destacó Rosa Martínez durante su comparecencia pública en la sede del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (IMSERSO).

Rosa Martínez subrayó, de acuerdo con lo recogido por el Ministerio, que la reducción de la lista de espera es especialmente relevante dado que se produce en un contexto donde la presión sobre los servicios es cada vez mayor, en parte por el envejecimiento de la población y el peso demográfico de la generación nacida entre los años cincuenta y mediados de los setenta. El informe oficial señala que la lista de espera disminuyó en porcentaje incluso pese al crecimiento sostenido en la demanda, una tendencia que el Ejecutivo atribuye tanto a las mejoras en la gestión como a la aplicación de nuevas políticas de agilización de trámites.

Según publicó el Ministerio de Derechos Sociales, la reducción del tiempo que las personas esperan para recibir respuesta o asistencia se considera uno de los principales avances logrados durante el último lustro. De superar las 311.000 personas sin respuesta en 2020, el sistema ha pasado a situar esa cifra por debajo de las 160.000, incluso mientras aumentaba el número de solicitantes y el total de expedientes en curso.

El Ministerio explicó que para integrar la lista de espera se consideran tres grupos principales: quienes superan los seis meses de espera para una resolución sobre el grado de dependencia solicitado, quienes tienen un grado reconocido pero carecen de prestación asignada y quienes cuentan con una prestación aprobada pero aún no implementada. El organismo atribuyó la reducción tanto a la reforma de procedimientos como al incremento de recursos destinados a esta área en los presupuestos anuales.

Durante la rueda de prensa realizada en las instalaciones del IMSERSO, Rosa Martínez hizo especial hincapié en el reto que supone el aumento de personas mayores, a raíz del crecimiento de la franja de edad más avanzada en la pirámide demográfica. De acuerdo con la información oficial, la tendencia al alza en las solicitudes se relaciona directamente con el envejecimiento poblacional, una dinámica reforzada por el avance de la generación del "baby boom" hacia edades en las que se incrementa la necesidad de apoyos y servicios asistenciales.

El Ministerio contextualizó estos datos dentro de una estrategia para mejorar la cobertura y la eficacia de los servicios de dependencia, así como para garantizar que los plazos legales de resolución y asignación de prestaciones se ajusten al marco normativo vigente. Las iniciativas implementadas persiguen reducir los tiempos de espera y atender cuanto antes a las personas con mayor necesidad de ayuda, en consonancia con el volumen creciente de las solicitudes.

Por último, las autoridades resaltaron que estos resultados obedecen tanto al refuerzo en la dotación de recursos como a los ajustes normativos y administrativos desarrollados durante los últimos años. El medio del Gobierno especificó que el objetivo se dirige a que ninguna persona supere los seis meses de espera para la resolución de su expediente, tal como lo establece la ley.