Mónica García, sobre la denuncia a Madrid por el registro de objetores: "Gobierno tiene la obligación de actuar"

Mónica García, ministra de Sanidad, señaló que la decisión del Gobierno de la Comunidad de Madrid de no entregar el registro de médicos objetores de conciencia incumple la ley y representa un retroceso en derechos que han llevado décadas lograr. Durante sus declaraciones, García sostuvo que la negativa de la administración autonómica no solo desconoce una obligación legal, sino que también “cuestiona la palabra de las mujeres, siembra miedo, estigmatiza y hace retroceder los derechos que han costado décadas conquistar”. Estas afirmaciones fueron recogidas y publicadas por diversos canales, entre ellos el medio que sirve de fuente a esta información.

Según detalló la ministra, el Ministerio de Sanidad interpuso un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) para exigir la presentación del registro de objetores, al considerar que es un instrumento básico para garantizar el acceso seguro al aborto en la región. García afirmó que “cuando una Administración da la espalda a las mujeres, el Gobierno tiene la obligación de actuar”, remarcando que el Ejecutivo central no permitirá que se vulneren derechos en materia de salud sexual y reproductiva.

El medio de referencia indicó que la ministra cuestionó el plazo que la Comunidad de Madrid ha tenido para cumplir con esta normativa. Remarcó que dicho tiempo ha resultado suficiente para una tarea que, en su visión, solo requiere ajustarse a la legalidad: “un margen suficiente para una cosa tan sencilla como es cumplir la ley y ha elegido no hacerlo”, expresó. El Ministerio de Sanidad insiste en que la ley debe aplicarse de forma efectiva y “sin obstáculos”, recalcando que el registro de objetores es imprescindible para asegurar el derecho al aborto.

De acuerdo con la información publicada, García recalcó el compromiso del Ministerio para acompañar a las mujeres y garantizar el acceso seguro y libre al aborto, asegurando que “el Ministerio de Sanidad siempre, siempre va a estar del lado de las mujeres”. El recurso ante el TSJM responde a la negativa persistente de la administración regional madrileña, que, según lo informado, no ha presentado el registro solicitado pese a las peticiones realizadas.

Las autoridades centrales consideran que impedir la entrega del listado de objetores vulnera derechos reconocidos y dificulta el ejercicio efectivo del aborto en condiciones de igualdad, seguridad y dignidad. Según consignó el medio original, la ministra advirtió que el Ejecutivo central permanecerá atento ante cualquier acción que suponga un retroceso en libertades y recurrirá a todas las vías posibles, incluidos los tribunales, para salvaguardar los derechos de las mujeres en España.

En este contexto, García expresó que la obligación del Gobierno es garantizar que ninguna administración interfiera o limite el acceso a prestaciones de salud reconocidas por ley, subrayando la relevancia del registro de objetores como mecanismo para evitar trabas en la atención sanitaria. Según puntualizó, cualquier impedimento en el acceso al aborto constituye un incumplimiento normativo que conlleva consecuencias tanto en el ámbito administrativo como judicial.

El Ministerio de Sanidad, de acuerdo con lo señalado en la cobertura del caso por el medio de referencia, continuará promoviendo el cumplimiento estricto de la ley y actuará en todas las instancias que sean necesarias para asegurar que se respeten los derechos reproductivos. Por ello, la denuncia ante el TSJM busca sentar un precedente para que todas las comunidades autónomas adopten medidas homogéneas que garanticen el acceso a los servicios de aborto conforme a la legislación vigente.