Díaz muestra su "satisfacción" tras el anuncio de Uber Eats de dejar de trabajar con repartidores autónomos

El impacto de la regularización de repartidores en plataformas como Uber Eats se refleja en la incorporación formal de más de 50.000 trabajadores que hasta ahora ejercían como autónomos. De acuerdo con información publicada por diversos medios, la compañía ha anunciado oficialmente que dejará de operar con repartidores independientes, lo que supone una adaptación plena al marco normativo español y el fin de varios litigios jurídicos que mantenía en el país. Esta decisión implica para la empresa y para sus colaboradores directos una transformación en la relación laboral y en la gestión administrativa, con un alcance económico estimado en más de 100 millones de euros producto de los procesos derivados de la contratación y regularización laboral.

Según informó el medio de comunicación a partir de un comunicado de Uber Eats, la empresa ha decidido finalizar su colaboración con repartidores autónomos en España y canalizar toda su fuerza de trabajo mediante contratos laborales gestionados por flotas colaboradoras. Un portavoz de la plataforma manifestó la intención de la empresa de “reafirmar su compromiso con el cumplimiento de la Ley Rider”, subrayando la experiencia adquirida en los últimos cuatro años operando junto a compañías especialistas en logística. Además, indicaron que su objetivo es contribuir a un modelo de negocio “sostenible a largo plazo”, lo que implica el alineamiento con la normativa activa y la regularización de la situación de miles de trabajadores.

La ministra de Trabajo y Economía Social y vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, expresó su reacción ante la medida, valorando positivamente la decisión adoptada por Uber Eats. Como detalló el medio citado, Díaz calificó el anuncio como una “muy buena noticia” y aseguró que se trata de una prueba de la eficacia del marco regulatorio español en materia laboral. “No hay ninguna empresa, por muy grande que sea, que se coloque al margen de la ley y ahora mismo, las grandes empresas de distribución en España cumplen con la Ley Rider”, señaló la vicepresidenta tras un encuentro con representantes de supermercados cooperativos.

La representante del Gobierno también contextualizó el alcance de la decisión corporativa, describiendo que la regularización laboral de los repartidores afectará a más de 50.000 personas en el país. Díaz recordó que, durante años, definió la figura del repartidor de plataformas digitales con la frase: “un trabajador con una ‘app’ en su mano y una bicicleta no era un emprendedor”. Según consignó el medio, la ministra proyectó que el proceso también tendrá implicancias fiscales y administrativas, estimando que la contratación laboral generará un flujo económico superior a los 100 millones de euros en concepto de tributos y cotizaciones.

El anuncio de Uber Eats representa el último paso de una transición iniciada en 2021, cuando la empresa comenzó a implementar cambios orientados al cumplimiento de la Ley Rider, una normativa que buscó establecer derechos y obligaciones laborales para quienes desarrollan su trabajo para plataformas digitales de reparto en el mercado español. Según publicó el medio, durante 2022 Uber Eats adoptó un modelo mixto en el que sus repartidores podían elegir entre ser empleados o continuar como autónomos. Para 2025, la firma señala que más de 7.000 repartidores ya habrán ingresado mediante el proceso de contratación gestionado por flotas colaboradoras, una integración que ahora se amplía de manera definitiva a toda la plantilla tras el anuncio reciente.

En la declaración pública recogida por el medio, la compañía subrayó su voluntad de asumir todas las obligaciones derivadas de su actividad y de “poner fin a todos los litigios pendientes”, expresando disposición para dialogar tanto con trabajadores como con sindicatos y autoridades gubernamentales a fin de asegurar un procedimiento “justo para todos”. A través de estas acciones, Uber Eats asegura que mantiene su compromiso con la legislación local y con la transparencia en sus procesos de ajuste organizativo.

El medio recordó que Glovo, otra importante plataforma de entregas a domicilio, inició su propio proceso de regularización a finales de 2024. Aquella empresa renunció al modelo de autónomos y dio paso a la vinculación laboral directa, una transformación que la empresa presentó como una muestra de su “firme compromiso con España y con el impulso de la economía digital en el país”.

En el contexto de la economía colaborativa, la decisión de Uber Eats acerca la operativa de los servicios de reparto a la legislación española, limitando las posibilidades de elusión de la contratación formal mediante figuras de falsos autónomos, un tema que había generado debate en los ámbitos laboral y social. Según indicó el medio, este cambio supone la alineación de las principales empresas de ‘delivery’ que operan en España con la Ley Rider y marca el final de una era caracterizada por la litigiosidad y la incertidumbre respecto a la naturaleza de la relación laboral en el sector.

Uber Eats precisó en su comunicado que los repartidores que todavía mantenían su vínculo como trabajadores independientes podrán permanecer en la plataforma siempre y cuando se integren como empleados en las flotas colaboradoras con las que la aplicación mantiene acuerdos. La compañía garantizó el respeto a todas las obligaciones legales y el establecimiento de canales adecuados para la resolución de cualquier cuestión derivada del proceso, involucrando tanto a los propios repartidores como a las organizaciones sindicales y a las autoridades gubernamentales responsables de la supervisión del cumplimiento normativo.

De acuerdo con la información reportada en los distintos comunicados y declaraciones recogidas por el medio, el proceso de reconversión del modelo de negocio de Uber Eats en España implica tanto el cumplimiento de la legislación como un cambio en la cultura organizacional de la empresa y su operativa diaria. Las consecuencias inmediatas recaen tanto en los propios trabajadores como en el sector en general, introduciendo un nuevo marco laboral que modifica la dinámica previa de empleo asociada a las aplicaciones de reparto y creando nuevas obligaciones administrativas, fiscales y sociales para las empresas implicadas.