Lula ordena investigar los fallos de Enel Brasil durante los apagones que afectaron São Paulo en diciembre

El encargo para el Ministerio de Minas y Energía de Brasil incluye, según lo dispuesto en la orden oficial, la necesidad de impulsar acciones en conjunto con la Procuraduría General de la República y la Contraloría General de la Unión, a fin de asegurar el funcionamiento eficaz y regular de la distribución eléctrica en el área metropolitana de São Paulo. Según informó el Diario Oficial de la Unión, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva instruyó a las autoridades a delinear un informe exhaustivo que explique los problemas presentados durante el corte masivo de luz que alcanzó a 2,2 millones de usuarios en esa zona a comienzos de diciembre. En ese contexto, el gobierno federal también apunta a investigar el papel de la concesionaria Enel Brasil y de las autoridades regulatorias responsables ante la magnitud de los cortes energéticos ocurridos.

De acuerdo con lo publicado por el medio, la Procuraduría General de la República debe generar un análisis específico respecto a las decisiones y medidas implementadas por Enel Brasil desde el momento en que se produjo la interrupción inicial del servicio. Además, recibió instrucciones de hacer uso de todas las herramientas legales, tanto judiciales como administrativas, para esclarecer la respuesta brindada por la empresa concesionaria, según detalló el Diario Oficial de la Unión este lunes. La Contraloría General, a su vez, tiene el mandato de determinar si alguna entidad federal o la Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL) incurrió en algún grado de responsabilidad por los retrasos y omisiones, incluyendo el examen de las razones que llevaron a la falta de una actuación rápida de las autoridades frente a los reiterados pedidos del Ejecutivo nacional sobre incidentes eléctricos recurrentes, consignó el Diario Oficial.

El apagón registrado a inicios de diciembre, según informó el Diario Oficial de la Unión, fue provocado por un fuerte temporal que cruzó el área metropolitana de São Paulo, trayendo ráfagas de viento superiores a los 90 kilómetros por hora y daños considerables en la infraestructura eléctrica. Este evento dejó sin electricidad a más de dos millones de personas y el suministro demoró en restablecerse hasta cinco días. Ese contexto desencadenó un aumento de la presión política y social sobre Enel Brasil y motivó un acuerdo entre el ministro de Minas y Energía, Alexandre Silveira, y el alcalde de São Paulo, Ricardo Nunes, para solicitar a la Agencia Nacional de Energía Eléctrica la rescisión anticipada del contrato de concesión de la empresa.

El medio Diario Oficial de la Unión detalló que episodios similares de cortes eléctricos graves ocurrieron tanto en 2023 como en 2024 dentro de la zona de cobertura de Enel Brasil. Ante esos antecedentes, la empresa atribuyó las demoras y las interrupciones a la reducción de personal, argumentando que la mitad de sus trabajadores había sido despedida antes de los apagones recientes.

La orden firmada por el presidente Lula da Silva exige una revisión detallada sobre la gestión ante emergencias por parte de la concesionaria, así como la actuación de las entidades gubernamentales responsables de supervisar el servicio. Además, solicita la evaluación del contexto y la eficacia de las respuestas ofrecidas por Enel Brasil desde el comienzo de la crisis, lo cual forma parte integral del análisis que deberá concluir la Procuraduría General. Paralelamente, el Ejecutivo instruyó a la Contraloría General de la Unión a identificar falencias institucionales y la posible responsabilidad de organismos como ANEEL en el seguimiento y control ante los pedidos previos del gobierno de investigar las fallas en el suministro de energía.

El Diario Oficial de la Unión precisó que la orden presidencial tiene como objetivo promover todas las acciones tecnológicas, judiciales y administrativas necesarias para restaurar el nivel de confianza en la calidad del servicio público de energía en São Paulo. Todo esto forma parte de un conjunto más amplio de medidas implementadas para evitar que se repitan incidentes similares, priorizando la continuidad y eficiencia del suministro eléctrico para la población afectada.