Trabajo reunirá el próximo viernes a los agentes sociales para avanzar en la subida del SMI de 2026

La posibilidad de flexibilizar las reglas de la Ley de Desindexación en los contratos públicos surgió como uno de los puntos centrales de las negociaciones entre el Ministerio de Trabajo y los empresarios en torno al salario mínimo interprofesional (SMI) para 2026. Según informó Europa Press, la CEOE, que representa a la patronal, ha insistido en esta cuestión como un requisito indispensable para dar su apoyo al incremento del SMI. Tanto sindicatos como organizaciones empresariales han defendido la necesidad de ajustar estas reglas, que afectan a la forma en que se trasladan las subidas salariales a los contratos públicos, lo que ha motivado al Ministerio de Trabajo a comprometerse a analizar la medida con seriedad durante las actuales negociaciones. Sin embargo, esta demanda ha encontrado tradicionalmente resistencia en el Ministerio de Hacienda.

El próximo viernes 16 de enero, a las 09.00 horas, los agentes sociales acudirán a la convocatoria del Ministerio de Trabajo y Economía Social con el objetivo de avanzar en el diálogo sobre el aumento del SMI para 2026. En el más reciente encuentro, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, planteó a CCOO, UGT, CEOE y Cepyme un incremento del SMI del 3,1 %, que se traduciría en 1.221 euros mensuales en catorce pagas, siempre que esta cuantía continúe sin tributar impuestos sobre la renta. La medida, de aprobarse, tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2026 y supondría 37 euros mensuales más que el baremo vigente.

Esta propuesta coincide con las recomendaciones del Comité de Expertos encargado de asesorar al Gobierno en materia de salario mínimo, que había sugerido un alza del 3,1 % en caso de mantenerse la exención del IRPF o un 4,7 % si el SMI pasaba a tributar. Europa Press detalló que el Ministerio de Trabajo pretende sumar el mayor consenso posible en torno al aumento, después de múltiples ejercicios en los que la patronal se ha desmarcado de los acuerdos.

Para atraer el respaldo empresarial, el Ministerio también ha puesto sobre la mesa el inicio del estudio de nuevas normas que relajen el impacto salarial de la Ley de Desindexación en la contratación pública. Desde hace varios años, esta reivindicación figura como condición de la CEOE y resultó determinante en su negativa a apoyar los incrementos adoptados en 2024 y 2025.

Otra de las cuestiones en el centro del diálogo tripartito es la indexación del SMI a los contratos públicos. El Ministerio de Trabajo ha respaldado reiteradamente la exploración de fórmulas que permitan incluir reglas para atenuar el efecto de la subida salarial en los contratos financiados con fondos públicos, aunque estas propuestas han chocado en ocasiones con la postura del Ministerio de Hacienda. Según recogió Europa Press, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, reconoció recientemente una discrepancia en esta materia con el Partido Socialista, socio gubernamental.

Trabajo ha señalado su interés en alcanzar un acuerdo con otros departamentos ministeriales, con la finalidad de establecer excepciones específicas a las reglas de desindexación en algunas condiciones laborales. El proceso se desarrolla al amparo de la transposición al derecho nacional de la Directiva Europea de Salarios Mínimos, que también requiere dialogar sobre la reforma de las reglas de absorción y compensación para evitar que los incrementos del SMI resulten neutralizados por los complementos o pluses salariales.

Al final de la última reunión entre las partes, las organizaciones sindicales y empresariales se comprometieron a analizar la propuesta del Gobierno en sus propios órganos de dirección. Según reportó Europa Press, en el caso de los sindicatos, las previsiones apuntan a que CCOO y UGT respaldarán la subida si no se producen grandes modificaciones. Por su parte, la patronal no ha emitido una posición definitiva, aunque la actitud manifestada en el proceso ha sido valorada como positiva por Trabajo y los sindicatos. El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, manifestó su esperanza en que la CEOE pueda sumarse al acuerdo.

Las organizaciones sindicales, que solicitaban una subida del 7,5 % con tributación en el IRPF, consideran que el incremento del 3,1 % propuesto, aun sin tributación, supera el nivel previsto de inflación media para 2025, previsto en un 2,7 %, lo que a su juicio garantiza que el SMI mantenga el poder adquisitivo de los trabajadores y cumple con el objetivo de alcanzar el 60 % del salario medio neto recomendado por la Carta Social Europea.

Las fuentes empresariales consultadas por Europa Press señalaron que la CEOE decidirá en su Junta Directiva, que tendrá lugar el 19 de enero, el sentido de su voto respecto al aumento del SMI, en función de cómo evolucione la discusión este viernes. De sumarse al planteamiento del Ejecutivo, la subida de 2026 duplicaría la opción defendida por los empresarios, que proponen un incremento del 1,5 %, hasta los 1.202 euros brutos mensuales.

En paralelo, el Ministerio de Trabajo prevé aprobar de forma separada, pero como parte de un mismo acuerdo global, tanto la subida del SMI como la reforma de las reglas de absorción y compensación. Esta reforma forma parte del proceso de transposición de la directiva europea y tiene por objetivo impedir que la mejora del SMI termine absorbida por los distintos pluses y complementos incluidos en los convenios colectivos. No obstante, la CEOE rechaza esta medida, mientras los sindicatos defienden su aprobación junto con la subida salarial. Pepe Álvarez, secretario general de UGT, insistió en que ambas medidas deben llegar al Consejo de Ministros el mismo día, aunque reconoció que la reforma de las reglas precisaría de un proceso adicional para entrar en vigor.

El salario mínimo de 2026 continuará sin estar sujeto al pago de IRPF, según acordó el Ministerio de Trabajo con Hacienda, competente en la materia, una medida confirmada por el secretario de Estado de Trabajo. Hacienda había mostrado disposición para revisar la deducción actualmente vigente en el impuesto sobre la renta con el fin de ajustarla a la nueva cuantía del SMI. A pesar de la posibilidad de modificar el modelo, dicha opción no convence a parte de los representantes sindicales, como manifestó el secretario general de UGT, quien calificó la medida de "parche".

Las anteriores subidas del SMI se aprobaron mediante acuerdo exclusivo entre el Gobierno y los sindicatos. Desde 2020, la CEOE y Cepyme no han respaldado ninguno de los aumentos salariales, por lo que, según datos recogidos por Europa Press, el incremento de este año se produjo tras la firma de Trabajo, CCOO y UGT, con un alza del 4,4 % que situó el SMI en 1.184 euros por catorce pagas. Esta cifra representa 50 euros más respecto al salario mínimo de 2024. A pesar de no estar obligado legalmente a negociar el SMI, el Ejecutivo español suele mantener consultas con los agentes sociales y prioriza el consenso.

La última vez que las organizaciones empresariales se sumaron a la subida del SMI fue en 2020, cuando la cuantía se elevó de 900 a 950 euros mensuales. Desde entonces, los acuerdos se han logrado únicamente con las centrales sindicales, mientras la patronal ha mantenido su desacuerdo con los incrementos pactados.